“Y la Convención pasó agosto”: Los hitos que marcaron el segundo mes de trabajo de la Convención Constitucional

Agosto no fue un mes fácil para la Convención, pero también fue uno en que se logró un cambio de clima. Se pasó de las polémicas casi diarias, de los duros cruces de declaraciones y las frases rimbombantes para la galería de twitter, a largas horas de trabajo, acuerdos y votaciones en las comisiones provisorias para elaborar los documentos del que será el reglamento definitivo para la Convención, ese que marca la ruta, formas, márgenes y reglas del debate constitucional de fondo que partirá de lleno en octubre.

Ya se han realizado 17 sesiones de pleno donde se han zanjado las asignaciones para los convencionales, se afinó el cronograma de trabajo y se han marcado puntos relevantes, como la declaración sobre Derechos Humanos respaldada por los nueve integrantes de la mesa ampliada de la CC o, la “carta de los 15”, que un grupo de convencionales de Chile Vamos dirigió a sus pares de escaños reservados donde plasmaron una autocrítica por el trato que se les ha dado, comprometieron su voluntad política de llegar a un entendimiento y de paso, marcaron una diferencia pública y notoria con la dura estrategia política desplegada por sus pares del gremialismo en el seno de la Convención.     

Hubo fuertes roces con el Gobierno, sobre todo por la ejecución presupuestaria, los que también amainaron con el correr de las semanas. Y se desactivó un conflicto de proporciones, por la situación del convencional UDI, Jorge Arancibia en la comisión de DDHH, que pudo terminar en el primer reclamo formal de la derecha ante la Corte Suprema, pero que finalmente no fue así.

Agosto se llevó a la secretaria ejecutiva de la Convención Constitucional, Catalina Parot, y trajo una propuesta integral de reglamento definitivo que está ad portas de ser terminada para ser discutida y votada durante septiembre en el pleno de la Convención.

Un mes que resumió bien esta semana la presidenta de la Convención, Elisa Loncon: “Para nosotros ha sido todo un desafío, hemos sorteado muchas dificultares, pero la hemos sorteado bien. Hemos instalado el órgano con una institucionalidad básica que se requiere para funcionar, con normativas propias, con cronograma de trabajo y hemos cumplido también con la ampliación de la mesa”.

Las asignaciones

• Fue el tema clave de las primeras dos semanas de agosto y también, el caballito de batalla de convencionales de Chile Vamos, especialmente de la UDI que desplegaron una fuerte estrategia por redes sociales para cuestionar el tema, planteándolo incluso como una suerte de aumento de sueldo de los integrantes de la CC. El tema fue trabajado por la Comisión de Presupuesto y debatido y aprobado en el pleno de la Convención.

• Comité Externo de Asignaciones. En el primer pleno de agosto se aprobó su integración: la abogada Myrta Vergara (Contraloría General de la República), el sociólogo Diego González (CPLT), la contadora auditora Jacqueline Jorquera (Tesorería General), el contador auditor Claudio Carvajal (Senado), la ingeniera comercial Virginia Carmona (Cámara de Diputados) y, el abogado Salvador Millaleo, elegido por la mesa. Son inamovibles y permanecerán en sus funciones durante el tiempo que funcione la Convención Constitucional, salvo renuncia, incapacidad o negligencia.

• Este órgano independiente tiene como tarea determinar “los criterios de uso y administración de las asignaciones que, de acuerdo con el presupuesto establecido para el funcionamiento de la Convención Constitucional, le correspondan a cada convencional”. Debe velar por la transparencia, probidad y buen uso de los recursos. Además, tiene la facultad para llevar registro de los gastos de las y los convenciones, coordinar la administración de los fondos públicos destinados a asignación y requerir a la secretaría administrativa dependiente de la Segpres la ejecución de las solicitudes que impliquen gastos de asignaciones.

• Asignaciones. La propuesta fue aprobada en general en el pleno del martes 10 de agosto, con un duro debate como antesala. La convencional de Chile Vamos, Rocío Cantuarias, dijo que “cabe preguntarse si no es suficiente la dieta de más de 2,5 millones de pesos para hacer nuestro trabajo. La propuesta aprobada por la comisión es imprudente e insolente para la gente, ya que es grave que seamos nosotros los convencionales los que estemos aprobando un aumento de nuestras propias asignaciones”. Su par UDI, Eduardo Cretton, agregó que votó “en contra del aumento de las asignaciones, es lo que me pidió la gente, pero también es lo que nosotros mismos prometimos en nuestras campañas (…). Me pregunto cuántas personas en Chile tienen la facultad de decidir las asignaciones que van a recibir y cuántas de esas pueden decidir, además, que ese aumento sea hecho con cargo a fondos públicos”.

• En la otra vereda, el convencional independiente, Mauricio Daza, puso el acento en que el «debate de las asignaciones se refiere a los montos máximos de gastos de las actividades y servicios que se vinculen directamente a nuestro trabajo como constituyentes, lo que en caso alguno implica subir nuestras remuneraciones y dietas». Su par del Frente Amplio, Fernando Atria, acusó que “hay miembros de esta Convención que no han venido a contribuir a la nueva Constitución. Como la voluntad constituyente del pueblo chileno les pasó por arriba ya no dicen rechazar, ahora solo buscan obstruir, desprestigiar».

• El coordinador de la comisión de Presupuesto, César Valenzuela (Colectivo Socialista) aclaró que “esta fijación de asignaciones no es una prerrogativa de la comisión de Presupuesto, evidentemente es una situación incómoda, esto es una disposición de la Constitución Política de la República, no la inventamos nosotros, no la inventó la Convención ni la Presidenta, se llama principio de legalidad (…). Nuestros actos están regulados por lo que señala la Constitución y las leyes, además ustedes han defendido eso, cómo no lo entienden. Yo rogaría, para no llevar a confusión, a que lean la normativa que nos regula. Y esto eso claramente establecido”.

• El miércoles 11 venció el plazo para presentar indicaciones, en medio de una fuerte campaña de desprestigio desde la derecha. “Estos recursos no crecen de los árboles, salen de los impuestos de todos los chilenos y eso es lo que estamos cautelando acá con una limitación de las asignaciones que estamos normando”, recalcó el constituyente UDI, Martín Arrau.

• El pleno del jueves 12 ratificó la cifra de 77 UTM ($ 4.020.000) y otras 5 UTM extraordinarias para los convencionales de escaños reservados y de zonas extremas, correspondientes a los distritos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Los Lagos -sólo de las provincias de Chiloé y Palena-, de Aysén y Magallanes. Eso, porque fue ampliamente rechazada -112 en contra, 29 a favor y 12 abstenciones- la indicación de los convencionales Arrau y Cantuarias para aplicar el monto asignado originalmente en el presupuesto de la Convención y reducirlas a un máximo mensual de $ 1.566.390.

• Se dividen en 40 UTM ($ 2.010.880) para personal técnico y administrativo de apoyo, 27 UTM ($ 1.357.344) para viáticos y 10 UTM ($ 502.720) para gastos operacionales. No son reasignables ni acumulables al mes siguiente. Se rigen por los principios de responsabilidad, probidad, transparencia, austeridad, suficiencia, proporcionalidad, participación, equidad territorial, descentralización, pertenencia cultural, perspectiva de cuidados, igualdad material y eficiencia.

• Las contrataciones que se hagan con asignaciones solo podrán ser a personas naturales, por el tiempo que dure el funcionamiento de la Convención y con contrato a honorarios suscrito con la Subsecretaría General de la Presidencia.

• Viáticos. Gastos destinados a la estadía, alimentación y traslado de los constituyentes, dentro de la región donde se desarrolle la sesión de la Convención, por cada día que concurran a una o más sesiones fuera de su localidad de residencia. El valor diario será igual a que se paga a un funcionario público grado 4° de la Escala Única de Sueldos. Estos gastos deberán ser rendidos con boleta, factura, contrato, pasaje, recibo de dinero u otros mecanismos.

• Los gastos de traslado terrestre, aéreo y/o marítimo desde la región de origen hasta donde sesione la Convención estarán a cargo de la Subsecretaría General de la Presidencia y no serán considerados dentro de las asignaciones. Tampoco serán considerados como tales gastos por funciones de cuidados, debidamente acreditadas, los que deberán ser restituidos por Segpres cuando no cumpla con la provisión de la infraestructura y medios necesarios para el cuidado de niñas o niños y personas bajo dependencia.

• Prohibiciones. Quedó prohibido contratar vía asignaciones a funcionarios públicos y de personas que se desempeñen en empresas cuyo rubro sea la representación y gestión de intereses particulares. Tampoco a personas que declaren candidaturas a cargos de elección popular, pagar “actividades electorales o de campaña, encuestas o estudios de opinión pública, ni a cónyuges, convivientes, hijos, parientes hasta el sexto grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

El reglamento

• Durante todo el mes, las 8 comisiones provisorias trabajaron en sus propuestas para el reglamento general y definitivo de la Convención. Independiente que cada una se constituyó en fechas distintas, el pleno resolvió que todas tenían hasta el 28 de agosto para entregar sus respectivos informes. 
• Se decidió que la Convención tendrá un reglamento general, además de otros tres reglamentos autónomos de Ética, de Participación Popular y, Consulta Indígena, que se suman al de presupuesto que ya se había establecido. 

• Comisión de Reglamento. Para avanzar simultáneamente se dividió en tres subcomisiones: 1-Estructura Orgánica y Funcionamiento, 2- Iniciativa, Tramitación y Votación de Normas Constitucionales y, 3- Vínculo con otras Comisiones. Cada una elaboró documentos que fueron debatidos y votados en el pleno de la comisión. Tras elaborar una propuesta base, la comisión debatió y discutió en jornadas maratónicas de mañana, tarde y noche 507 indicaciones al texto. De ahí salió la propuesta que será vista por el pleno de la Convención -en general y particular- en septiembre.

• Entre los puntos más relevantes de la propuesta de reglamento están que como principios rectores se establecieron la “preeminencia de derechos humanos”, la “igualdad y prohibición de discriminación. Adopción de medidas efectivas para lograr la igualdad sustantiva en dignidad y derechos, inclusión, respeto mutuo y participación de todas las personas y pueblos, especialmente de grupos históricamente excluidos o invisibilizados, prohibiéndose toda forma de discriminación”.

• La CC tendrá un “enfoque de género y perspectiva feminista” y -por unanimidad- se agregó el concepto de interculturalidad, definido como el principio que reconoce que las culturas no se reducen a una sola forma de ver y concebir el mundo, sino que “implica un conjunto de medidas de diálogo horizontal entre diversos, que fomenta la reinterpretación de la relación entre ellos en igualdad y respeto mutuo, reconociendo la diferencia y las particularidades, especialmente, de los pueblos presentes en Chile”.

• Comisiones temáticas. Se aprobó la creación de 7 comisiones temáticas para “estudiar, deliberar y aprobar propuestas de normas constitucionales que serán sometidas para su discusión y aprobación por el Pleno”: 1-Principios constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía 2-Derechos Fundamentales 3- Conocimiento, Ciencia, Tecnología, Artes, Cultura y Patrimonio 4- Sistema político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral 5- Forma Jurídica del Estado, equidad territorial y organización fiscal, política y administrativa 6- Medio Ambiente, derechos de la naturaleza, bienes nacionales comunes y modelo económico y 7- Sistema de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional.

• Quórums. Se ratificó el quórum de 2/3 para aprobar las normas constitucionales para la nueva Carta Magna. Además, los quórums para adoptar acuerdos del pleno, comisiones o subcomisiones “se adoptarán por mayoría, sin perjuicio de las reglas especiales que establece este reglamento. Si en una votación en el pleno o en comisiones se produce un empate, ésta se repetirá de inmediato. Si nuevamente se provoca, se dará la proposición por desechada”.

• Abstenciones. Quienes se abstengan en las votaciones «serán considerados no votantes» en el quórum. Tampoco serán considerados votos válidamente los «nulos y blancos». El punto será uno de los que generará discusión en el pleno de la Convención, debido a que varios sectores rechazan la idea por considerarla antidemocrática.

• Formas de sesionar. Las sesiones del pleno, las comisiones y sus subcomisiones de la Convención podrán desarrollarse en forma presencial, telemática o híbrida”, según lo determine la mesa de la CC, la coordinación de la comisión o subcomisión respectiva. Se determinó que la sesión será “siempre presencial, siendo el medio telemático un medio excepcional” y en ese caso, se deberá justificar previamente, además de prohibirse realizar otras actividades de manera paralela.

• Estructura. Todos los órganos de la Convención deberán conformarse de manera paritaria, “no pudiendo el género masculino superar un 50%. Esta regla no será aplicable a las mujeres u otras identidades de género, reconociendo la existencia de patrones de dominación histórica de dichos géneros en este tipo de instancias”.

• Uso de la palabra. Quienes decidan crear o cambiarse de colectivo deberán informar a la mesa por escrito para poder reconfigurar el sistema de intervención. Los convencionales “estarán limitados a la duración y número de intervenciones que se les asigne en la lista” y de no asignarse, podrán intervenir “una sola vez por cada debate y durante un máximo de tres minutos”. Los representantes de escaños reservados tendrán el tiempo para intervenir en su lengua propia y luego el necesario para ser traducido al castellano. Se podrá ceder todo o parte del tiempo de uso de la palabra a otro constituyente.

• Dedicación exclusiva. En la sesión del jueves en la noche, se aprobó el “Estatuto de las y los convencionales constituyentes”, en el que se establece que deben “dedicarse, de manera exclusiva, a la función de convencional constituyente, a excepción de la realización de labores académicas por un máximo de ocho horas semanales”.

• Comisión de Comunicaciones. Propuso normas donde se garantice el acceso a la información de la Convención de forma transparente y accesible. Crear una Secretaría de Comunicaciones, órgano administrativo que trabaje en coordinación con la Mesa de la Convención, debe ejecutar la estrategia comunicacional de la CC, cumplir con obligaciones de transparencia, divulgación de actividades, mantención del archivo y gestión documental.

• En la plataforma electrónica de la Convención debe estar disponible información sobre todos los convencionales, sus declaraciones de patrimonio, de intereses, asignaciones, ejecución presupuestaria. Todos los informes y documentos aprobados por la Convención, deben estar publicados además traducidos al inglés e interpretados en todas las lenguas de naciones originarias posibles. Todas las transmisiones que realice la Convención -a través de su plataforma electrónica- deberán ser emitidas con subtítulos y en lenguaje de señas.

• Comisión de Descentralización. Durante el mes hizo audiencias públicas en distintos puntos del país: Arica, Ovalle, San Carlos y Ancud. Entre las propuestas al reglamento general propuso observatorios ciudadanos en cada región para recoger insumos y propuestas de organizaciones y personas naturales interesadas para el proceso constituyente. Cabildos comunales y regionales, que todas las comisiones temáticas sesionen al menos 1 vez al mes fuera de la sede del Congreso en Santiago, fuera de la Región Metropolitana y en capitales regionales. Que el pleno de la Convención sesione al menos dos veces fuera de Santiago.

• Comisión de Derechos humanos. Esta comisión también se dividió en tres subcomisiones: 1- Marco General de Derechos Humanos, Ambientales y de la Naturaleza y mínimos comunes, 2- Verdad Histórica y Garantías de No repetición y, 3- Audiencias y comunicaciones.

• Propuso una Coordinación Transversal de Derechos Humanos, Ambientales y de la Naturaleza integrada representantes de las siete comisiones temáticas, para garantizar y aplicar un enfoque integral de derechos dentro de la Convención y las comisiones que la componen. Esto es igual a la propuesta de comisión transversal que fue rechazada en la comisión de reglamento, por lo que debería ir en el informe de inconsistencias que deberá elaborar esta instancia para el pleno de la Convención y sea este el que resuelva.

• Planteó una comisión permanente de DD.HH. No comparte que la comisión temática sea de derechos fundamentales, porque considera que genera una segmentación de derechos y planteó sus propios criterios de funcionamiento, catálogo de derechos, normas transitorias y propuestas complementarias para esa instancia. Se produjo un choque de mandatos entre ambas comisiones para definir ese punto.

• Hizo propuestas de temas de fondo -refundación de Carabineros y levantar el secreto de 50 años del Informe Valech- que no fueron incorporadas al reglamento y quedan como insumo para el debate de las comisiones temáticas.

• En el 17° pleno de la semana del 20 de agosto se aprobó un artículo transitorio para que esta comisión tenga plazo hasta el 10 de septiembre para entregar insumos que servirán al posterior debate constitucional: un glosario colectivo, un compilado tratados internacionales y documento ejecutivo sobre Verdad Histórica. Además, el el 11 de octubre entregará el documento final de Verdad Histórica, Reparación y Garantías de No Repetición.

Reglamentos autónomos

• Comisión de Ética. Será discutido y aprobado de forma aparte por el pleno de la Convención. Establece los “principios, normas y parámetros para orientar la convivencia al interior de la Convención Constitucional y resguardar la dignidad del cargo de convencional constituyente”. También fija “mecanismos para prevenir, conocer y sancionar las infracciones a los principios de ética, probidad y transparencia, interculturalidad y perspectiva de género, así como también las vulneraciones a los principios de tolerancia, pluralismo y fraternidad”.

• Un Comité de Ética -integrado por cinco miembros elegidos por el pleno y propuestos por la comisión provisoria- responsable de prevenir, conocer, resolver y sancionar los conflictos éticos que afecten a los convencionales.

• Dependiendo de la gravedad de los hechos, se fijaron como sanciones multas, amonestaciones, censura y la suspensión del derecho a voz del convencional hasta por 15 días. Se contemplan medidas cautelares, de protección y acompañamiento de víctimas en casos especiales de violencia de género.

• Negacionismo. Toda acción u omisión que niegue, justifique o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en la dictadura, las violaciones a los derechos humanos desde el estallido social de octubre de 2019 y aquellas cometidas contra los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente.

• Se sancionará a los convencionales por la difusión de noticias falsas, entendida como “la expresión, a través de cualquier medio físico o digital, de un hecho que se presenta como real siendo falso”.

• Si fijaron varios hechos que podrían ser considerados infracciones: expresiones de odio, violencia, discriminación o desacreditación en contra de una persona o grupos por su nacionalidad, etnia, raza, religión, idioma, orientación sexual, identidad o expresión de género. También las conductas de negacionismo, no actuar con “fraternidad y sororidad frente a sus colegas”, “no cumplir con el deber de votar por estar presente en algún medio de comunicación» y difundir noticias falsas en cualquier espacio o red social, incluyendo las sesiones de Sala.

• Comisión de Participación Popular. También será un reglamento autónomo. Entre sus principales artículos están los encuentros autoconvocados -presenciales o virtuales- de personas para tratar temas y elaborar antecedentes, opiniones o propuestas que les interesa que sean discutidos por la Convención. La “Iniciativa Popular de Norma” para que una persona o un grupo de ellas presente -respaldada con 15 mil patrocinios- a la Convención Constituyente una propuesta de una materia puntual. Además, cabildos comunales y locales, como instancias deliberativas de la población sobre el proceso constituyente.

• Plebiscitos Dirimentes. Este tema fue previamente rechazado en reglamento, pero repuesto en esta comisión, que alcanzó viabilidad gracias a un acuerdo, previo indicaciones, entre la Lista del Pueblo, Movimientos Sociales, el PC, el Frente Amplio, el PS e Independientes No Neutrales. Se vaticina que será uno de los puntos de mayor debate en el pleno. Esta consulta vinculante se establece para aquellas normas constitucionales que no alcancen el quorum de 2/3 para ser aprobadas, pero que obtienen más de 3/5 de votos del pleno de la Convención en una segunda votación.

• Solo se podrán plebiscitar las normas que cumplan con estos requisitos y la opción en la papelera será Apruebo o Rechazo. El pleno podrá hacer la convocatoria solo con la mayoría absoluta de la Convención y la mesa directiva podrá realizar los convenios que sean necesarios, con distintas instituciones para organizar dicho plebiscito, lo que permitiría su autonomía y garantizar recursos. Los temas aprobados por la ciudadanía en ese plebiscito dirimente, pasarán directo a integrar la propuesta de nueva Constitución, por lo que deberán ser incorporadas en los capítulos y apartados respectivos.

• Punto clave es la frase que señala que “para la convocatoria a plebiscito deberán llevarse a cabo las reformas a los cuerpos normativos pertinentes”. Si bien no lo dice expresamente, se desprende que se hace necesaria una reforma constitucional desde el Congreso previa para viabilizar el mecanismo de plebiscito dirimente, lo que zanja el flanco de críticas de que la CC no tiene autoridad para convocar a ningún tipo de elecciones.

• Solo puede ser convocado en una oportunidad, en “fecha previa al trigésimo día anterior a que cese el funcionamiento de la Convención”. Podrán votar mayores de 16 años y chilenos en el extranjero.

• Comisión de Participación y Consulta Indígena. Es otro reglamento independiente con el objetivo de establecer la participación de los pueblos originarios (incluido tribal afrodescendiente) en el proceso. Se propuso una Secretaría de Participación y Consulta Indígena, órgano colegiado técnico, ejecutivo y plurinacional, compuesto por sabios y profesionales de dichos pueblos, para definir instrumentos para la participación indígena, mecanismos de educación y capacitación de cada pueblo.

• Los convencionales de escaños reservados harán uso de una semana territorial para reuniones con organizaciones indígenas, autoridades tradicionales, sabios y sabias, y otros entes, promover y difundir los procesos de consulta y participación indígena.

• Las comunidades indígenas podrán hacer presentaciones a las comisiones temáticas en audiencias públicas de manera presencial o telemática.

• Propone una octava comisión temática sobre “Derecho de los Pueblos y Plurinacionalidad”, para crear normas constitucionales con reglamento diferenciado por su especificidad.

• Cronograma votación. El pleno de la Convención votará en general el reglamento en las sesiones del jueves 9 de septiembre y viernes 10. La votación en particular de las indicaciones que se presenten -entre el lunes 13 y martes 14 de septiembre- se realizará en los plenos de la CC citados para los días martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de septiembre.

Hechos políticos que marcaron el mes

• Chile Vamos apunta a la mesa de la Convención. La primera parte del mes hubo varios episodios en que distintos convencionales de Chile Vamos apuntaron a la mesa de la Convención. Por ejemplo, los convencionales de Chile Vamos Katherine Montealegre, Arturo Zúñiga y Luciano Silva presentaron un requerimiento a la Comisión de Ética -la cual integran los tres- contra la presidenta, Elisa Loncon, y el vicepresidente, Jaime Bassa, por sus “preocupantes declaraciones” que acusaron “dificultan el rol institucional que deben ejercer los miembros de la Mesa Directiva” y defraudan “las esperanzas que la ciudadanía a puesto sobre nuestros hombros”.

• El texto cuestionó declaraciones de Loncon en que calificó como “el sector del privilegio” al Rechazo en el plebiscito del 25 de octubre y por no haber condenado explícitamente la violencia en la Macrozona Sur. Sobre Bassa, se criticó que el abogado hiciera prevalecer “su opinión personal por sobre el rol institucional que debe primar en el tratamiento de estas materias”

• Loncon se defendió. Dijo que la “Convención requiere afirmarse en el conocimiento, en comprender los nuevos temas que se instalan. No tenemos otra manera de comprendernos, si no nos conocemos, si no valoramos los discursos que se están instalando” y que ella era “la presidenta de la Convención, no soy la Presidenta de Chile”. Agregó que “hay una agenda política de la derecha y en eso se han metido ministros, subsecretarios y convencionales de la derecha que quieren involucrarnos en esta situación de la violencia (…) he dado varios puntos de prensa respecto a la situación y más de eso, uno no puede hacer en términos de los roles que le competen. Creo que sería un error para la Convención ponerse al servicio de las demandas particulares que tienen los sectores políticos».

• Gastos de la Convención. El primer informe que liberó la Segpres estableció que del total de $ 8.820.282.000 destinados para la instalación y funcionamiento de la Convención, el primer mes ya se habían ejecutado el 38% del total asignado ($3.353.493.000), con un saldo de $5.466.789.000 para lo que resta de funcionamiento al organismo. Se detallaron todos los convenios con la Cámara de Diputados, el Palacio Pereira, el Senado, Gendarmería, como también las más de 20 compras, licitaciones y los contratos. También cada traslado, alojamiento y comida de la presidenta de la Convención y el vicepresidente Jaime Bassa. Se incluyó una serie de Whatsapp entre “asesoras” de la mesa de la CC y funcionarias de la Secretaría Administrativa, que depende del Gobierno entre el 5 y 22 de julio, en que se solicitaron “almuerzos”, “servicio de cafetería” y “transporte privado”.

• Loncon y Bassa hablaron de “malas estrategias de desprestigio del trabajo que está haciendo la Convención Constitucional”. Bassa recalcó que “no se pidió ningún servicio especial, solo aquello que estaba contemplado en la licitación previa al 4 de julio y que fue prorrogada a las tres semanas siguientes. Cuando supimos de los costos asociados a esos servicios los fuimos cortando progresivamente uno a uno. Lo que se publicó ayer en la noche son básicamente WhatsApp de coordinación, no de contratación de servicios (…) el llamando es a ser responsables con el trabajo que hacemos, a verificar la información que muchas veces autoridades sueltan con fines políticos”.

• Loncon hizo hincapié en que hasta ahora los presupuestos han sido ejecutados por la Segpres y que ha sido esa repartición la que “lamentablemente no puso criterios de austeridad y los montos se inflaron sustantivamente y eso no es responsabilidad de esta mesa. El 16 de julio mandamos oficio diciendo que esos gastos no nos corresponden, no fuimos quienes hicimos estas contrataciones. Desde entonces fuimos haciendo una ruta de austeridad”.

• Caso Arancibia. Todo partió el viernes 30 de julio cuando la Comisión de Derechos Humanos recibió una carta de familiares de víctimas de la dictadura reclamando por la participación en esa instancia del convencional UDI, Jorge Arancibia, almirante retirado y ex edecán de Augusto Pinochet.

• Arancibia fue emplazado por sus pares en esa comisión. La convencional y machi, Francisca Linconao le dijo: “me duele el alma que usted esté aquí, que en esta nueva Constitución que vamos a escribir, y con los DD.HH., usted esté sentado acá, que haya sido del partido de Pinochet y con Pinochet hemos pasado mucha pena, sufrimos mucho, hubo mucho muerto mapuche y no mapuche. Con buenas palabras se lo voy a decir, más vale que se retire”.

• Convencionales de derecha se alienaron con Arancibia. “En la Macrozona Sur también hay molestia por la participación de la convencional (Manuela) Royo y (Francisca) Linconao (…) En la sentencia se acreditó que el grupo que concertó para ir a asesinar al matrimonio Luchsinger Mackay, se reunió previamente en la dirección de la convencional Linconao”, acusó la convencional de Chile Vamos, Ruth Hurtado.

• El conflicto creció aún más con el voto político que se aprobó el viernes 13 de agosto en la comisión de DDHH para que Arancibia no fuera parte de las audiencias públicas de esa instancia. Chile Vamos el lunes 16 sacó una declaración oficial en la que junto con advertir que recurrirían a instancias judiciales nacionales e internacionales, le exigieron a las autoridades de la Convención que “asuman como una obligación el respeto a la institucionalidad, el rechazo de acuerdos ilegales y la protección de los derechos de todos los convencionales elegidos por el pueblo de Chile”, que lo sucedido era un “acto ilegal y abusivo”, porque “ningún grupo, ninguna mayoría circunstancial, ninguna comisión en particular o, ni siquiera el pleno de la Convención Constitucional, puede atribuirse la capacidad de limitar los derechos y facultades de un constituyente, elegido válida y legítimamente por los chilenos, para redactar una propuesta de nueva Constitución para el futuro de Chile”.

• Arancibia habló varias veces esos días reclamando por el trato indigno en su contra. Ante la comisión dijo que “hay algunos que dicen que soy provocador porque llegue a la comisión de DDHH. Entré en la que estimo es la central del texto de nueva Constitución que vamos a elaborar, por eso entré, no para obstruirla, no para tener una actitud negacionista, esa no ha sido mi actitud”. Agregó que le dolió enterarse por la prensa y que la comisión no le informara personalmente del voto político en su contra: “Tienen el derecho a pensar y votar como quieran, pero cometieron un daño al espíritu que estamos tratando de construir acá (…) yo quiero trabajar con ustedes, me gustaría que se me pagara con la misma moneda”.

• Finalmente, el conflicto logró desactivarse ese lunes 16 en la tarde en la propia Comisión de DD.HH. La convencional Patricia Politzer (INN) pidió la palabra y planteó que “no le corresponde a la Convención convertirse en un tribunal, debe abrir las puertas y escuchar todas las opiniones, por dolorosas que parezcan. Es la opinión pública la que debe juzgar, los oídos de la ciudadanía no requieren de protección especial”. En la misma línea se expresaron los convencionales Pedro Muñoz (Colectivo Socialista), Felipe Harboe (PPD) y uno de los coordinadores de la comisión, Roberto Celedón.

• La coordinadora, Manuela Royo propuso que Arancibia se mantenga en la subcomisión marco y “que se abstenga de participar en la de Verdad Histórica donde declararán las víctimas de violaciones a los DDHH». Celedón le precisó al convencional UDI que “no es para negarle a usted sus derechos, les pediría a todos que acojamos la solicitud de Manuela y que eso pueda traer paz a todos”. Así fue.

• En esa misma sesión se levantó el veto a cuatro organizaciones por ser consideradas negacionistas: Fundación Jaime Guzmán, la ONG “Acción Republicana”, ConFamilia y la Fundación “Cuide Chile”.  Se acordó escucharlas en audiencia, pero dejando claro previamente que no se aceptaran en las exposiciones discursos de odio, negacionismo, mentiras flagrantes ni faltas de respeto a las personas.

• Renuncia Parot. Solo 32 días estuvo Catalina Parot como secretaria ejecutiva de la Convención. El lunes 9 de agosto en la tarde presentó su renuncia. Los días previos a su salida ya había versiones sobre su “incomodidad” en el cargo, más que por las demandas de la Convención, por el criterio de trabajo de La Moneda y su marginación por parte de la Segpres en el debate de las asignaciones.

• El viernes 13 de agosto, el Presidente, Sebastián Piñera, nombró como su reemplazo al abogado, Matías Cox, quien se desempeñaba como fiscal de la Segpres.

• Declaración sobre los DD.HH. Dado el clima enrarecido que las primeras semanas de agosto marcaron la Convención, la mesa ampliada sacó una declaración pública sobre el tema de los DD.HH que leyó la vicepresidenta, Tiare Aguilera, en el pleno del 10 de agosto: “Hablar de vulneraciones a los DDHH en Chile es un tema sensible, complejo y doloroso que nos enfrenta y nos sitúa en veredas opuestas y que, sin lugar a duda, estará siempre en el centro de las discusiones y debates en esta Convención Constitucional.  Sin embargo, por difícil que sea discutirlo, tenemos como convencionales el deber de hacerlo, mirándonos a las caras, reconociéndonos y respetándonos en nuestras diferencias”.

• En la declaración se abordó en varios párrafos las violaciones a los DDHH de los pueblos originarios: “Nuestros pueblos fueron diezmados, encerrados, reducidos, sin derecho a representación, a voz o reconocimiento, al borde de la desaparición y el genocidio. Nuestras historias y culturas fueron invisibilizadas, nuestras lenguas prohibidas, no reconociéndosenos ni tierras, ni territorios ni acuerdos”.

• Al finalizar, Aguilera recalcó que “hoy podemos tener un diálogo nuevo, una conversación genuina que nos lleve a una Constitución que tenga como marco los derechos humanos. Este es el espacio y el momento. Hoy tenemos la oportunidad histórica de hablar, de discutir y disentir sin tabúes, sin vetos y con la capacidad de sentarnos juntos a pensar un nuevo Chile que se construya desde la plurinacionalidad, desde el respeto de lo acordado. Un Chile que crece y se mira en su pluralidad, que distribuye el poder, que reconoce, que valora y que respeta las diferencias”. Fue aplaudida transversalmente por varios minutos por el pleno.

• La falsa polémica por la República. Durante varios días el tema copó diversos medios de comunicación y convencionales, especialmente de la UDI, se desplegaron en redes sociales reclamando. Primero fue en la subcomisión y luego en el pleno de la Comisión de Reglamento que se aprobó los dos primeros artículos de la norma reglamentaria para la CC. “La Convención Constitucional es una asamblea representativa, paritaria y plurinacional, de carácter autónomo, convocada por los pueblos de Chile para ejercer el poder constituyente. La Convención reconoce que la soberanía reside en los pueblos y que está mandatada a redactar una propuesta de nueva Constitución, que será sometida a un plebiscito constitucional”.

• En el segundo artículo se eliminó la palabra República, ya que la propuesta original señalaba que “el presente reglamento tiene por objeto establecer la organización, el funcionamiento y los procedimientos de la Convención Constitucional de la República de Chile…” y se dejó sólo el nombre del país, con el argumentando que el primer artículo sostiene que la CC es “de los pueblos de Chile”.

• Llovieron las críticas, como por ejemplo la de la convencional UDI, Constanza Hube, dijo que esto era “una señal que pone en duda la unidad del país. ¿Dónde quedó la casa de todos y todas?”, mientras que su par, Marcela Cubillos, agregó en la misma red social esto lo aprobaron los mismos que están “a favor de subirse las asignaciones”.

• El convencional PS, Ricardo Montero aterrizó a www.alertaley.cl este debate y explicó que esto no implica un cuestionamiento al régimen político ni menos una definición sobre ese tema: “eso, el concepto de la República, es lógicamente una discusión de fondo, del sistema político, que se dará en las comisiones respectivas y en el pleno”.

• Arturo Zúñiga. Poco y nada de tranquilo terminó el pleno del 12 de agosto. Al concluir la sesión, el coordinador de la comisión de Ética, Marcos Barraza (PC) pidió a la mesa zanjar la ampliación del plazo de trabajo de las comisiones para evitar objeciones de parte de la derecha al trabajo que se realiza y explicó que el miércoles los convencionales Zuñiga y Montealegre argumentaron que la sesión de la comisión estaba fuera de reglamento debido a que la citación no se había hecho con 24 horas de anticipación, sino solo con 22 horas: «Si no establecemos desde el pleno la ampliación de plazo de las comisiones, constituyentes podrían objetar la legitimidad jurídica», advirtió.

• Zuñiga pidió la palabra y aseguró que la petición se basaba solo porque tenía hora al médico con su hijo de 6 años. “Lo que hace usted señor Barraza es un acto de mala fe, una pequeñez política, una mezquindad, un acto de poca cosa, pero no me extraña, porque usted es comunista y lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía y acá lo está haciendo llenándose los bolsillos de plata con las asignaciones”.

• No fue la única polémica en la que estuvo el ex subsecretario de Salud. Los siete convencionales mapuche de escaños reservados, liderados por la machi Francisca Linconao, presentaron ante la Comisión de Ética de la Convención un requerimiento contra Teresa Marinovic, Zuñiga, Hurtado y Montealegre por violencia, discriminación y racismo.  En un oficio de 16 páginas, expusieron una serie de declaraciones de estos cuatro constituyentes de derecha que consideraron una vulneración de derechos, puntualmente de la machi Linconao, a quien han discriminado lingüísticamente al no respetar su derecho humano de expresarse en su propia lengua y atribuirle vinculación con delitos, en el caso de la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, a pesar de haber sido absuelta por la justicia en 2018.

• Funa a Fernando Atria. Desde la noche del miércoles 18 de agosto y durante un par de días, el abogado constitucionalista y convencional del Frente Amplio, Fernando Atria, fue trendic topic en redes sociales por críticas, epítetos y “funas” por votar a favor de no modificar el quorum de 2/3 y rechazar la propuesta de llamar a plebiscitos intermedios para el desbloqueo de temas constitucionales. Tras la votación, convencionales del PC y la LDP difundieron en sus redes sociales una gráfica con fotos de sus constituyentes que votaron en contra, emplazándolos, lo que se viralizó y desató la funa a Atria.

• La situación que gatilló diversas opiniones en la Convención: fue abordado en la Comisión de Comunicaciones, el convencional Christian Viera afirmó que esa actitud esconde “un germen de autoritarismo” y la coordinadora de la Comisión de Reglamento salió a apoyar a Atria: “Sus argumentos son sólidos y su compromiso con el proceso es evidente. ¡Por favor opinar distinto es posible, dudar de su aporte al proceso NO!”, dijo Alves.

• El vicepresidente Bassa dijo precisó que esto era preocupante, porque “hay grupos en la constituyente, transversalmente, que son muy vociferantes y que amplifican artificialmente las polémicas a través de las redes sociales y, que tratan efectivamente de presionar para que las mayorías de las que ellos no forman parte, decidan en una línea más parecida a lo que ellos quisieran». Añadió que esto “es un tema de la mayor gravedad, porque una cantidad importante de constituyentes estamos preocupadas de terminar con las distintas formas de violencia política y está es una forma de acoso. Las gráficas con las que se está denunciando esto están preparadas de antemano».

• El episodio representó un nuevo roce en el seno del pacto Apruebo Dignidad, por las diferentes posiciones del Partido Comunista y el Frente Amplio.

• “La carta de los 15”. Convencionales de Chile Vamos, especialmente RN y Evopoli, dieron a conocer en el pleno del 17 de agosto una carta abierta a sus pares de escaños reservados en la que hicieron una autocrítica por el trato que han recibido y se comprometieron a avanzar en una solución. La misiva fue firmada por Raúl Celis, Ruggero Cozzi, Bernardo de la Maza, Álvaro Jofré, Harry Jurgensen, Patricia Labra, Hernán Larraín Matte, Cristián Monckeberg, Geoconda Navarrete, Manuel José Ossandón, Bárbara Rebolledo, Luciano Silva, Angélica Tepper, Paulina Veloso y Roberto Vega.

• El texto fue una clara señal de los sectores más moderados de Chile Vamos para separar aguas de la dura estrategia que ha liderado la UDI contra los convencionales de pueblos originarios, la presidenta Loncon y la imagen de la Convención, cuestionando permanentemente su trabajo.

• “Sabemos que el diálogo ha sido difícil en estas primeras semanas de la Convención. Somos conscientes de que muchas veces no hemos sido capaces de entender la mirada de los pueblos originarios ni hacernos cargo de las lecciones que nos ha dejado la historia (…) sabemos que hay mucha desconfianza y desconocimiento acerca de los sueños y valores que a cada cual inspiran. Por eso, quienes firmamos esta carta, manifestamos nuestro firme compromiso a dialogar y buscar, con altura de miras, acuerdos para iniciar una nueva etapa. Queremos avanzar y aportar en la construcción de aquellos consensos que nos permitan instalar, en la futura Constitución, una nueva forma de relacionamiento entre el Estado, los pueblos originarios y la sociedad en su conjunto”, reza parte de la misiva que leyó Larraín Matte ante el pleno.

• Lista del Pueblo. A la seguidilla de renuncias públicas que sufrió este colectivo durante todo el mes, la crisis interna se cristalizó el 31 de agosto cuando 17 constituyentes hicieron público un comunicado en el que anunciaron la conformación de un nuevo colectivo en el seno de la Convención: “Pueblo Constituyente”. Los firmantes son Marco Arellano, Francisca Arauna, Francisco Caamaño, Ivanna Olivares, Lisette Vergara, Ingrid Villena, Dayyana González, Camila Zárate, Natalia Henríquez, César Uribe, Elza Labraña, Manuel Woldarsky, Daniel Bravo, Loreto Vallejos, Fernando Salinas, Tania Madriaga y Rodrigo Rojas.

• En el comunicado –que leyeron en el frontis de la sede del Congreso en Santiago donde sesiona la CC- explicaron que la LDP “tuvo una enorme relevancia y cumplió su objetivo hasta el día de las elecciones de mayo de 2021, obteniendo un importante triunfo en la Convención Constitucional que recordamos con mucho cariño y agradecimiento”. Sin embargo, a reglón seguido critica que el movimiento decidió tomar “el camino electoral en el espacio del poder constituido” y que, por eso, decidieron ratificar su carácter de independientes junto con organizarse de manera autónoma “a sus definiciones y acciones políticas”, en este nuevo colectivo.

Durante el mes, una de las varias renuncias la protagonizó la constituyente María Rivera a través de un comunicado del Movimiento Internacional de los Trabajadores (MIT), el cual integra: “Queremos reafirmar públicamente nuestra independencia en relación a la Lista del Pueblo y concretar formalmente nuestra salida de los espacios de esa organización (…) La Lista del Pueblo tanto criticó a los partidos tradicionales que terminó intentando transformarse en uno de esos”.