Pleno
- El cansancio y la tensión ya se hace evidente en las sesiones de pleno. Las largas jornadas de debate y votaciones sucesivas, junto con el trabajo de las comisiones temáticas, están pasando la cuenta al clima interno en la Convención.
- Se nota en el tono de las intervenciones, en las recriminaciones cruzadas en el pleno, el aumento de las provocaciones políticas y lo burdo de algunas estrategias para ralentizar el proceso de votación, como las indicaciones subsidiarias o reponer en distintos artículos la misma, aunque no tenga relación con el tema en votación. Ha sido más evidente esta semana.
- El pleno de este viernes no fue la excepción. El minuto de silencio que se realizó al inicio de la sesión, solicitado por la UDI, por los 31 años de la muerte de Jaime Guzmán, tensionó el ambiente. La mayoría de los convencionales se retiraron del hemiciclo, varios criticaron a la mesa por acceder a este gesto, se puso el acento en el rol que jugó el líder gremialista en la dictadura y desde la UDI se cuestionó la falta de tolerancia.
- Con esa antesala partió el debate, por tres horas, del informe de la comisión de Principios Constitucionales, que contempla propuestas de normas sobre democracia participativa, ciudadanía, nacionalidad, y múltiples mecanismos de democracia directa.
- En la votación en particular, las normas (o algunos de sus incisos) aprobadas pasan directo al borrador de la nueva Constitución. Las que no alcanzaron el quorum de 2/3, pero sí mayoría del pleno, vuelven a la comisión para ser reformuladas, mientras que las que obtuvieron votos bajo ese umbral quedan descartadas definitivamente del debate.
- Entre los aspectos más relevante de la votación, que pasó más allá de la medianoche, el artículo 1 sobre democracia participativa, se aprobó parcialmente. Al primer inciso le faltó solo un voto (102 a favor): “La ciudadanía tiene el derecho a participar de manera incidente y vinculante en la gestión de los asuntos de interés público de los órganos del Estado y en la ejecución de las políticas públicas por medio de los mecanismos de democracia, sea esta representativa, directa o comunitaria, tendiendo a favorecer una amplia deliberación de la ciudadanía, en conformidad a esta Constitución”.
- El inciso segundo pasó directo al borrador, tuvo 117 votos a favor: “Los poderes públicos deberán facilitar la participación del pueblo en la vida política, económica, cultural y social del país. Será deber de cada órgano del Estado disponer de los mecanismos para promover y asegurar la participación y deliberación ciudadana incidente en la gestión de asuntos públicos, incluyendo medios digitales”.
- El inciso 3 también vuelve a la comisión, obtuvo solo 97 votos a favor: “El Estado deberá promover las condiciones para promover la participación de niñas, niños y adolescentes y de otros grupos históricamente excluidos en el ámbito político, social, económico y cultural del país”.
- Sucedió lo mismo con el artículo 2 sobre garantías democráticas. Su primer inciso que señala que “el Estado deberá garantizar a toda la ciudadanía, sin discriminación de ningún tipo, el ejercicio pleno de una democracia participativa, a través de mecanismos de democracia directa”, se aprobó con 111 votos a favor, 35 en contra y 7 abstenciones. Pero el segundo inciso – “a los pueblos y naciones indígenas les son aplicables los procedimientos generales en todo aquello que sea compatible con su normativa específica”- fue rechazado, solo logró 79 votos a favor.
- Del artículo 6 sobre participación ciudadana digital, se aprobó su primer inciso (112 votos), que señala que “la ley regulará la utilización de herramientas digitales en la implementación de los mecanismos de participación, establecidos en esta Constitución y que sean distintos al sufragio, buscando que su uso promueva la más alta participación posible en dichos procesos, al igual que la más amplia información, transparencia, seguridad y accesibilidad del proceso para todas las personas sin distinción”.
- La iniciativa popular de norma (88 votos) no logró sortear los 2/3, fue rechazada y vuelve a la comisión para ser reformulada. Lo mismo con la iniciativa de derogación de ley (84 votos), el referéndum propuesta popular de reforma constitucional (77 votos), el referéndum ratificatorio de reforma constitucional (84 votos) y el referéndum revocatorio de mandato para Presidente de la República, gobernador regional y alcalde (96 votos).
- En el artículo 10 sobre plebiscitos regionales o comunales, se aprobó (129 votos a favor) el inciso primero: “Se podrán someter a referéndum las materias de competencia de los gobiernos regionales y locales en conformidad a lo dispuesto en la ley y Estatuto Regional respectivo”. También el segundo (114 votos) que señala que “una ley deberá señalar los requisitos mínimos para solicitarlos o convocarlos, la época en que se podrán llevar a cabo, los mecanismos de votación, escrutinio y los casos y condiciones en que sus resultados serán vinculantes”.
- Del artículo 17 sobre la nacionalidad, se aprobó que son chilenos los que “hayan nacido en el territorio de Chile, con excepción de las hijas e hijos de personas extranjeras que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, quienes podrán optar por la nacionalidad chilena” (136 votos); los que “sean hijas o hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero” (144 votos) y los que “obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley” (145 votos). Además, “no se exigirá renuncia a la nacionalidad anterior para obtener la carta de nacionalización chilena” (118 votos).
- Fue rechazado el inciso 3 (93 votos) de este artículo: quienes “soliciten la nacionalidad habiendo residido en Chile de forma definitiva por un periodo de 5 años. En el caso de las personas en calidad de refugiadas reconocidas por el Estado de Chile, el plazo será de 2 años. La ley establecerá un procedimiento en que, sin más requisitos que la residencia, el órgano competente otorgue la nacionalidad a quien la solicite”.
- En el artículo 18 sobre ciudadanía, el inciso primero –“todas las personas que hayan obtenido la nacionalidad chilena por alguno de los supuestos establecidos por esta Constitución serán ciudadanas y ciudadanos de Chile”- vuelve a la comisión, porque obtuvo solo 93 votos. Lo mismo con el segundo (82 votos) que agrega que “la ciudadanía chilena confiere el derecho incondicional a residir en el territorio chileno y a retornar a él. Concede, además, el derecho a la protección diplomática por parte del Estado de Chile, y todos los demás derechos que la Constitución y las leyes vinculen al estatuto de ciudadanía”.
- Del artículo 20 sobre los derechos políticos de la ciudadanía (sufragio), solo se aprobó el inciso 5 (111 votos): “Ninguna autoridad u órgano podrá impedir el efectivo ejercicio de este derecho, debiendo a su vez proporcionar todos los medios necesarios para que las personas habilitadas para sufragar puedan ejercerlo”.
- También, por 111 votos, se aprobó el inciso 1 del artículo 21 sobre la calidad política de extranjeros y nacionalizados chilenos “avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 20, podrán ejercer el derecho de sufragio activo en los casos y formas que determine la ley”.
El titular de Bernardo
- Fue el tema obligado desde el jueves 31. Mientras el pleno estaba de cabeza votando el informe de la comisión de Derechos Fundamentales, de reojo todas las miradas estaban en la portada del diario Las Últimas Noticias, donde apareció el convencional Bernardo Fontaine (independiente-Evópoli), afirmando: “Los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales”.
- Fontaine sustentó sus dichos por el rechazo en la comisión de Derechos Fundamentales de la iniciativa popular “Con mi plata No” (se consideró una réplica del modelo actual) y la aprobación de una propuesta de norma sobre seguridad social. La portada vino de la mano de una nutrida ronda por matinales de TV para insistir en el punto.
- El problema es que la Convención no ha aprobado ninguna norma sobre fondos de pensiones y el artículo sobre seguridad social, apunta a la gestión y administración de fondos, no a su propiedad. Además, el punto aún no llega al pleno, donde debe sortear las votaciones en general y particular, posiblemente un informe de reemplazo y segunda propuesta constitucional, las que requieren -todas- de un umbral de 2/3 (103 votos) para su aprobación.
- El artículo sobre seguridad social señala que “el Estado reconoce a todas las personas el derecho a la seguridad social fundado en sus principios esenciales de universalidad, tanto en lo relativo a la población protegida, como a las contingencias sociales amparadas; suficiencia, proveyendo prestaciones oportunas y actualizadas; uniformidad, unidad y participación en la administración y esencialmente solidaridad en su financiamiento”.
- Agrega que “la definición de la política de seguridad social y el control del sistema que se establezca competen al Estado y al esfuerzo de trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias. La gestión y administración del sistema será pública y recaerá en entes públicos, autónomos sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores”.
- Además, establece que “la seguridad social deberá garantizar que el sistema de pensiones que se establezca entregue prestaciones definidas, de forma tal, dar certezas que el monto de las pensiones cumpla a cabalidad con la suficiencia y asegure que la vejez no esté nunca sujeta a variabilidades de las condiciones político, sociales o económicas”.
- Las declaraciones de Fontaine desataron una avalancha de desmentidos, declaraciones, reclamos y críticas dentro de la Convención. El coordinador de la comisión de DDFF, César Valenzuela, calificó de “irresponsables las declaraciones del convencional (…) No se ha votado ninguna iniciativa que pretenda expropiar los fondos de pensiones de los y las trabajadoras. Eso es absolutamente falso”.
- En radio Cooperativa, su par Benito Baranda (INN) agregó que «los ahorros nadie los va a quitar. Si hay algún cambio en la manera de administrarlos, igual esa plata pertenece a las personas que la hemos ahorrado en este tiempo”.
- El constituyente, Felipe Harboe, recalcó que “hay que defender la propiedad de los fondos previsionales de cada trabajador. Pero de ahí a afirmar que con lo que se ha aprobado en las comisiones se establece el fin de la transmisibilidad o se expropian los fondos, me parece que es una irresponsabilidad…”.
- El tema no quedó ahí. Este viernes, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, envió una carta a todos los constituyentes: “Reitero el llamado a todas las y los convencionales a cumplir el más alto estándar de comportamiento democrático, consensuado en nuestro Reglamento de Ética y Convivencia, velar por el principio de veracidad (artículo 10) y evitar desinformar a las personas (artículo 24)”.
- Quinteros destacó, en otro párrafo de la carta, que es “por ese compromiso con la democracia y la libertad de la que muchos hablan, que hemos de cuidar qué decimos y cómo lo decimos. El golpe que reciben las y los ciudadanos con cada desinformación, con cada titular, daña el ejercicio libre de la democracia y la participación afecta el funcionamiento de las instituciones y de esta Convención”.
- Añadió que “las y los chilenos han validado y legitimado la alternativa institucional y democrática, por medio de un plebiscito de entrada y la elección democrática y soberana de todas y todos nosotros. Un mandato así, con ese valor nos debe obligar a responder con un estándar de compromiso y de responsabilidad con la democracia, quizás mucho mayor con la que ha operado la política hasta ahora”.
