- El lunes 12 el primer pleno del CC se dedicó a zanjar la conformación de las cuatro comisiones. Tres grupos de 12 miembros (Sistema Político, Función Jurisdiccional y Principios) y una de 14 integrantes (Derechos sociales, económicos, culturales y medio ambientales). En las tres primeras, la derecha en conjunto tiene ocho asientos y el oficialismo cuatro, mientras que en la otra la distribución de fuerzas quedó en nueve a cinco, respectivamente.
- Si bien esta conformación fue aprobada de forma unánime, la decisión no estuvo ajena a tensiones y gallitos entre la derecha y el oficialismo, por la insistencia de Republicanos y Chile Seguro que el bloque oficialista solo tuviera 3 asientos en la comisión de Sistema Político.
- La molestia era tal que los consejeros oficialistas (CS, PC, PS, RD y PPOO) decidieron en su momento rechazar en el pleno toda la propuesta de integración de las comisiones, lo que si bien no evitaría su aprobación -la derecha sola tiene todos los quorum- sí iba a “empañar” el inicio oficial del trabajo, haría debutar al pleno con un traspié y pondría en tela de juicio públicamente la “voluntad” real de la derecha de dialogar y lograr acuerdos.
- Finalmente se logró un acuerdo, la oposición quedó con 4 miembros en Sistema Político y el tema fue aprobado unánimemente (50 votos) por el pleno.
- Participación ciudadana. Durante la semana esta arista ha rondado como una sombra l CC, ya que hay preocupación por el nivel de impacto que han tenido los cuatro mecanismos establecidos para este objetivo, que ha sido menos del esperado. Estos son: Consulta Virtual, inscripción de Iniciativas Populares de Norma, solicitud de Audiencias Públicas y Diálogos Autoconvocados.
- De todos, la solicitud de audiencias públicas tenía un plazo muy acotado: vencía este miércoles 14 de junio. Por eso, el martes 13 hubo otro pleno donde se aprobó proponer al Congreso cambiar el Reglamento de funcionamiento del Consejo y ampliar en siete días dicho plazo.
- Las audiencias permiten -a personas representantes de grupos, organizaciones o comunidades- plantear puntos de vistas e insumos sobre cualquier aspecto del Ante Proyecto de Constitución que elaboró el comité de expertos.
- El Congreso aprobó el cambio en el reglamento, por lo que el plazo para inscribir audiencias públicas se alargó hasta el 21 de junio.
- Durante la semana, además, se hizo la advertencia pública de la necesidad de realizar una consulta indígena para este segundo proceso constitucional, debido a que hay artículos del anteproyecto que tendrían impacto en la vida y desarrollo de los pueblos indígenas.
- El consejero Alihuen Antileo hizo referencia al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que regula cuando una política pública o norma legal afecta a los pueblos reconocidos por los Estados.
- Convencionales oficialistas advirtieron que la ausencia de este mecanismo pone en riesgo la legitimidad de este segundo proceso constitucional, ya que deja abierta la puerta para que comunidades reclamen ante cortes internacionales.
- Ya la comisión experta, en abril, reconoció que no se contemplaba un proceso de consulta indígena por falta de tiempo, dado lo estrecho de los plazos, y que por lo mismo se generarían espacios de compensación en los mecanismos de participación ciudadana que tienen a cargos la Universidad de Chile y la Universidad Católica.
- La disminuida fuerza política que tiene el oficialismo en el CC (solo 16 escaños de 50) deja a sus consejeros con poco margen para incidir en el debate constitucional. Por eso, las bancadas del sector resolvieron apostar a las organizaciones civiles y la opción que presenten Iniciativas Populares de Normas, para marcar puntos en la discusión constitucional del CC.
- Las INP son propuestas de enmiendas al anteproyecto. Hay plazo hasta el 21 de junio para presentarlas, luego deben pasar el cedazo de la admisibilidad, y tras eso, se publicarán las seleccionadas para iniciar el proceso de recolección de firmas entre el 23 de junio y el 7 de julio. El umbral para ser debatidas por el CC es de 10 mil a nivel nacional, al menos de cuatro regiones distintas del país.
- Al cierre de este informe, se habían presentado 569 INP; había 1.200 peticiones de audiencia; unas 2 mil 800 personas han participado en todo el país de los diálogos ciudadanos y unas 5 mil 500 han respondido completa la consulta.
El debate en comisiones
- Las comisiones comenzaron a constituirse el martes, momento en que se eligieron a sus respectivos presidentes: Edmundo Eluchans (UDI) en Sistema Político; Antonio Barchiesi (republicanos) en Función Jurisdiccional, María de los Ángeles López (republicanos) en Principios, y el RN Germán Becker, en la de Derechos sociales y económicos.
- A partir del miércoles 14 comenzó el debate constitucional. En esta primera etapa las cuatro comisiones escucharon a los distintos expertos, quienes expusieron sobre las normas que se plasmaron en el ante proyecto.
- Dicho ante proyecto – que tiene 14 capítulos, 211 artículos y 47 disposiciones transitorias- es la base de discusión. El Consejo tiene un plazo de 40 días, que corren desde el 7 de junio, para hacer “indicaciones” a las normas propuestas en el texto de la comisión de expertos.
- Función Jurisdiccional. El miércoles 15 fueron expuestas en la comisión las normas del anteproyecto sobre Poder Judicial y el Banco Central.
- El ante proyecto propone un Poder Judicial con cuatro órganos autónomos: uno encargado de los nombramientos de sus integrantes; otro del ejercicio de las facultades disciplinarias; un tercero para la formación y el perfeccionamiento de jueces y funcionarios; y un último destinado a la gestión y administración del Poder Judicial.
- Con esto se hace una separación de lo jurisdiccional de lo no jurisdiccional, sin concentración de poder y precisando el rol de la Corte Suprema. Una fórmula que no convenció a toda la comisión de expertos y que desde la academia ya ha generado reparos.
- Sobre el Banco Central, el ante proyecto propone otorgar rango constitucional a sus funciones y que su objetivo sea velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos; regular la cantidad de dinero y crédito en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales, además de dictar normas generales en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales.
- Establece un Consejo del BC, con cinco miembros designados por el Presidente de la República por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda, y con previo acuerdo de las 3/5 partes del Senado. Estos durarán diez años en el cargo, pueden ser reelegidos y serán renovados, parcialmente, uno cada dos años.
- El presidente del Consejo será el mismo del BC, designado por el Mandatario entre los cinco integrantes del consejo y por un período de cinco años.
- En la semana los expertos también expusieron a la comisión el capítulo sobre la Corte Constitucional, que reemplazaría al actual Tribunal Constitucional (TC). Establece nueve integrantes, con al menos quince años de título de abogado, reconocida y comprobada competencia e idoneidad profesional o académica en el ámbito de sus funciones. Serán elegidos con un mecanismo de designación de carácter único y por el cual intervienen, primero la Corte Suprema, luego el Presidente de la República y finalmente el Senado para aprobar o rechazar.
- Derechos económicos y sociales. Las aristas relacionadas a los derechos a la salud, educación, seguridad social y huelga fueron, por ahora, los ejes del debate.
- Sobre el derecho a la salud, el ante proyecto mantiene la libertad de elección de prestadores; pero no hace referencia a las aseguradoras ni a las cotizaciones, lo que quedaría abierto al legislador, a diferencia de la Carta Magna actual. Debido una eso, varias de las preguntas de los consejeros giraron en porque no se consagró la libertad de elección del régimen en salud en el anteproyecto.
- Dado que no hubo acuerdo entre los expertos en el texto no se consagró la propiedad de los fondos de pensiones ni tampoco se limitó el derecho a huelga. En materia de educación, se consagra la gratuidad en la educación parvularia, básica y media, pero no se menciona la universitaria.
- Estos puntos serán precisamente los nudos del debate en esta comisión las siguientes semanas, hasta el plazo del 18 de julio, cuando se presenten las enmiendas.
- Sistema Político. El debate en esta comisión el miércoles se centró en la ausencia de escaños reservados para los pueblos indígenas, ya que el texto conmina al Congreso a promover mecanismos de integración, pero no lo obliga a una fórmula
- También se habló sobre la norma en la que se empalma la elección parlamentaria con la segunda vuelta presidencial. La razón de la comisión de expertos pasó por intentar promover una mayor capacidad de gestión del Presidente al contar con una mayoría parlamentaria robusta, que fortalezca la gobernabilidad.
- El jueves, los expertos expusieron sobre el capítulo VI sobre Gobierno y administración regional y local, donde la descentralización fue el foco del debate.
- La comisión experta, explicó, tuvo como objetivo terminar con las desigualdades entre los distintos territorios, para que exista a un acceso a los servicios públicos similar en todo el país. Plasmaron que el gasto público lo ejecuten los gobiernos regionales y locales, según sus deberes y responsabilidad.
- Se cuestionó la falta de una fórmula para incentivar el desarrollo de las zonas extremas y del reconocimiento de territorios especiales como Rapa Nui y el archipiélago Juan Fernández.
- Principios, Derechos civiles y políticos. Por decisión de la presidenta de la instancia, la republicana María de los Ángeles López, esta fue la única comisión que se limitó a escuchar la exposición de los expertos, sin espacio a preguntas, lo que recién harán la próxima semana.
- Los expertos pusieron el acento en normas como el artículo que consagra que “Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.
- También en el reconocimiento de los pueblos indígenas “como parte de la Nación chilena, que es una e indivisible”, a quienes “el Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
- Otro punto relevante fue el repaso de los Estados de Excepción. El anteproyecto mantiene los cuatro que hay en la Constitución actual: de asamblea, de sitio, catástrofe y emergencia.
- En el ante proyecto, además, “se prohíbe la pena de muerte” y se consagra el “derecho a la vida”. Ahí es factible que vía indicación o INP de añada “la protección a la vida del que está por nacer y la maternidad vulnerable”, tema relevante en la derecha y que para el oficialismo representa un retroceso.
