Desde enero que en los pasillos de la Convención se comentaba que el informe de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico se “iba a caer” en el pleno. Dicho y hecho. En la larga jornada del pleno de este jueves 3 de marzo, fue rechazado el 85% de las propuestas, es decir, de 38 artículos y 2 transitorios, solo 6 normas lograron reunir los 103 votos mínimos para ser aprobadas.
Las críticas del último mes al tenor poco realista de las iniciativas que se estaban aprobando en la instancia, no solo generaron criticas fuera de los muros de la CC o en la derecha, sino que traspasaron a sectores de centro y centroizquierda del organismo. Y eso se plasmó en las votaciones.
El pleno partió a las pasadas las 15:00 horas. Fueron cinco horas de un tenso debate, donde quedaron claras las discrepancias que generaba el informe de comisión que contenía artículos sobre crisis climática, derechos de la naturaleza, bienes comunes naturales, derechos de los animales, principios ambientales y democracia ecológica.
La votación comenzó a las 22:00 horas. El primer artículo sobre crisis climática y ecológica en debate fue aprobado por 110 votos a favor, 26 en contra y 13 abstenciones y señala que el Estado reconoce la existencia de esta “como consecuencia de la actividad humana” y que debe “desarrollar acciones y adoptar medidas en todos los niveles para la gestión de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica, en función de los principios de acción climática justa, progresividad y no regresión, justicia intergeneracional, los derechos de los pueblos indígenas y la Naturaleza, y los principios establecidos por la Constitución y las Leyes”.
Tras el rechazo de los artículos 2,3 y 4, el pleno aprobó por 108 votos a favor y 43 en contra, el artículo 5 sobre derechos de la naturaleza, que propone que el Estado debe garantizarlos y promoverlos, “debiendo realizar todas las medidas necesarias de precaución, reparación, restauración y regeneración cuando exista o haya riesgo de degradación o daño ambiental. La restauración de la naturaleza comprende adoptar las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas de la actividad humana. La ley establecerá las instituciones y normativas necesarias para resguardar estos derechos, asegurar la participación ciudadana y la consulta indígena”.
Luego vino una seguidilla de votaciones en las que uno a uno se caían los artículos, siendo rechazados desde el 6 al 22, como el de tutela que permitía que “toda persona, comunidad, pueblo o nación preexistente podrá actuar en representación de la Naturaleza para el resguardo de sus derechos”, y todos los relacionados con la definición de bienes comunes y su uso, además de un régimen especial de titularidad colectiva de los pueblos originarios sobre estos.
Sí se aprobó -por 103 votos a favor, 28 en contra y 20 abstenciones- el artículo 23 sobre derechos de los animales, que establece que el Estado debe protegerlos y reconocer “su sintiencia, individualidad y derecho a vivir una vida libre de maltrato. La ley establecerá los demás derechos de los animales, un servicio público para su protección y no extinción, una acción para su tutela, el resguardo de su hábitat y la prohibición de prácticas que los sujeten a tratos crueles”.
Otra ronda de siete votaciones, en la que se rechazaron los artículos desde el número 26 al 32, referidos a restauración de zonas históricamente afectadas por contaminación, destrucción o agotamiento de los bienes comunes naturales; principios ambientales, comunidades resilientes y delitos ambientales (75 votos a favor) que los establecía como “imprescriptibles y sancionados en conformidad de su gravedad según las acciones civiles, administrativas o penales que disponga la Ley”.
El artículo 33 fue aprobado por 103 votos a favor, 34 en contra y 16 abstenciones, que reconoce el “derecho de participación vinculante e incidente en la toma de decisiones ambientales” y sus mecanismos de participación serán determinados por ley.
Se rechazaron los tres siguientes artículos, sobre ratificación de autorización a actividades que requieran de evaluación ambiental (67 a favor) y el de derecho de consulta y consentimiento de los pueblos indígenas (62 votos a favor).
Ya cerca de las 23:30 horas, se aprobó -106 votos a favor, 33 en contra, 14 abstenciones- el artículo 37 sobre el derecho de acceso a la información ambiental: “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información ambiental pública, que conste en poder o custodia del Estado, y de las empresas, instituciones y organismos que presten servicio al Estado”.
En las últimas tres votaciones de la noche, se cayeron el 38 sobre justicia ambiental (solo 70 votos) y los dos transitorios, que creaba un servicio para la crisis climática (58 votos) y un catastro de vertederos (55 votos).
Los seis artículos aprobados en general serán votados en particular en la sesión del pleno de este viernes 4 en la tarde, mientras que los 34 que fueron rechazados, vuelven a la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, donde deben recibir indicaciones, ser nuevamente discutidos y modificados, para ser votados nuevamente en el pleno.
Tras la derrota en el pleno, la coordinadora de la comisión Camila Zárate (Pueblo Constituyente), evidenció su molestia y decepción: “Hemos tenido un asedio mediático importante y también a las empresas haciendo una y otra nota sobre lo que pasa y no pasa en esta comisión, porque sabemos que estamos moviendo el modelo económico asociado a la protección ambiental”. El otro coordinador, Juan José Martin (INN), añadió que “nosotros somos, por cierto, la primera generación de activistas ambientales y socioambientales que llega a un espacio de toma de decisiones tan importantes como este. Esta, por supuesto, es la primera oportunidad que tenemos como sociedad y como país de poner estos temas sobre la mesa en materia ambiental”.
