Comisiones temáticas
- Medio Ambiente y Modelo Económico. La comisión siguió hoy con el debate y votación de propuestas de normas para proteger la salud de las personas en la ejecución de actividades económicas, principios fundamentales, el derecho de los pueblos y naciones preexistentes a la tierra, territorio, recursos y bienes naturales, soberanía alimentaria y protección del bosque nativo.
- En ese contexto, se aprobó en general la nulidad “de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, mega proyectos de generación eléctrica” que estén en territorios indígenas cuando hayan sido otorgados o implementadas sin la debida consulta o consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas. La votación fue 11 votos a favor, 6 en contra – Jorge Abarca (INN), Rodrigo Álvarez (UDI) Trinidad Castillo (Colectivo Socialista), Bernardo Fontaine (RN), Pablo Toloza (UDI), Roberto Vega (RN)- y dos abstenciones (de Juan José Martin y Carolina Sepúlveda de INN).
- La propuesta de la norma añade que los permisos nulos serán reevaluados en un plazo máximo de dos años, con la debida consulta y consentimiento de las comunidades, que una comisión del Estado desarrolle una “política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados” y que se priorizará “la restitución de tierras que cuenten con espacios sagrados o de significación cultural”.
- La propuesta sobre defensa del bosque nativo pone límite a la actividad forestal, fue aprobada por 15 votos a favor y 3 abstenciones. También se aprobó – 14 a favor y 4 en contra- la norma transitoria que señala que “el Estado reconocerá y deberá mantener la superficie total de los bosques nativos existentes en Chile al entrar en vigencia esta Constitución, como patrimonio cultural y natural del país, inalienable, imprescriptible e irrenunciable, definido por medio de un catastro nacional con plazo máximo de un año, desde la entrada en vigencia de la presente Constitución”.
- La soberanía alimentaria -15 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones- es aquella entendida como “el derecho fundamental e inalienable de los pueblos a determinar libremente y poner en práctica sus propios sistemas alimentarios, así como a participar en los procesos de adopción de decisiones sobre la política alimentaria y el derecho a la alimentación, con el fin de proporcionar alimentos sanos, libres de contaminantes, diversos, nutritivos, culturalmente apropiados, suficientes, abundantes, accesibles y asequibles para todas y todos quienes habitan el país”.
- Además, establece que el Estado debe asegurar a “sus agricultores, pueblos y comunidades el derecho a la semilla que incluye el derecho de guardar, almacenar, transportar, intercambiar, dar, vender, reutilizar, conservar, mejorar, y recuperar las semillas como parte del resguardo y conservación de la biodiversidad y del patrimonio genético del país, dando apoyo y fomentando los saberes campesinos y ancestrales que hacen eso posible”.
- Sistema de Conocimientos. La comisión dividió y ordenó la votación en grupos temáticos: comunicación, culturales, digitales, patrimonio, propiedad intelectual o derechos de autor, rol del estado, libertades y otros conocimientos. De forma unánime se aprobaron el derecho a la comunicación y a la conectividad digital, la eliminación de la violencia digital, el rol del Estado para garantizar la participación de individuos, colectividades y pueblos en la vida cultural, artística y patrimonial, y la que reconoce y protege los derechos del autor sobre las creaciones o producciones literarias, artísticas o culturales.
- Principios Constitucionales. Se votaron 35 iniciativas de norma y 52 artículos, relacionados con principios y bases generales del Estado y principios fundamentales del Estado.
- Por 18 votos se aprobó que Chile “es un Estado de Derecho, fundado en el principio de la supremacía constitucional. Los órganos del Estado, sus titulares y sus integrantes deben someter su actuar a la Constitución, las leyes y a las normas dictadas conforme a ellas, siempre en la forma y dentro de los límites y competencias por ellas establecidos, debiendo garantizar el orden institucional de la República de Chile”.
- También se aprobó -por 13 vots a favor y 3 en contra- el ejercicio de la función pública, centralizada y descentralizada, que “obedecerá a los principios de probidad, imparcialidad, honestidad, ética laboral, publicidad, eficiencia y eficacia, y estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes”.
- Derechos Fundamentales. La comisión esta dedicada estos días a la deliberación de las normas sobre libertad de expresión; el derecho a la seguridad individual; derecho al debido proceso; libertad de emprender y desarrollar actividades económicas.
- Sistema Político. La comisión inició el debate sobre las cinco propuestas de normas que tienen relacionadas con establecer un Estado Plurinacional. Autores de tres de estas propuestas -Rosa Catrileo, Tania Madriaga y Hernán Larraín Matte- expusieron sus contenidos y respondieron las dudas de los convencionales.
- Catrileo recalcó que la posibilidad de autogobernarse de los pueblos originarios “no significa que no se nos va a aplicar la Constitución”; mientras que Madriaga puso el acento en que la plurinacionalidad implica una forma distinta de entender la democracia: “todos los pueblos tienen derecho a determinar la forma en que deciden gobernarse y la forma en que deciden sus proyectos para su vida en común”. Sobre la tercera propuesta que habla de interculturalidad, el convencional Larraín dijo que “no es solo el reconocimiento del Estado chileno respecto de los pueblos indígenas en la Constitución, sino también la del inicio de una nueva relación entre el pueblo chileno y los pueblos originarios”.
Roce entre la Suprema y la Convención
- Entre las propuestas de normas que el lunes votó en general la Comisión de Sistema de Justicia, se aprobó -17 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención- la de limitar la duración en el cargo de los ministros de la Corte Suprema a un máximo entre 10 a 15 años, como también la de los jueces de cortes de apelaciones y de primera instancia a ocho años, que se aprobó por 12 votos, 6 en contra y una abstención. Hoy, el límite de la carrera judicial es de la jubilación a los 75 años.
- La votación no pasó desapercibida en el máximo tribunal del país, el que hoy sacó una declaración pública, conversada en la reunión del pleno del lunes 24, redactada por el juez Sergio Muñoz y leída por su par, Ángela Vivanco.
- Argumentando cumbres y acuerdos internacionales de magistrados, la declaración de la Corte Suprema precisa que “un juez debe ser nombrado sin ninguna limitación de tiempo. Si un sistema legal proporciona una cita por un período limitado de tiempo, esto sólo podría ocurrir bajo condiciones previamente determinadas, siempre que la independencia judicial no esté en peligro”. Además pone el acento en que la carrera judicial “es una opción profesional. Las funciones de la magistratura poseen características profesionales que exigen conocimientos especializados adquiridos luego de largos años de experiencia y formación, como de permanencia en la institución, lo que puede implicar que en su desempeño corresponda trasladarse a diferentes zonas del país”.
- Si bien se reconoce la atribución de la Convención para determinar los años de permanencia de los jueces en los cargos, en la declaración se defendió la capacidad de renovación del sistema desde la reforma de 1998: “Se han realizado 53 designaciones, 7 de las cuales son consecuencia de la dictación de la reforma que incluye ministros externos y vacantes internas. 32 por vacantes relativas a cese de funciones, 5 a vacantes por fallecimiento y 9 por renuncia. Desglosado por año se puede extraer una cantidad de nombramientos de 2.12 por año”.
- A nombre del máximo tribunal del país, Vivanco aseguró que “la afectación de la independencia y de la inamovilidad de los jueces, no es un tema de privilegios judiciales, es un tema que resalta la protección de los derechos de las personas que concurren a los tribunales. Si contamos con jueces que son inamovibles e independientes el gran beneficiado es el administrado, aquel que es destinatario de sus decisiones, aquel que ha de acudir a los tribunales para la defensa de sus derechos”.
- Más allá de la declaración, en la corte consideran que la norma sobre los tribunales inferiores aprobaba en la Comisión de Sistema de Justicia atenta contra los principios de inamovilidad de los jueces y su independencia, ya que quedarían sujetos a presiones externas, que al acercarse el término de su mandato empiecen a fallar pensando en el siguiente paso de su vida laboral y evitar enemistarse con algún afectado por las posibles resoluciones.
- En la otra vereda, en la comisión defendieron la propuesta de norma aprobada asegurando que la independencia no estará en tela de juicio, ya que el objetivo es que la asignación de jueces se realice a través de un órgano técnico, en un proceso transparente y en base a altos estándares de mérito profesional. Esa seria, de hecho, la razón de ser de crear un Consejo Supremo de Justicia, iniciativa que también fue aprobada en general el lunes.
- La declaración de la Corte Suprema cayó como piedra en la Convención. Un grupo de convencionales de la comisión de Sistema de Justicia -Manuela Royo, Mauricio Daza, Fernando Atria y Hugo Gutiérrez- hizo un punto de prensa en la tarde para acusar la “intromisión indebida” del máximo tribunal y sentenciar que representa “uno de los peores ataques a la autonomía de la CC desde su instalación”. Ya se le pidió a la mesa que lidera María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez que evalúe reprochar públicamente la actitud del máximo tribunal del país.
Consulta indígena
- Luego que la mesa de la Convención confirmara este lunes que se va a iniciar el proceso de Consulta Indígena, el cronograma de este proceso establece que concluido el plazo de difusión que se inició esta semana, partirá el 14 de febrero, terminará el 4 de marzo, abarcará 4 mil 158 comunidades y 2 mil 916 asociaciones indígenas.
- El costo aproximado para el desarrollo de estos 19 días de proceso bordea los $1.400.000.000, desglosado en las remuneraciones para unos 444 facilitadores, 415 digitadores, 410 moderadores, además de combustible y colaciones. Desde la Convención ya se realizan las gestiones con la Dirección de Presupuesto para obtener estos recursos.
- Los encuentros con las comunidades y asociaciones indígenas podrán autoconvocarse o por los convencionales, de manera presencial o telemático. La discusión -debe respetar las formas y cultura de cada pueblo- se guiará en base a un documento que elaboró la Comisión de Derechos Indígenas de la CC sobre principios como plurinacionalidad, buen vivir y libre determinación; derechos colectivos de los pueblos originarios sobre tierras, recursos naturales, vivienda, autogobierno y no discriminación; además de un paquete de preguntas para proponer normas, incorporar más derechos y si falta abordar alguna temática relevante.
- Concluida la fase de la consulta, hasta el 25 de marzo la Secretaría Técnica de Participación Popular y Consulta Indígena de la Convención tendrá que sistematizar la información obtenida, para proceder ahí a “recibir, elaborar, debatir y formular normas e indicaciones relativas a los derechos de los pueblos indígenas, sus garantías e instituciones, respetando estrictamente los acuerdos a los que arribe con los pueblos”. Entre el 28 de marzo y el 4 de abril se deben entregar los resultados del proceso.
- Iniciativa Popular de Norma. Desde la Convención se informó que ya fueron revisadas las 6.105 propuestas populares ingresadas a la plataforma digital. Están publicadas -para el proceso de recolección de 15 mil firmas de apoyo para su tramitación- un total de 2.503.
- Un total 580 mil 383 personas han ingresado a la plataforma de la Convención para patrocinar iniciativas populares. Una persona puede firmar hasta por siete propuestas distintas y a la fecha se han entregado 1 millón 271 mil 520 patrocinios.
- Ya son 20 las iniciativas populares de norma que han logrado el umbral mínimo de 15 mil firmas para ser debatidas y votadas en las comisiones y el pleno de la Convención. La última que cumplió con ese requisito hoy fue la iniciativa popular que establece la “Inhabilidad para ejercer cargos públicos para personas condenadas por corrupción”.
