- Todo menos tranquilas han sido las semanas y días previos a la histórica ceremonia de instalación de la Convención Constitucional (CC), que se realizará este domingo 4 de julio a las 10 de la mañana en los patios de la sede del Congreso en Santiago.
- La Lista del Pueblo convocó a las 8:15 horas del domingo 4 en Plaza de la Dignidad a organizaciones sociales y la ciudadanía a “La gran marcha constituyente”, la que atravesará el centro de Santiago hasta la sede del Congreso en calle Compañía con Morandé. El objetivo es rendir un homenaje a las víctimas del estallido social y los presos políticos de la revuelta de octubre, que sus 27 constituyentes juren ante la gente y luego lideren la marcha hasta la ceremonia oficial. Ya advirtieron: si Carabineros reprime a la ciudadanía ese día, pedirán la suspensión de la ceremonia o lisa y llanamente se retirarán de ella.
- Si bien La Moneda ya tiene establecido un plan de anillos de seguridad para la sede del Congreso en Santiago, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, optó por poner el foco en el ámbito sanitario, dado el escenario de pandemia y la cuarentena que rige los fines de semana: «Entender que estamos en pandemia y por lo tanto, tomar las máximas medidas para evitar el riesgo de contagio por Covid-19 (…) nosotros no podemos evitar que la gente se convoque espontáneamente, lo que sí, vamos a resguardar las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria de todas maneras. Esto, imagino, va a ser en un espacio abierto, por lo tanto, el riesgo en el sentido cae», afirmó este jueves en Radio Duna.
- El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, agregó que “el gobierno tiene una responsabilidad que va mucho más allá de un solo día (…) mucho se habla del domingo 4, pero el rol que tiene el gobierno con respecto a asegurar y dar garantías a la libre deliberación, a un debate sano, oportuno y sin presiones, eso al menos, dura nueve meses más. Y también tenemos que asegurar el orden público, la seguridad en los perímetros, que puede ser este domingo, pero también en cualquier otro día que sesionen. Por lo tanto, la responsabilidad que tiene el gobierno está en esa línea”.
- Ante la presión latente, el gobierno otra vez sacó la carta sanitaria e intentó poner el foco en el anuncio de una resolución sanitaria especial para la Convención. El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, informó que los constituyentes deberán cumplir con distanciamiento social, serán sometidos a test antígeno (con resultado en 40 minutos) en sus regiones o al llegar a Santiago, control de temperatura, se les entregará un kit sanitario y se instalará una carpa en el patio del Congreso para la realización de la ceremonia.
- La Moneda camina en campo minado en relación a la Convención Constitucional. Cada paso y decisión han generado fuertes resistencias entre el grueso de los constituyentes. Desde el equívoco intento del Presidente, Sebastián Piñera, de intentar “pautear” contenidos del debate constitucional como la ceremonia misma, en vez de limitarse a emitir el decreto de convocatoria que lo obligaba la ley, hasta la polémica figura del secretario ejecutivo de la CC, Francisco Encina, designado por la Segpres y sobre quien ya pesa una petición de renuncia de parte de los constituyentes de los pueblos originarios por su falta de diálogo y negativa para acceder a requerimientos puntuales vinculados a la ritualidad de los pueblos Mapuche, Aymara y Chango.
- En una declaración pública esta semana, explicaron que “desde el momento de nuestra elección como constituyentes hemos realizado reuniones y comunicaciones con el gobierno de Chile, en especial con don Francisco Encina Morales, para efectos de poner a su disposición los requerimientos individuales y colectivos que tenemos (…) se comunicó la negativa a todas nuestras peticiones por parte del señor Encina (…) por todo lo anterior exigimos la renuncia inmediata del secretario ejecutivo de la Convención Constitucional (…) que el Estado de Chile, a través del gobierno, nombre a un nuevo secretario (a) ejecutivo de comprobada idoneidad (…) se cumplan nuestros requerimientos de manera inmediata”.
- En el mismo texto advirtieron que “de no cumplir con esto se pone en riesgo la asistencia y participación de las primeras naciones en la ceremonia de instalación”.
- La ceremonia en sí también ha generado tensiones. El decreto presidencial estableció que será Carmen Gloria Valladares, secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, quien leerá el Acta de Proclamación de los 155 convencionales constituyentes y les preguntará “si aceptan asumir y ejercer el cargo en conformidad al Capítulo XV de la Constitución”, la norma que dio vida al proceso. Un sector de los constituyentes -independientes y Lista del Pueblo- han anticipado su resistencia a regirse por el Capítulo XV, argumentando la plena autonomía de su cargo.
De no mediar problemas en la ceremonia inaugural -suspensión, atraso o ausencias de una parte de los constituyentes que ponga en tela de juicio el quorum de mayoría absoluta de 78 convencionales- los primeros temas a definir por la Convención Constitucional no son menores ni tampoco fáciles: quien será el presidente de ésta, sus vicepresidentes, el carácter paritario de estos cargos y establecer su sistema de trabajo: presencial, semipresencial, días de funcionamiento, teniendo que cuajar las disimiles realidades de los 155 integrantes, antes de entrar de lleno a la batalla por el reglamento.
