Lo primero es preguntarte cómo votaste. ¿Eres del sector de la derecha que votó apruebo o del que votó rechazo para el plebiscito?
Yo voté rechazo. Y fue un voto con consciencia bien clara de que iba a ganar el apruebo. Frente a lo ochentero que era la opción del rechazo y a lo bonito que era el concepto del apruebo, en general, la idea de hacer algo nuevo, yo tenía más o menos claro que el apruebo iba a ganar por amplio margen. Por lo tanto, mi voto de rechazo fue más bien utilitario, pragmático, quería que la diferencia no fuera tan grande entre una opción y otra. Terminó siendo muy grande igual.
Para serte sincero, siendo candidato uno está obligado a ver el proceso con ojos optimistas, y veo que está siendo un ejercicio democrático bien bonito. La Constitución y la constituyente abre todos los flancos de discusión democrática en Chile. Ha sido una evolución en ese sentido. La idea es volver a conversar cosas que no se conversaban hace tiempo.
Desde el punto de vista valórico, ¿cuáles son los valores que crees deben estar en la nueva Constitución?
Hace tiempo que Chile es un Estado laico. Entonces, la primera aclaración es que las posturas valóricas, que de manera inevitable tiene una Constitución, no se confundan con posturas religiosas o dogmas de fe.
Luego, en el artículo primero —que es donde se define el marco de relación entre persona, familia, cuerpos intermedios y un Estado que está al servicio de la persona— es importante reconocer a la familia como el núcleo central de la sociedad, porque la familia es el primer cuerpo social que educa, que acoge, que sociabiliza. Ahora, ¿qué tipo de familia? Cualquiera que eduque, proteja y sea el primer núcleo de socialización. Por lo tanto, la configuración de la familia, mientras cumpla con educar, proteger y dar afecto, para mí es indiferente. Aunque no creo que ese apellido deba estar definido en la Constitución, eso se discutió bastante en la comisión Ortúzar. Eso es algo que se va definiendo a nivel legal. Hoy, efectivamente, la ley ha generado distintos tipos de familia que no tienen una composición heterosexual y está bien que la ley haga eso en la medida que la sociedad va evolucionando.
Por otro lado, creo que es importante que se proteja la vida del que está por nacer, y, finalmente, la Constitución está para que tengamos un contexto de convivencia social pacífico, donde una mayoría no se imponga a una minoría. Despojar de la categoría de persona al que está por nacer permitiría que una mayoría le ponga el pie encima a una minoría.
Entonces, ¿pondrías en la Constitución “todo tipo de familia” como el núcleo de la sociedad?
La familia en todas sus formas es razonable. Es un parafraseo que para nada me molestaría que quedara en la Constitución. Pero que quede claro que es finalmente la ley la que tiene que aterrizar las herramientas.
¿Cómo ves tú que tendría que quedar el derecho de propiedad, considerando que tenemos un Estado que es un poquito menos regulador que lo que algunos quisieran? ¿Hasta dónde educación, salud, agua?
En el caso del agua, con una Constitución similar a la que actualmente está, es decir, como un bien de uso público. Hay que tener presente que la convención tiene límites de fondo, como la sentencia firme y ejecutoriada o los tratados internacionales. Por lo tanto, la forma en que se delimita ese derecho de propiedad es fundamental.
Por un lado, la definición del rol social que tiene la propiedad, y efectivamente ese es un límite; así como cuestiones de interés nacional. Esto tiene que estar bien equilibrado con las reglas con las cuales se va a ejercer ese fin social de la propiedad.
No está en discusión que el derecho de propiedad va a estar en el catálogo, pero va a ser muy distinto si es que está configurado como el año 70, en que se dieron expropiaciones por bolsitas de dulce pagaderas a 40 años, versus un derecho que si se ejerce el rol social por razones de interés mayor —hay que estar abierto a eso—, que la expropiación sea bien regulada y como está actualmente me parece perfecto.
¿Estarías de acuerdo con que un porcentaje del agua retornara al Estado?
Eso ya está regulado, es un bien de uso público. Ahora, los derechos de aprovechamiento sobre esas aguas deben tener la protección del derecho de propiedad, principalmente porque les otorgan certeza jurídica a los agricultores.
La agricultura es muy importante, sobre todo en distritos como el mío, y los agricultores requieren certeza de que el próximo año va a tener la misma cantidad de agua, la planificación. Esa certeza jurídica es básica y sería un error debilitar esa certeza sobre los derechos de aprovechamiento del agua.
Y hay que generar un equilibrio para que ese aprovechamiento nunca sea superior al del consumo de agua humana.
Gran parte del problema del agua es que en muchos sectores el agua se pierde no por la sequía, sino por falta de eficiencia y tecnología de regadío en los campos. Es un problema que se resuelve a nivel de política publica, con subsidios a la tecnologización de los campos y perfeccionando en la legislación los medianos embalses.
Y hay un dato importante: en el caso hipotético de que se diera, supongamos, una expropiación total, sería imposible pues no habría suficiente plata para hacerlo. El que proponga puede sonar muy bonito, pero por mucho que la discusión política ideológica sea interesante, en la práctica no es una posibilidad, es irreal.
¿Mantendrías el sistema político como está?
A mí me gusta el sistema de Estados Unidos: elección por cuatro años y se le pone una medición al final de ese período —si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal—, con posibilidad de reelegirse por otros cuatro. En Estados Unidos es muy excepcional lo que ocurrió con Trump, que no fue reelecto.
En ese tema, me parece fundamental un cambio al sistema electoral. Yo creo que la tradición jurídica del presidencialismo tiene que continuar. Lamentablemente, hoy, los presidentes —le pasó a Bachelet y le está pasando a Piñera— son incapaces de ejecutar su programa de Gobierno, porque el sistema proporcional deja de priorizar la tendencia hacia el centro y los acuerdos mientras que prioriza los márgenes extremos, con bancadas de 1%.
Pensando en los 2/3, ¿Cuáles son, a tu juicio, los temas en que se podría ceder desde tu sector y cuáles se van a defender? Porque, finalmente, en la discusión en la convención van a tener que llegar a acuerdos…
Para que esto resulte, los convencionales de lado y lado tenemos que entrar con una actitud de ponernos de acuerdo en los 2/3, que es la garantía que incentiva los acuerdos. El cincuenta más uno no es garantía. La clásica pasada de máquina de un lado o de otro, independiente el tema que sea, no se puede dar en la convención, y eso es muy bueno. La Constitución determina un rayado de cancha tan trascendente para el ordenamiento jurídico que, en un contexto de hoja en blanco, tienen que alcanzarse acuerdos trascendentales, y los 2/3 aseguran eso.
Si la derecha quiere incluir algo, tiene que salir a buscar votos al frente, y al revés lo mismo. Se tiene que evitar la lógica del “pasando y pasando”. Si entramos a la convención constituyente desde las trincheras ideológicas, nos va a quedar una constitución Frankenstein.
Aterricémoslo, por ejemplo, en educación, ¿podría ser la educación un derecho con la posibilidad de que los privados puedan desarrollar sus proyectos?
Claro. Y la prioridad de los padres sobre la educación de los hijos. Creo que va no va a ser difícil ponerse de acuerdo en eso. No puede haber solamente un Estado docente si queremos que la educación sea una diversidad de visiones del país. Vamos a seguir teniendo un sistema de educación mixta. No obstante, sí creo que hay que fortalecer la educación pública, que sea un espacio de encuentro entre distintos. Hoy eso no se está dando y estamos viviendo en dos, tres o cuatro Chiles, en un país súper segregado.
Tuve la suerte de vivir los últimos años de estudio en Estados Unidos y mi hija fue a un colegio público, donde iban los hijos de quienes estudiábamos en Columbia y los hijos de los obreros de Harlem. Desde el punto de vista educativo y formativo es increíble que mi hija tuviera ese nivel de integración social desde la educación preescolar, porque no crece con la diferencia por delante.
La educación pública como un derecho social es más complejo, porque el Estado tiene que definir “esta plata dónde la ponemos”. Y esos recursos hoy se están poniendo mal. Se están gastando en instancias como la gratuidad universitaria, ¿por qué no ponemos esos recursos a nivel preescolar?
Pero eso ya es parte de la política pública. ¿Estarías de acuerdo con que la educación se consagre como un derecho?, ¿o la cultura, tú que te has dedicado a ese tema?
Incluiría, primero que todo, un derecho social de igualdad digital. Hoy día es un bien de primera necesidad al ser una herramienta de acceso a otras cosas, y lo incluiría en la Constitución. En distritos como el mío hubo cabros que perdieron el año no por no tener computadores —el Estado ya se ha encargado de la cobertura de computadores—, sino por no tener conexión a Internet, que hoy día es como no tener agua. Ahí hay un derecho social nuevo. Te aseguro que va a ser un derecho social nuevo.
Educación, salud, cultura. ¿las incluirías como derechos sociales?
Por supuesto que sí: educación, cultura, vivienda, regulación del trabajo. A priori, todos los derechos sociales que queramos y que se puedan hacer carne, y no que los dejemos como declaraciones poéticas en un papel que, por mucho que se llame Constitución, no los va a hacer realidad.
Siempre se caricaturiza a la derecha como un sector que está en contra de los derechos sociales. No, es un sector que cree en los derechos sociales pero que quiere que sean reales y estén sujetos a un desarrollo económico progresivo del país, porque se pagan.
¿Cómo incluirías la cultura?
Yo reivindicaría el derecho a la cultura y el derecho de acceso a la cultura, no solo para tener una educación del siglo XXI sino una vida que no sea solo la rutina de ir a trabajar, etc. La clase política no ha sido capaz de entender que la cultura, además de un elemento lúdico, es fundamental para la democracia, porque genera visiones de la vida y las cosas que pasan. Es un aglutinante social. Además, representa un 2% del PIB, genera recursos, da trabajo y puede seguir creciendo. Hay que reivindicar el derecho igualitario del acceso a la cultura.
Durante los últimos 40 años crecimos mucho, se puede demostrar en gráficos, y seguimos creciendo, pero eso no genera sentido. El gráfico del PIB creciendo para arriba no le genera sentido a nadie, es la cultura la que genera sentido. Probablemente yo voy a ser unos pocos convencionales de derecha metido ahí firme. Y estaré ahí para incluirlo, no para limitarlo.
Hoy, la cultura funciona con migajas de fondos concursables, que a la vez funcionan con un grupo de amigos bien elitista, que tienen que pertenecer a un cierto color político, que se turnan un año para ser jurados y el otro para recibir los premios. Está capturado, es injusto, prioriza a los grandes, con requisitos que dejan afuera a cualquier tipo de artista emergente.
El sistema de financiamiento tiene que complementarse con la sociedad civil. Y aquí tengo una propuesta. En el actual artículo de libertad de culto, las iglesias y cultos no pagan impuestos. Yo me imagino que la izquierda va a querer eliminar eso. Y yo creo que en vez de quitarles el privilegio de no pagar impuestos a las iglesias, lo que hay que hacer es extendérselo a todo tipo de organización que trasmita ideas a una audiencia determinada. ¿Qué diferencia hay entre una misa, que es un ritual religioso, y una obra de teatro, que es un ritual laico?
Me queda claro que te gustaría ser presidente de la comisión de cultura de la constituyente.
Me encantaría, y ser ministro de Cultura después de la constituyente.
Las policías, ¿qué tipo de rango debieran tener?
Las mantendría en la Constitución. Nosotros, ciudadanos, les estamos dando nuestra autotutela y el monopolio de la fuerza. Y si les estamos dando tales atribuciones, necesitamos rayarles la cancha. Las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad deben tener rango constitucional.
