La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado aprobó en general el proyecto de ley que modifica los cuerpos legales en cuanto a transparencia, fiscalización y probidad de municipalidades y organizaciones.
Ahora, resta que se elabore el respectivo informe de la iniciativa para que sea analizada en la Sala de la Cámara Alta.
En concreto, el proyecto de ley se centra en exigir la transparencia y obligación de rendición a las instituciones privadas que reciben aportes, licitaciones o fondos públicos de parte de los gobiernos locales (municipios), regionales o pertenecientes a poderes del Estado.
Esta norma busca que la Contraloría General de la República tenga la facultad de fiscalizar el caudal público entregado a las entidades.
Además, en la Comisión de Gobierno han destacado la contribución del proyecto de ley a evitar la corrupción y los conflictos de interés.
«Hay una ampliación de la competencia de la unidad de control interno para las corporaciones y fundaciones municipales, que han sido foco de temas de corrupción. Creemos que acá dotamos a los municipios de herramientas eficientes y eficaces para darles más transparencia, prevención de corrupción y conflicto de intereses”, detalló la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos.
A juicio de la misma autoridad de Gobierno, la iniciativa que avanza en mayor probidad municipal se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Integridad Pública.
