Sin pena ni gloria: el intrascendente primer mes del Consejo y los rounds constitucionales que se avecinan

• Desde el primer día se instaló una sensación de distancia con la ciudadanía, de falta de mística, de “alma”, que casi bordea con el aburrimiento, un clima adverso que en parte ha estado alimentado por un agotamiento de la ciudadanía, tanto electoral como con el tema constitucional, que reconocen expertos y analistas.

• Efectivamente ha sido un trabajo ajeno y distante de las estridencias, polémicas y errores que se cometieron en la Convención Constitucional entre 2021 y 2022, donde ha primado un esfuerzo por no tropezar con las mismas piedras.

• Sin embargo, a un mes de su instalación, la poca capacidad del Consejo de generar cercanías y expectativas en la ciudadanía es un flanco peligroso, que, de no revertirse en los meses siguientes, puede transformar este segundo proceso constitucional en otro esfuerzo fallido.

• Días antes que se instalara el Consejo, se conoció un estudio de Espacio Público sobre este proceso constitucional con cifras poco favorables: la desconfianza llegaba al 41%, la incertidumbre al 35%, la esperanza bajó en un año del 38% a un 33% y las personas interesadas en el tema cayeron del 58% al 43% en esta medición. Además, los motivos del desinterés eran que “el proceso ya no me representa” (23%) y “los partidos políticos se apropiaron del proceso constituyente” (15%).

• Casi un mes después, el 2 de julio la encuesta Pulso Ciudadano arrojó que un 46,7% está de acuerdo de cambiar la actual Constitución, que un 26% está en contra y un 27,3% no sabe. Otro 55,1% reconoce que confía poco o nada en el actual proceso, un 17,2% afirma desde ya que votarán a favor en el plebiscito y un 23,9% ya decidió rechazar. Hay un 36,7% que no sabe aun y un 13,1% advierte que anulará o votará en blanco.

• El mismo día la CADEM arrojó un escenario más agudizado. Un 54% dice que va a rechazar en diciembre, un 30% que va a aprobar y un 16% no sabe. Hay un 55% que tiene desconfianza en que el Consejo logre proponer una nueva Constitución que se aprobada por el país.

El debut

• El miércoles 7 de junio se hizo la ceremonia de instalación del Consejo. Todo fue en orden, todo fue muy republicano, con bandera e himno nacional, sin exabruptos, con discursos apelando al diálogo y a la importancia de los acuerdos. Fue casi espartana y algo larga, duró casi tres horas.

• Fue encabezada por el Presidente, Gabriel Boric, y las máximas autoridades del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL) y de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes.

• En su escueto discurso, el Presidente Boric agradeció “la labor que ha cumplido la comisión experta, porque han desempeñado su tarea con un espíritu patriótico que ha demostrado ser virtuoso y que espero además sea contagioso. Nos han dado una muestra de quienes pensamos distinto, podemos ponernos de acuerdo cuando por el bien de la patria se requiere”.

• Habló de “cambiar lo que tenemos que cambiar, con respeto y teniendo presente lo mejor de nuestras tradiciones democráticas que son tan ricas y que no podemos dejar de lado porque como, creo, todos y todas hemos aprendido, Chile no construye de la noche a la mañana, Chile no parte de cero”.

• Tras una pausa y el retiro de las autoridades, se realizó la toma de aceptación del cargo de los consejeros y consejeras. Uno a uno, en orden alfabético, fueron llamados a la testera para preguntarles: “¿Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrada y respetar, en el ejercicio de vuestras funciones, los intereses superiores de la República y el mandato constitucional recibido?”.

• Unos mencionaron a la patria, otros prometían por sus respectivas regiones, más de uno mencionó al pueblo, hubo algunos puños en alto, un convencional dijo que por “dios todo poderoso como testigo”, aunque la mayoría respondió con un simple “sí, acepto”.

• Originalmente el CC tendría 51 integrantes, pero quedó solo con 50. El consejero del Partido Republicano, Aldo Sanhueza, no ocupó su escaño, debido a las acusaciones en su contra por ofensas al pudor por “tocaciones” a una pasajera, hecho ocurrido en un bus en 2019. Dado que no está contemplada la figura de la renuncia en este proceso, su ausencia lo deja al margen.

• La mesa. En la misma ceremonia se zanjó a las autoridades del CC, a través de una votación única, rápida, con cédula donde cada consejero propuso un nombre. No hubo sorpresas, y el resultado reflejó fielmente la correlación de fuerzas políticas que hay en el Consejo Constitucional y las negociaciones que se realizaron previamente.

• Chile Vamos y Republicanos se alinearon, juntos lograron 33 votos para que Beatriz Hevia (republicanos) sea la presidenta del CC. La abogada osornina de 30 años surgió como alternativa el día anterior, después que la carta inicial, Ninoska Payauna, del mismo partido dio un paso al costado porque no tenía todo el respaldo de la derecha, especialmente de RN, por una causa por hurto en su expediente cuando tenía 18 años debido al robo de un suéter de 9 mil pesos.

• Hevia es consejera por la Región de Los Lagos, fue electa con la primera mayoría nacional con 103 mil votos, estudió en la Universidad de Los Andes, previamente fue encargada de contenidos de Acción Republicana, asesoró a la Subsecretaría de Economía durante el Gobierno de Sebastián Piñera y trabajó en la primera campaña presidencial de José Antonio Kast.

• En su discurso al asumir, Hevia hizo un diagnóstico de la situación actual del país, que no pasó desapercibida y sacó ronchas por algunos días: “Chile no está bien. Como representante del sur de Chile, la ciudad y del mundo rural, y hoy también de las regiones del norte y del sur, doy fe de la crisis profunda que vive nuestro país, una crisis económica, política y, sobre todo, social. A esta crisis integral, le antecede una profunda crisis moral, que se manifiesta en la descomposición de la vida familiar, en el desprecio por la autoridad, las normas del Estado de Derecho, y, por cierto, en la justificación de la violencia y su solapada promoción como método de acción política”.

• El CC eligió de vicepresidente, al consejero PS, Aldo Valle. Abogado de 67 años, abogado, magíster en Filosofía y académico, rector de la Universidad de Valparaíso entre los años 2008 y 2020, ex presidente del Consorcio de Universidades Estatales, y exvicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades chilenas.

• Obtuvo 17 votos, que representan a todos los consejeros del oficialismo –“Unidad por Chile”- y el escaño reservado de Alihuen Antileo. En su discurso, Valle afirmó que “con toda la pluralidad que necesitamos, quisiera invocar con todo el respeto y solemnidad, agradecer y comprometer toda nuestra voluntad y esfuerzo, para que tengamos una deliberación edificante; representamos anhelos, ideales, creencias, propósitos distintos, siempre ha de ser así en las sociedades plurales y diversas. No nos asustemos por las diferencias”.

La derecha manda

• Los 50 consejeros se distribuyen en 22 del Partido Republicano, 11 de Chile Seguro (6 UDI, 4 RN y 1 Evópoli), 16 del oficialismo agrupados en Unidad para Chile y el escaño indígena de Alihuen Antileo. 

• Dada esta correlación de fuerzas, la derecha tiene autonomía para aprobar cualquier norma, más allá de cualquier reparos o cuestionamientos, pues cuenta por si sola con los 3/5. Con eso, las bancadas del oficialismo están permanentemente al borde de quedar de meros espectadores del proceso, sin margen para hacer contrapeso en el debate.

• Ya en las primeras semanas, la contundente e inapelable mayoría de la derecha se hizo sentir, tanto en la elección de Hevia como en la definición de los liderazgos para las cuatro comisiones de trabajo: Derechos, Sistema Político, Función Jurisdiccional y Principios.

• La derecha nunca contempló la opción que las bancadas del oficialismo accedieran a alguna presidencia de comisión, es más, entre Republicanos, la UDI, RN y Evópoli se consideró que ya habían hecho un gesto político bastante importante al dejar que Valle accediera a la vicepresidencia del Consejo.

• Así, las comisiones quedaron presididas por el UDI, Edmundo Eluchans, en la de Sistema Político; el RN Germán Becker en la de Derechos, y los republicanos, Antonio Barchiesi y María de los Ángeles López, en Función Jurisdiccional y Principios, respectivamente.

• En Unidad para Chile tenían claro el escenario, no aspiraban a un resultado ni trato distinto, a pesar del festival de cuñas y discursos haciendo gala del diálogo, los acuerdos y el consenso.

• Pero donde sí hubo tensión y un gallito no menor entre ambos sectores fue en la distribución de los consejeros en las cuatro comisiones. Es más, los consejeros oficialistas (CS, PC, PS, RD y PPOO) decidieron en su momento rechazar en el pleno toda la propuesta de integración de las comisiones, lo que si bien no evitaría su aprobación -la derecha sola tiene todos los quorum- sí iba a “empañar” el inicio oficial del trabajo, haría debutar al pleno con un traspié y pondría en tela de juicio públicamente la “voluntad” real de la derecha de dialogar y lograr acuerdos.

• La piedra de tope era la insistencia de Republicanos y Chile Seguro que el bloque oficialista solo tuviera 3 asientos en la comisión de Sistema Político. Hubo un sinfín de reuniones y conversaciones, para finalmente destrabar el conflicto e instaurar una frágil “pax romana” en la que se ha funcionado hasta ahora.

• Por unanimidad del pleno, se aprobó tres grupos de 12 miembros (Sistema Político, Función Jurisdiccional y Principios) y una de 14 integrantes (Derechos sociales, económicos, culturales y medio ambientales).  En las tres primeras, la derecha en conjunto tiene ocho asientos y el oficialismo cuatro, mientras que en la otra la distribución de fuerzas quedó en nueve a cinco, respectivamente.

• La estrategia. Desde el día uno ha llamado la atención la coordinación y trabajo en equipo que ha mostrado la derecha, especialmente el Partido Republicano. Reuniones previas de preparación para las sesiones de comisiones, un festival de minutas de contenidos para cada consejero, que marcan la pauta de cada intervención. Nada se deja al azar ni se permiten declaraciones fuera del libreto diseñado que puedan entrampar, complicar o empañar el trabajo que se está realizando.

• La estrategia es clara. Los republicanos no quieren replicar el estilo de su bancada de diputados en el Congreso, que cada tanto saca ronchas en el espectro político por sus intervenciones excesivamente conversadoras, misóginas, machistas, racistas o apegadas a visiones ultraderechistas. 

• Están apostando al bajo perfil, a declaraciones muy controladas. La idea es evitar trizar o dañar la imagen de dialogantes que han querido imprimir a su rol en el Consejo.

• Desde afuera del Consejo, su líder José Antonio Kast hace lo suyo. Esta semana cuestionó al sector más duro de su partido por adelantar públicamente sus intenciones de rechazar la propuesta de Constitución que hará el CC en diciembre.

• Kast envió un extenso mensaje al grupo de WhatsApp que integran los miembros del «cabildo general» del partido. “Todos quienes me conocen saben que siempre actúo desde la razón y no desde la pasión. Partiendo de esa base, no logro entender que alguien diga que está por rechazar un posible nuevo texto constitucional sin siquiera haberlo leído, sin haber estudiado si más allá de su origen es posible mejorarlo o cambiarlo”.

• En esa línea, agregó que “tampoco entiendo que alguien diga que, si falta tal o cual indicación, o bien no se aprueban todas y cada una de las indicaciones que se presenten, será el argumento necesario para rechazar. Quien actúa así al parecer no entiende cómo funciona el diálogo ni la democracia. Si alguien piensa que esto es un todo o nada, que uno por tener una mayoría circunstancial debe anular al contrincante, al menos a mí me parece que está muy equivocado”.

El flanco de la participación

• Todo el mes ha rondado en el Consejo la preocupación por el bajo nivel de impacto que han tenido los cuatro mecanismos de participación ciudadana que se fijaron: Audiencias Públicas, Iniciativas Populares de Norma (INP), Diálogos Ciudadanos y la Consulta Ciudadana, que es una encuesta online disponible en el sitio web https://www.secretariadeparticipacion.cl/.

• La tarea de implementar, coordinar, informar y sistematizar los mecanismos de participación se le entregó en este segundo proceso constitucional a la Universidad de Chile y la Universidad Católica, al alero de una Secretaría de Participación Ciudadana. Cada casa de estudio tiene un secretario ejecutivo: por la UC, es el académico Ignacio Irarrázaval, y por la Chile, su par Claudio Troncoso.

• Según información oficial publicada en el sitio web  https://www.secretariadeparticipacion.cl/ y hasta este jueves 6 de julio, 21 mil 251 personas han votado en la Consulta Ciudadana; se declararon admisibles 1.309 Iniciativas Populares de Norma por las que han votado 107 mil personas; y se solicitaron 1.841 audiencias públicas.

• Se definió este mes como el de la participación y este viernes 7 de julio, vencen todos los plazos. El 21 de julio, en una sesión de pleno, los rectores de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, y su par de la Chile, Rosa Devés, harán entrega de un completo informe cualitativo sobre los resultados de los cuatro mecanismos de partición.  

• A diferencia de como fue el proceso de las INP y las audiencias en la Convención Constitucional, que entraron al debate cuando ya se llevaban varios meses de deliberación, ahora los consejeros están esperando el listado final de iniciativas con más apoyo ciudadano antes de presentar el 17 de julio sus propias indicaciones al anteproyecto. Toda esta información llega antes que comience el proceso de votación de normas.

• Audiencias Públicas. Inicialmente tenían un plazo muy acotado para solicitarlas, el miércoles 14 de junio, pero dado el bajo el CC solicitó formalmente al Congreso que cambiara el Reglamento para ampliar de funcionamiento del Consejo, lo que se aprobó de manera exprés para ampliar el rango en siete días, hasta el 21 de junio.

• Las audiencias permiten -a personas representantes de grupos, organizaciones o comunidades- plantear puntos de vistas e insumos sobre cualquier aspecto del Ante Proyecto de Constitución que elaboró el comité de expertos.

• Se transformaron en uno de los mecanismos más exitoso De las 1.841 solicitadas, un 58% lo hicieron hombres y un 35% mujeres, el 75% tiene educación superior completa y un 55% vive en la Región Metropolitana.

• El viernes 30 de junio y el sábado 1 de julio, se realizarán las más de mil audiencias que fueron sorteadas para efectuarse ante las universidades acreditadas. Se utilizaron 70 sedes de establecimientos de educación superior, distribuidos en todas las regiones del país, se efectuaron de manera presencial o en modo online, con un ministro de fe y grabadas, para registrarlas y entregarlas al Consejo Constitucional.

• La segunda parte se realizó esta semana, entre el lunes 3 de julio y el viernes 7. Las cuatro comisiones se repartieron 200 audiencias, exposiciones de diez minutos aproximadamente, las que fueron agrupadas temáticamente por día. Han abarcado un amplio margen de temas, desde la descentralización, las atribuciones de la fiscalía, el medio ambiente, la salud, la educación hasta los derechos sexuales, los gobiernos locales, la paridad, transparencia, minería y economía circular.  

• Iniciativas Populares de Norma (IPN). Son propuestas de enmiendas al anteproyecto. Deben contar un umbral mínimo de 10 mil firmas de apoyo a nivel nacional, de al menos de cuatro regiones distintas del país, para que puedan ser debatidas y votadas en el Consejo. Una persona puede apoyar hasta diez INP y solo se necesita clave única. El plazo vence este viernes 7. 

• El 55% de las INP presentadas proviene de habitantes de la Región Metropolitana, le sigue Valparaíso con el 13%.  El 70% de quienes inscribieron IPN fueron hombres, el 70% de ellos con educación superior.

• La mayor cantidad de INP que se presentaron (628) están relacionadas con el capítulo de derechos y garantías constitucionales. Algunas son sobre el derecho a la Educación (76), hay relacionadas con el derecho a la vida (62), también vinculadas al derecho a la salud (50) y el derecho a la vivienda (28).

• La primera IPN que logró ese umbral fue “Con mi plata no, protejamos nuestros ahorros previsionales”. Busca incorporar al texto constitucional que el Estado asegure “un sistema de pensiones cuyas cotizaciones sean de propiedad de cada trabajador. Las cotizaciones y los fondos generados por éstas tendrán el carácter de heredables, inalienables, imprescriptibles, inembargables, inexpropiables, y no podrán ser objeto de nacionalización o estatización bajo ninguna modalidad ni circunstancia”. Agrega que “las personas tendrán siempre el derecho a elegir libremente el ente encargado de administrar e invertir sus fondos, sean privados o públicos”.

• “Seguiremos juntando más firmas para respaldar más fuertemente nuestra petición, esta vez nos tienen que escuchar y la Constitución debe garantizar la propiedad de nuestros fondos previsionales y el derecho a elegir administrador público o privado, porque nuestros ahorros han estado amenazados por sectores políticos que han planteado traspasarlos total o parcialmente al Estado como busca la reforma de pensiones (…) también hay un claro mensaje al Congreso y al Gobierno para que rehagan esta reforma”, sentenció Bernardo Fontaine, ex convencional de Chile Vamos y actual vocero del movimiento Con mi plata No.

• La segunda INP que superó el umbral de las 10 mil firmas fue “Respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno”. Pertenece a la Corporación Vive Chile Rural, que agrupa a la Federación del Rodeo, la de Criadores y la Sociedad Nacional de Agricultura, además de otras 22 agrupaciones sobre el fomento de tradiciones campesinas.

• Plantea el respeto a la música, artesanía, juegos populares, deportes criollos y artes chilenas. “Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber de honrar a la patria, respetando las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, tales como la música, artesanía, juegos populares, deportes criollos y artes, entre otros”.

• Otras 9 IPN han superado el umbral de las 10 mil firmas: la protección de la vida del niño que está por nacer; el reconocimiento del Estado como proveedor de educación pública, laica, pluralista y de calidad; la reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años; el reconocimiento del rodeo y la cueca como emblemas vivos de Chile; el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y la libertad de enseñanza; el retiro del 10% de ahorros previsionales; la protección constitucional de los animales; un Estado moderno sin “pitutos”; y la protección de carabineros y las FFAA.

Lo que viene en el debate

• Durante este primer mes, las comisiones temáticas se han dedicado principalmente a escuchar exposiciones de los integrantes de la comisión de expertos sobre los distintos capítulos y normas del ante proyecto que elaboraron. Además, han desfilado varios invitados como el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, el Contralor Jorge Bermúdez, y el presidente del Servel, Andrés.

• El ante proyecto tiene 14 capítulos, 211 artículos y 47 disposiciones transitorias y es la base de discusión. Los consejeros tienen un plazo de 40 días, que corren desde el 7 de junio, para hacer “indicaciones” a las normas propuestas en el texto de la comisión de expertos.

• Esa será la única instancia oficial para presentar indicaciones, por lo tanto, se transformará en un momento clave del Consejo Constitucional ya que en estas enmiendas aparecerán las primeras señales de hacia dónde se quiere modificar el texto que redactaron durante tres meses los comisionados.

• Precisamente, con miras a ese 17 de julio, las seis bancadas del consejo han abordado por separado el estudio y elaboración de las indicaciones que presentaran.

• Al alero de las comisiones, ya se han desarrollado algunos debates claves, que marcaran el trabajo de los próximos meses, como el tipo de Constitución que saldrá del consejo.

• El principal ha sido la relativización por parte de la derecha y especialmente del Partido Republicano del concepto de Estado Social y Democrático de Derecho, que está plasmado en el ante proyecto y es uno de los 12 principios básicos para la nueva Constitución que se acordaron políticamente, cuando se diseñó este segundo proceso constitucional.

• El artículo 1 inciso 2 del ante proyecto define que Chile “se organiza en un Estado Social y Democrático de Derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.

• La consejera, Ivonne Mangelsdorff (RN), puso el tema: “Yo le pregunté a los expertos, porque, así como hay una declaración expresa en el primer artículo en que se reconoce el Estado Social y Democrático de Derecho, o sea, también es necesario que la subsidiariedad del Estado no sólo se entienda implícitamente, sino que también se diga expresamente, porque entendemos que el Estado tiene que ser el garante de la sociedad civil y que solamente el Estado actúa cuando la sociedad civil no se coloca de acuerdo”.

• Agregó a su argumento que “así como quedó estipulado un Estado social con derechos sociales que antes no existían, quizás es necesario que la subsidiariedad también esté de manera expresa, porque son conceptos que tienen que confluir conjuntamente, ninguno es excluyente el uno del otro. Debería quizás estar expreso en el primer capítulo y eso algo que vamos a tener que ver”.

• Sobre este punto, el experto Carlos Frontaura (PR) fue claro: “El Estado Social y Democrático de Derecho no podría sino entenderse a la luz del principio de subsidiariedad. Sin ella, no podríamos hablar de un estado social, sino de uno de bienestar”.

• Algo menos categórico fue el experto, Máximo Pavez (UDI) -ex subsecretario de la Segpres del último gobierno de Sebastián Piñera- quien acotó que “el Estado Social y Democrático de Derecho es un concepto en construcción y que estamos adoptando en Chile. Lo estamos incorporando a nuestro ordenamiento jurídico conforme a nuestra tradición política, constitucional y social. No existen modelos de estados sociales puros”.

• Rápidamente se prendieron las alarmas en el oficialismo, porque la subsidiaridad del Estado es uno de los principios rectores del modelo que plasmo la Constitución de 1980.

• Además, hay plena conciencia que, si la derecha insiste en este punto, le basta con Republicanos y la UDI para cambiar lo establecido en el ante proyecto.

• Otro tema no menor y que será importante en las discusiones de los próximos meses es la intención de la derecha de agregar un capítulo extra sobre las Fuerzas Armadas. En el ante proyecto no fue considerado, porque en la comisión de expertos no hubo consenso al respeto y nunca se pudo romper el empate técnico (12 a 12) en este punto, por lo que quedaron incorporadas -junto a Carabineros y la PDI- en el capítulo sobre Gobierno y Administración del Estado, acorde con la tradición constitucional chilena hasta antes de 1980.

• Para el oficialismo no es un tema menor. El hecho que las FFAA no tengan capítulo propio obedece a poner énfasis en su condición no deliberante y a que solo los órganos autónomos -Contraloría, Banco Central, etc- tiene un capítulo propio en conjunto. Pero para la derecha la mirada es distinta y hablan de no querer invisibilizar a las FFAA.

• Una IPN cuyo debate no será fácil es la que propone que los mayores de 75 años cumplan condena en arresto domiciliario, independientemente del delito cometido. La iniciativa incorporaría a los condenados por delitos de lesa humanidad que actualmente cumplen penas en Punta Peuco.

• El excomandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (2006-2010) y consejero del Partido Republicano, Ricardo Ortega, defendió esta IPN y dijo que es “de toda justicia”, porque es “inhumano tener gente de esa edad o mayores en cualquier recinto carcelario. Es un tema de humanidad”.

• Los exministros y miembros de la comisión de expertos, Hernán Larraín (UDI) y Teodoro Ribera (RN), también se alinearon a su favor, aseguraron que es acorde con la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” que busca fórmulas mitigatorias en el cumplimiento de las penas carcelarias.

• La consejera PC, Karen Araya, advirtió que es un “intento de la derecha por hacerle un perdonazo a los asesinos de Punta Peuco (…) se cobija en una iniciativa que sólo busca beneficios para quienes cometieron crímenes de Estado, violaron de los derechos humanos y fueron partícipes de la cruda dictadura, volviendo a arremeter ante la historia y memoria de nuestro pueblo”.

• Pensando en el plazo del 17 de julio, la bancada RN-Evópoli ya anunció que trabaja una indicación para consagrar la «muerte cívica» de autoridades y funcionarios públicos que sean condenado por delitos de corrupción y apunta a consagrar constitucionalmente la inhabilidad de por vida.

• Además, los consejeros republicanos ya han afirmado que están interesados en reducir los 155 escaños de la Cámara de Diputados; realizar ajustes en la libertad sindical de los trabajadores del sector público y reponer el control preventivo sustantivo de la futura Corte Constitucional, que reemplaza al Tribunal Constitucional.

• A pesar de su escaso margen de injerencia, el oficialismo definió líneas rojas, temas en los que no va a ceder que sean modificados o eliminados: paridad, el Estado Social y Democrático de Derecho, incorporación de escaños parlamentarios indígenas y no aceptar ninguna enmienda que implique un retroceso en derechos.

Cronograma: las fechas relevantes

• El viernes 30 de junio se informó al pleno del calendario completo de trabajo del Consejo hasta el 7 de noviembre, fecha en la que se debe entregar formalmente la propuesta de nueva Constitución.

• El 17 de julio los consejeros deben presentar sus indicaciones al ante proyecto que elaboró la comisión experta.

• El 1 de agosto, comienzan las votaciones de las normas, las indicaciones y las IPN que lograron el umbral de las 10 mil firmas en las cuatro comisiones del Consejo. Dicho proceso se prolongará por todo el mes.

• El 5 de septiembre comenzaran las votaciones en el pleno del Consejo, tarea que se prolongará por todo el mes. El día 30 el CC debe entregar el borrador del texto de Constitución a la comisión de expertos.

• Durante diez días los expertos estudiarán el documento y el 10 de octubre, deben devolverlo al Consejo con sus observaciones. Tres días después, el pleno del CC debe votar los planteamientos realizados por la Comisión de Expertos.

• Si es que hay puntos de discrepancia entre ambas instancias, entre el 16 y el 20 de octubre una comisión mixta realizará propuestas para subsanar las diferencias. Si esta instancia no logra solucionar algún punto de conflicto del texto, la comisión experta tendrá dos días, del 23 al 25 de dicho mes, para hacer una propuesta nueva.

• El 30 de octubre el pleno del Consejo Constitucional debe votar tanto las propuestas de la comisión mixta como las de la comisión de expertos sobre los puntos del texto donde no hubo acuerdos.

• El 6 de noviembre el pleno debe votar el texto íntegro de nueva Constitución.

• El plebiscito de salida está fijado para el 17 de diciembre. Las opciones ahora son “a favor” y “en contra”.