A fines del año 2014, durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, el Ejecutivo presentó a la Cámara de Diputados un proyecto para fortalecer el sistema democrático y en ese contexto, en mayo del año siguiente introdujo una indicación –conocida como el artículo 32 ter- a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares, que establecía la prohibición de “divulgar resultados de encuestas de opinión pública referidas a preferencias electorales, hasta el cuarto día anterior al de la elección inclusive”.
El argumento de La Moneda entonces fue que quería que el contenido de las campañas de los candidatos fuera lo que influyera en el voto del electorado, “y no las tendencias de coyuntura, que es lo que ocurre con las encuestas, evitando así la injerencia innecesaria en el periodo electoral”.
La propuesta fue respaldada en la Cámara de Diputados, pero modificada en el Senado, ya que se aprobó una indicación del entonces senador DC, Andrés Zaldívar, de extender el plazo de veda a quince días antes de los comicios. La prohibición es de difusión en los medios de comunicación y, es el Servicio Electoral quien fiscaliza que nadie incumpla la legislación, arriesgándose a multas de 10 a 200 UTM aplicables al director, como al medio mismo.
Así, igual que en las elecciones desde entonces, para esta segunda vuelta presidencial ya estamos bajo la “veda de encuestas” desde el 4 de diciembre. El punto es que eso no ha surtido mucho efecto.
Los medios de comunicación efectivamente estos días no han publicado resultados de encuestas, pero por redes sociales, especialmente en WhatsApp, solo el último fin de semana han circulado al menos cuatro nuevos sondeos de opinión, con probables resultados, todos vaticinando un empate. Las notas de los medios han recogido esa situación, sin poder citar a las fuentes. Debido a dicha legislación, Alertaley no puede citar las encuestas de Cadem, Atlas, Black & White y la Cosa Nostra que han llegado a su poder.
Más aún, como la encuesta prohibida genera cierta adrenalina, a alguien se le ocurrió la maldad de inventar una falsa encuesta Cadem que habría medido el debate. Dado el ambiente polarizado y cierta adicción a la posverdad en personas de ambas candidaturas, no descartamos que surjan más banderas falsas como aquella.
El problema es que la norma olvida que las redes sociales se han transformado en una plataforma muy potente de difusión de información, no por nada representan para la mayoría de los medios la principal puerta de acceso a sus contenidos propios. También olvida que hoy la verdadera conversación política sobre las elecciones pasa por las redes sociales, por Facebook, Twitter, WhatsApp, no por la nota que publica El Mercurio con los resultados de Cadem.
Es cierto que el último tiempo las encuestas les ha costado acertarle a los resultados y, eso es porque estamos en un mundo distinto respecto al comportamiento de las personas, donde la desconfianza es la música más escuchada por quienes hacen investigación social. Pero también sucede porque la gente toma sus decisiones más allá de lo que les diga una encuesta.
No fueron los sondeos los que determinaron la derrota brutal de Daniel Jadue en las primarias del pacto Apruebo Dignidad. Fueron los errores cometidos por el propio candidato, en el último tramo de la campaña, sobre todo, lo que lo hizo fracasar en una elección que tenía en el bolsillo. Lo mismo sucedió con Karina Oliva o Joaquín Lavín.
Es cierto que los sondeos publicados en los medios de comunicación generan agenda, que existe el llamado efecto “vagón ganador”, pero según los entendidos el porcentaje que vota influido por eso oscila entre el 2% y el 4%, es marginal.
La realidad otra vez ha superado a la norma, una que en este caso envejeció mal y rápidamente, en solo unos años, quedó descontextualizada. Es tarea del nuevo ejecutivo y el nuevo Congreso derogar esa ley, que es claramente una mordaza al libre ejercicio de la prensa y de la libertad de opinión, y termina siendo mal utilizada por profesionales de la mentira.
