- Nunca fue un proceso fácil. Desde el principio la consulta indígena estuvo rodeado de tensiones, fuertes discrepancias entre los propios convencionales de escaños reservados, retrasos, dudas y problemas de financiamiento.
- Pero a pesar de las dificultades, la consulta era una obligación legal para la Convención y su no realización ponía en jaque la legitimidad del proceso constituyente. El año 2008 Chile ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales -entró en vigencia en septiembre del 2009-, por lo que el Estado debe consultar “a través de sus instituciones representativas y procedimientos apropiados, de conformidad con sus características socioculturales”, las medidas legislativas y administrativas que puedan afectar a los pueblos originarios.
- Tras meses de tiras y afloja, finalmente el 26 de enero la mesa de la Convención -recién liderada por María Elisa Quinteros- lanzó oficialmente el proceso de consulta, en una ceremonia en la terraza Neptuno del Cerro Huelen-Santa Lucia.
- Tras la etapa de difusión que partió ese día, la consulta se realizó entre el 14 de febrero y el 4 de marzo, con la participación de los pueblos chango, colla, aymara, quechua, rapa nui, kawésqar, lickanantai, mapuche, sel’knam y yagán.
- Desde ese momento se sabía que el proceso se realizaba contra reloj, que los plazos eran muy estrechos, para que las conclusiones de la consulta efectivamente puedan ser sistematizadas en propuestas de normas y votadas por el pleno de la Convención, antes que el borrador de la nueva Constitución ya esté elaborado. Así y todo, se hablaba entonces de una participación cercana a las 18 mil personas.
- Esta semana, la secretaría de Participación y Consulta Indígena de la Convención entregó un informe preliminar del proceso: participaron 7 mil 549 personas, se realizaron 451 reuniones presenciales y telemáticas y se usaron 162 formularios.
- A pesar de las cifras, la secretaria de participación consideró exitoso el proceso. En la Convención apelaron a que la consulta tuvo un despliegue de 19 días, que el gasto con cargo a la CC fue de solo $270 millones ($32 millones para traslados y alimentos y $236 millones en honorarios), y que se contó con la colaboración de municipios, gobiernos regionales y privados.
- La presidenta Quinteros precisó esta semana que ella prefiere quedarse con lo positivo del proceso: “Hay un esfuerzo enorme de todas las y los hermanos de los pueblos que están más allá de esta comisión y de la secretaría (…) por supuesto hay que hacer el mea culpa y no debe ser un ejemplo para futuras consultas, sin embargo, es lo que teníamos en relación a los tiempos y creo que la autodeterminación que tuvieron los distintos pueblos pudo sacar adelante esto”.
- Lo cierto es que, entre los escaños reservados, la comisión de derechos indígenas y la secretaria de participación hay cierta molestia, porque consideran que la consulta no cumple con los parámetros, el tiempo fue demasiado breve, se eligió mal la fecha, porque coincidió con la época “de carnaval” -reza el informe preliminar- de algunas comunidades, faltó organización y se registraron reclamos por la ausencia de una bajada de mejor información para explicar bien las temáticas de la consulta.
- Dado el bajo nivel de participación, en el informe se precisa que se priorizó «enfocarse en el mundo activo indígena, que están agrupados en organizaciones, comunidades» para darle legitimidad a la consulta.
- En sectores de la derecha de la Convención han cuestionado ese punto del documento, porque critican que se refiere básicamente a “activistas indigenistas y amigos de los escaños reservados”, que no representan la mirada amplia de los pueblos originarios.
- Entre expertos en el tema indígena y conocedores de los procesos anteriores de cultas, explicaron es evidente que el proceso se hizo “para cumplir” y que era una crónica anunciada sus magros resultados.
- Sin embargo, dadas las condiciones de poco tiempo y recursos, agregaron que el escenario no es tan malo y, que el problema de la legitimidad se subsana correctamente si entre esos 7 mil participantes hay un grueso de autoridades ancestrales, líderes locales y lonkos, que si son figuras representativas para los pueblos originarios.
- Las conclusiones. En el informe se reseña los temas prioritarios que arrojó la consulta, como la representación efectiva frente al Estado; libre acceso al maritorio; endurecimiento de la normativa ambiental; reconocimiento de autoridades tradicionales, escaños reservados en los órganos del Estado, autonomía, acceso a educación pluralista, resguardo a la cultura, respeto a la cosmovisión de los pueblos y derechos sobre la vivienda.
- El documento precisa que estos temas dejan en evidencia que “los distintos pueblos participantes en la consulta sienten una deuda de parte del Estado y las instituciones” y que, por lo mismo, debería estar contemplado y zanjado en una nueva Constitución. Añade que hay una valoración especial al reconocimiento constitucional “a los territorios indígenas, y que tanto la cultura como la tierra sea reconocida formalmente por las instituciones y autoridades de gobierno”.
- Ahora la secretaria tiene plazo hasta el 4 de abril para sistematizar las conclusiones, traducirlas en propuestas de normas o indicaciones a los artículos que ya se trabajan en las respectivas comisiones temáticas, para que sean incorporadas en los respectivos informes y votadas por el pleno de la Convención, donde requieren -igual que todas las iniciativas- de un quorum de 2/3 (103 votos) para su aprobación.
