El próximo lunes de 3 marzo, con el retorno de las funciones del Congreso, también se deberán retomar las conversaciones referentes a proyectos relacionados a la seguridad pública, tales como la Ley de Inteligencia del Estado, la Ley de Inteligencia Económica, el Reglamento de Uso de la Fuerza referente a Carabineros y las Fuerzas Armadas (RUF) entre otros proyectos.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde se refirió hace algunas semanas respecto a las prioridades legislativas del gobierno para el 2025 y mencionó el fast track de seguridad, afirmando que “se ha avanzado, pero todavía falta el último empujón a la ley que fortalece el Ministro Público y la que implementa la Fiscalía Supra territorial. También la ley de Inteligencia al Estado, la ley de Inteligencia Económica, Reglas de Uso de la Fuerza, Infraestructura Crítica, solo por citar algunos ejemplos”.
Fast Track de Seguridad: ¿qué queda pendiente?
El fast track legislativo es un documento que fue firmado por el Gobierno en abril pasado en el que se compromete la discusión de 31 proyectos relacionados con la seguridad pública. Este conglomerado de proyectos se concretó en un momento en el que la seguridad pública estaba atravesando un momento crítico en nuestro país. Desde ese momento, a casi 10 meses desde que se firmó el documento, solo se ha avanzado en 4 proyectos, de los 31 propuestos por el Ejecutivo.
Desde el oficialismo, existe consenso en que la seguridad seguirá siendo una prioridad en la agenda legislativa. El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, aseguró que “la seguridad sigue siendo el área más importante y lo será también para el próximo gobierno”.
En cuanto a los proyectos que retomarán su discusión con el regreso de las funciones del Congreso; previo al receso legislativo, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que crea el Sistema Nacional de Inteligencia, el cual fue priorizado entre el Gobierno y el Congreso en el marco de la agenda de seguridad.
Asimismo, en la Cámara Alta, en la Comisión de Defensa Nacional, se continúa con el análisis del proyecto de Infraestructura Crítica, mientras que el debate sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) continúa en las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad Pública.
En cuanto al RUF, la discusión se centrará en definir circunstancias y contextos en que el personal militar y de carabineros podrá hacer uso de su arma. Al respecto, el senador Pedro Araya (PPD), señaló hace unas semanas: “no hemos logrado un punto de acuerdo en ciertas situaciones”. Por lo que se espera que la discusión se centre en definir específicamente en qué situaciones las policías podrán utilizar este elemento.
Los 27 proyectos que están en trámite o stand-by dentro del parlamento, incluyendo las iniciativas mencionadas, hay un factor decidor respecto a la velocidad de su avance: dos tercios están en el Senado, pero ninguno se encuentra siendo revisado en la Comisión de Seguridad. Con esta definición de prioridades, el Congreso se prepara para un año intenso, donde la seguridad seguirá en el centro del debate, pero con la presión de avanzar en otras áreas sensibles para la ciudadanía.
Salud y educación: otras prioridades del oficialismo
Sectores dentro del oficialismo consideran que otras áreas también requieren atención prioritaria. En esa línea, Quintana (PPD) señaló que es posible avanzar en paralelo con proyectos como la eutanasia, destacando que se trata de una materia “transversal y necesaria”.
El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, coincidió en que la seguridad pública es un eje fundamental para este año legislativo, pero advirtió que el gobierno también debe enfocarse en “cumplir las promesas que aún no se han podido concretar”.
Desde el Frente Amplio, su secretario general, Andrés Couble, destacó que las prioridades del Ejecutivo reflejan las demandas ciudadanas, pero subrayó la urgencia de aprobar el proyecto que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior.
“Es importante que salga adelante para quitarle una pesada mochila de deudas a cerca de dos millones de familias y también al Estado, que debe desembolsar recursos para pagarle a la banca”, explicó Couble.
