“100 plenos: se termina de zanjar catálogo de derechos sociales para la nueva Constitución” Convención al día -miércoles 11 de mayo

El derecho a la memoria, al trabajo decente, la titularidad exclusiva de las organizaciones sindicales el derecho a la negociación colectiva, a la educación pública, de calidad y que el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados, pasaron al texto constitucional con una mayoría superior al quorum mínimo de 2/3 (103 votos).

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Coordinadores

  • Si bien comienzan su tarea la próxima semana, en estos días ya se constituyeron las últimas tres comisiones de la Convención para el tramo final en la elaboración de una nueva Constitución: Preámbulo, Normas Transitorias y la de Armonización. Hoy, cada una definió -tras varias rondas de votaciones consecutivas- a su dupla de coordinadores.
  • Para la comisión de Preámbulo fueron elegidos los convencionales Adriana Cancino (Colectivo Socialista) y Jorge Abarca (Independiente- Lista del Apruebo); en la Comisión de Armonización a Tammy Pustilnick (Independientes No Neutrales) y Daniel Bravo (Pueblo Constituyente); mientras que en la Normas Transitorias solo se zanjó una coordinación, la de Elisa Giustinianovich (Movimientos Sociales). No se logró acuerdo con el otro nombre para esa dupla, por lo que se deberá definir mañana.
  • No es una decisión menor, ya que, si bien las tres comisiones son relevantes, la de transitorias es la responsable de proponer los artículos con los que se hará el empalme institucional entre la actual Constitución y el fututo texto constitucional. Ahí estarán los plazos y modo para pasar de un sistema a otro.
  • Por ejemplo, ya está la propuesta para que todos los capítulos, artículos y referencias al Poder Legislativo entren en vigencia a partir del 11 de marzo de 2026; lo mismo en relación al Presidente de la República, pero sin que se le pueda aplicar la posibilidad de reelección; y en el caso de la figura que reemplazará al Tribunal Constitucional, la nueva Corte Constitucional, que quede conformada e instalada dentro de los cuatro meses que siguen a la fecha en que entre en vigencia la nueva Constitución, sin que los actuales integrantes puedan ser elegidos para esta.
  • En estos días, cada comisión temática ha votado propuestas de artículos transitorios, que se harán llegar a la comisión respectiva para su debate, donde deben ser aprobadas por 3/5 de sus miembros para pasar al pleno. Ahí deberán ser aprobadas por un quorum de 2/3 (103 votos) para quedar en el texto constitucional.
  • La próxima semana la Convención hará su salida regional a Antofagasta, desde donde sesionará toda la semana. Lunes y viernes habrá plenos, pero de martes a jueves, las tres comisiones sesionarán mañana y tarde, cada una desde distintas localidades de la región: Preámbulo desde Tocopilla, la de Armonización en Calama y, la de Normas Transitorias lo hará en Antofagasta.

Pleno

  • Número simbólico, hoy se realizó el pleno número 100 desde que se constituyó la Convención el 4 de julio del año pasado. Y fue en esta sesión donde se terminó de tramitar el catálogo de derechos sociales de la nueva Constitución.
  • Correspondía el debate y votación del último informe de segunda propuesta de la comisión de Derechos Fundamentales, con normas sobre derecho a la memoria, el trabajo decente, educación, libertad de enseñanza y sistema de seguridad social. Normas que fueron rechazadas en el pleno a principios de mayo y la mayoría fueron reformuladas en la comisión para una última oportunidad de sortear el umbral de los 2/3.
  • Las normas aprobadas por más de 103 votos, pasaron al borrador de la nueva Constitución y las que no lograron ese mínimo de votos, fueron descartadas definitivamente.
  • Tras un par de horas de debate en el pleno, comenzó la votación en particular de los 24 artículos del informe y las respectivas indicaciones. Así, por 111 votos se aprobó artículo 3 sobre derecho a la memoria: El Estado o garantizará “un enfoque que considere su relación con las garantías de no repetición y los derechos a la verdad, justicia y reparación integral”.
  • Sobre el derecho a la vivienda, que ya está consagrado en el borrador de la nueva Constitución, hoy se aprobó -113 votos a favor- que “el Estado podrá participar en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación e innovación de la vivienda” y que “considerará particularmente en el diseño de las políticas de vivienda a personas con bajos ingresos económicos o pertenecientes a grupos especialmente vulnerados en sus derechos” (104 votos).
  • Además, “el Estado garantizará la creación de viviendas de acogida en casos de violencia de género y otras formas de vulneración de derechos, según determine la ley” (122 votos a favor del pleno).
  • Con aplausos y 113 votos a favor, también pasó a texto constitucional que “el Estado administrará un Sistema Integrado de Suelos Públicos”, que tendrá las facultades de “dar prioridad de uso, gestión y disposición de terrenos fiscales para fines de interés social, así como adquirir terrenos privados, conforme a la ley”.
  • Otros 108 votos a favor, obtuvo el inciso que consagra que el Estado debe garantizar “la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada. Además, deberá establecer mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda que vaya en desmedro del interés público, de conformidad a la ley”.
  • Sobre el derecho a la ciudad y el territorio, se aprobó con 118 votos a favor que “es deber del Estado ordenar, planificar y gestionar los territorios, ciudades y asentamientos humanos; así como establecer reglas de uso y transformación del suelo, de acuerdo al interés general, la equidad territorial, sostenibilidad y accesibilidad universal”. Además, “garantizará la protección y acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos; movilidad segura y sustentable; conectividad y seguridad vial. Asimismo, promoverá la integración socioespacial y participará en la plusvalía que genere su acción urbanística o regulatoria” (112 votos a favor).
  • Con otros 124 votos a favor, se aprobó el inciso que establece la garantía del Estado a “la participación de la comunidad en los procesos de planificación territorial y políticas habitacionales. Asimismo, promueve y apoya la gestión comunitaria del hábitat”.
  • Más aplausos hubo con los 122 votos que obtuvo el artículo que consagra el derecho al trabajo decente: “Toda persona tiene derecho al trabajo y su libre elección. El Estado garantiza el trabajo decente y su protección. Este comprende el derecho a condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a su desconexión digital, a la garantía de indemnidad, y el pleno respeto de los derechos fundamentales en el contexto del trabajo”.
  • Fue igual con los 136 votos con los que pasó al texto constitucional la norma que señala que “el Estado generará políticas públicas que permitan la conciliación laboral, la vida familiar y comunitaria, y el trabajo de cuidados” y con los 114 votos a favor que obtuvo el artículo que establece que “el Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, eliminando riesgos que afecten la salud reproductiva y resguardando los derechos de la paternidad y maternidad”.
  • Por una amplia mayoría de 121 votos, pasó al borrador de la nueva Constitución que “en el ámbito rural y agrícola el Estado debe garantizar condiciones justas y dignas en el trabajo de temporada, resguardando el ejercicio de sus derechos laborales y de seguridad social”.
  • Con 108 votos se aprobó el reconocimiento de «la función social del trabajo y se deberá asegurar la protección eficaz de los trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales, mediante un órgano autónomo a cargo de su fiscalización«.
  • Eso sí, se rechazó el artículo que fijaba que “una ley regulará la subcontratación con el fin de evitar la precarización laboral”. Estuvo lejos del quorum de 2/3, sacó solo 81 votos a favor, por lo que quedó descartado definitivamente.
  • Pero hubo aplausos con los 123 votos del pleno con que pasó al texto constitucional que «el Estado promoverá la corresponsabilidad social y de género e implementará mecanismos para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados«.
  • Retumbaron más fuerte los aplausos con los 115 votos del pleno con que se aprobó que «las organizaciones sindicales son titulares exclusivas del derecho a la negociación colectiva, en tanto únicas representantes de trabajadores y trabajadoras ante el o los empleadores«.
  • En el mismo tema, también por 115 votos se aprobó que “la Constitución garantiza el derecho a huelga de trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales decidirán el ámbito de intereses que se defenderán a través de ella, los que no podrán ser limitados por la ley”.
  • Por 108 votos, que “el legislador no podrá prohibir la huelga” y que «la ley sólo podrá establecer limitaciones excepcionales a la huelga para atender servicios esenciales que pudieren afectar la vida, salud o seguridad de la población» (111 votos a favor).
  • Seguridad Social. El punto ya está en el borrador de la nueva Constitución, pero faltaban algunos incisos que fueron rechazados previamente en el pleno. Se cayó -y quedó excluido definitivamente- el inciso que fijaba que “el Sistema de Seguridad Social garantizará un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas, oportunas y suficientes que den certeza respecto del monto recibido” (84 votos a favor, 38 en contra y 25 abstenciones).
  • Pero sí se aprobó, justo con 103 votos del pleno, que “las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social, en las formas que señale la ley”.
  • Sobre los pueblos originarios, se aprobó con 116 votos que “tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que las sustentan” y que el Sistema Nacional de Salud “reconoce, protege e integra estas prácticas y conocimientos como también a quienes las imparten, en conformidad a esta Constitución y la ley”.
  • No alcanzó el quorum de 2/3, el inciso que permitía “seguros privados voluntarios, con la única finalidad de complementar o suplementar la cobertura asegurada por el financiamiento del Sistema Nacional de Salud”. Sacó solo 81 votos a favor, 35 en contra y 35 abstenciones. Al ser rechazado, quedó excluido el punto definitivamente.
  • También fue rechazado el que señalaba que “el acceso a las prestaciones de salud se priorizará según criterios sanitarios y no por la capacidad individual de pago”.
  • Educación. Retumbaron los aplausos en el pleno por los 116 votos que sacó el artículo 16 que consagra que todas las personas tienen derecho a la educación, que “es un deber primordial e ineludible del Estado” y “un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país”.
  • Esta norma añade que “sus fines son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como, la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico y el desarrollo integral de las personas, considerando su dimensión cognitiva, física, social y emocional” y que “se regirá́ por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tendrá un carácter no sexista y se desarrollará de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística”.
  • En el texto constitucional se plasmará que “la educación deberá orientarse hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de los fines y principios establecidos de la educación” y que una ley “establecerá la forma en que estos fines y principios deberán materializarse, en condiciones de equidad en las instituciones educativas y los procesos de enseñanza”.
  • También pasó al borrador de la nueva Constitución, con 120 votos del pleno, que «la educación será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media«.
  • De pie esperaron en el pleno los convencionales el resultado de la votación del resto de los incisos del artículo sobre el Sistema Nacional de Educación. Fue aprobado por 117 votos: “Estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. Se articulará bajo el principio de colaboración y tendrá como centro la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. El Estado ejercerá labores de coordinación, regulación, mejoramiento y supervigilancia del Sistema. La ley establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales”.
  • Añade que “las instituciones que lo conforman estarán sujetas al régimen común que fije la ley, serán de carácter democrático, no podrán discriminar en su acceso, se regirán por los fines y principios de este derecho, y tendrán prohibida toda forma de lucro” y que este sistema “promoverá la diversidad de saberes artísticos, ecológicos, culturales y filosóficos que conviven en el país”.
  • Además, el Estado “deberá brindar oportunidades y apoyos adicionales a quienes están en situación de discapacidad y en riesgo de exclusión” y “deberá articular, gestionar y financiar un Sistema de Educación Pública, de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación; su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado”.
  • Con otros 114 votos pasó a texto constitucional que “el Estado deberá financiar este Sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación”.

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