En conversación con Alerta Ley, Francisco Moreno, candidato por el distrito 8, planteó que la Convención no puede convertirse en una anatema de la Constitución del 80 ¿Tú compartes esto?
El estallido social, la revuelta popular, nos dejó claro que necesitamos profundas transformaciones de nuestro marco constitucional. Esto no quiere decir que hay que desconocer toda una tradición constitucional del país, pero eso no nos vincula a la Constitución del 80. De hecho, una de las garantías de la hoja en blanco es que podamos empezar una nueva forma de restructurar el Estado y de concebir la democracia desde una perspectiva democrática.
La Constitución del 80 tiene este ADN dictatorial del que nos tenemos que separar. No quiere decir que desconozcamos el pasado institucional: hay que hacer una revisión retrospectiva e introspectiva hacia dónde tenemos que avanzar considerando las experiencias pasadas.
En tu programa tienes una frase que dice: “La democracia no se agota en el ejercicio del derecho al voto, sino que debe profundizarse con una participación decisiva e incidente de la ciudadanía”, ¿a qué te refieres con “decisiva e incidente”? ¿en qué estructuras políticas estás pensando?
Efectivamente, como parte de mi programa está el profundizar la democracia y eso tiene varios aspectos. Uno es generar mecanismos de democracia participativa, que son justamente mecanismos de participación ciudadana incidente, en el sentido de que sean efectivas y conducentes a influir la toma de decisiones. Existen dos tipos de participación ciudadana la democracia directa: plebiscitos, referéndum, abrogación o derogación de ley y los mecanismos de deliberación ciudadana: consultas populares, iniciativa popular de ley, audiencias públicas y otros mecanismos que le permiten a la ciudadanía expresar sus opiniones.
Es importante reconocer estos mecanismos y asumir el desafío de incorporar dos enfoques en el diseño. Uno es la perspectiva territorial, es decir, que estos mecanismos no sean pensados solo a nivel central, sino que tengan relevancia a nivel de las municipalidades y a nivel regional, esto sobre la lógica que los territorios son muy diversos y las políticas publicas deben tener pertinencia territorial. El otro enfoque es el de grupos desaventajados o históricamente discriminados, excluidos u oprimidos. Las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes. Estos grupos presentan obstáculos particulares para participar de la vía política del país, que la constitución debe atender.
¿Cómo debieran ser los plebiscitos consultivos? ¿Todo es plebiscitable?
Hay temas que no pueden ser entregados a la decisión de la mayoría y uno de esos temas, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la protección de derechos humanos. Aquellas cuestiones que impliquen una vulneración de los derechos humanos no pueden plebiscitarse. Ejemplos de esto pueden ser si se decidiera plebiscitar sobre la amnistía de las violaciones de los derechos humanos ocurridos en el estallido social, la prohibición del matrimonio homosexual o realizar tortura en ciertos casos. La prohibición de la tortura es absoluta. También pasa con la pena de muerte. Entonces, las cuestiones que son vulneratorias a la luz del derecho internacional no son plebiscitables y nos arriesgan a incurrir en responsabilidades internacionales.
Tú planteas que la nueva Constitución debe garantizar los derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido ¿qué cambios harías? ¿qué propones?
Esa discusión es compleja porque el mandato de protección que se establece al que está por nacer en la Constitución no es una protección absoluta y por eso se declaró constitucional el proyecto de ley de las tres causales. Desde esa perspectiva se ajusta también a los estándares internacionales en la materia. La Corte Interamericana ha dicho que la protección del que está por nacer es gradual e incremental, es decir, descarta que sea absoluta.
¿Debería quedarse la Constitución tal cual está o piensas que puede construirse un consenso y llegar a los 2/3 necesarios para conseguir un acuerdo en los puntos que planteas?
Me parece importante que cuando redactemos la protección del derecho a la vida – un derecho que asiste a las personas desde el nacimiento- y si se va a establecer un mandato de protección, se entienda que es de protección gradual e incremental, no absoluta, a la luz de los estándares internacionales. Establecer una legislación sobre el aborto legal, ya sea por causales o por plazos, es una definición que le compete al legislador como regularlo, pero no podemos tener una regulación constitucional que impida el debate respecto de la despenalización del aborto y del aborto legal porque impediría el ejercicio de derechos de las mujeres, como el derecho de autonomía, de la salud, a la vida, entre otros.
En este tema en particular, la derecha se va a oponer o va a tratar de no innovar e incluso querrán dejar una clausula que pueda ser un poco más dura. ¿Cómo se construye un acuerdo ahí?
La discusión sobre el aborto será relevante y van a estar todos muy preocupados de lo que queda y lo que no. Esta discusión no se agota en cómo consagremos el derecho a la vida, sino que también vamos a tener que debatir y llegar a consensos en torno a la consagración, por ejemplo, al derecho a la autonomía personal y la consagración de los derechos sexuales y reproductivos. Hay constituciones Latinoamericanas que reconocen en términos genéricos los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas.
¿Cuánto crees tú que se demore la discusión del reglamento y qué cosas debe resolver?
El reglamento va a tener que resolver todos los aspectos del funcionamiento de la Convención Constitucional. Si va a funcionar por comisiones o no, cómo va a ser la integración de esas comisiones, si van a funcionar con presidencia. Vamos a tener que ver si queda regulado dentro del reglamento de la Convención esta comisión técnica que se establece como órgano consultivo de asesoría de la Convención Constitucional.
Yo estoy por establecer normas que puedan regular ciertas cuestiones del funcionamiento con el objeto de incluir la perspectiva de género, como los horarios, la integración paritaria en las comisiones, mecanismos de participación ciudadana, entre otras cosas.
Ahora respecto del quórum, vamos a tener que pensar en mecanismos de resolución de controversias dentro del reglamento de la Convención Constitucional. Ahí tendremos el primer conflicto.
¿Por cuál línea te inclinas tú en el tema reglamentario, aceptar la ayuda técnica del gobierno o hacerlo de manera autónoma?
La Convención en su reglamento tiene que ser lo más abierta posible, abrir la puerta a que todos los actores relevantes puedan entregar su opinión. Eso no quiere decir que el gobierno pueda tener incidencia en la labor de la Convención Constitucional porque esta misma tiene que cautelar su autonomía. Hay que hacerlo con apertura, con transparencia velando siempre la independencia de la Convención. Si tú ves en términos de asesoría técnica, por ejemplo, las Comisiones del Congreso cuentan con la Biblioteca del Congreso Nacional cuando quieren pedir informes, pero eso no puede venir de parte del Gobierno porque va a contaminar políticamente el trabajo constitucional.
Una de las cosas que tiene la Constitución del 80 es que le da un tremendo valor al derecho de propiedad, pero tú estás más bien por una Constitución que ponga ese derechos en igualdad de condiciones con otros.
Lo que dice el derecho a la propiedad en la Constitución actual es que hay una desproporción en cuanto a la mayor significación del derecho a la propiedad. No pasa con otros derechos, a manera de ejemplo el derecho de educación no está protegido por el recurso de protección a ese nivel. Así, cuando algún estudiante era sacado de un establecimiento de manera arbitraria o cuando se expulsaba a una alumna por estar embarazada, se recurría de protección invocando el derecho de propiedad sobre la calidad de estudiante.
El derecho a la propiedad debe ser hay que reforzado desde la perspectiva de su función social de la propiedad. Un buen modelo es Constitución alemana que plantea que no solo hay una función social de la propiedad, sino que la propiedad obliga. Y por otra parte, hay que establecer un límite ecológico a la propiedad, no solamente como está expresado hoy, sino considerando que la protección del medio ambiente debiera ser un eje transversal de toda la Constitución, y no solo referido a contaminación. Debemos pensar en la protección de los ciclos naturales, hacer un cambio en el modelo de desarrollo y eso implica transitar de este modelo extractivista hacia uno en el que se utilicen de manera racional los recursos.
¿Estás por dejar a nivel constitucional que haya limitaciones a la minería?
Hay constituciones que establecen el concepto de desarrollo sustentable que incorpora justamente el uso racional de los recursos, incorpora otros elementos para tener claro que el desarrollo económico tiene como condición también la protección del medio ambiente, no es un obstáculo al crecimiento económico, sino que es condición.
Pese a la normativa que tenemos, la Constitución actual permite que existan zonas de sacrificio. Entonces si nosotros incorporamos el medio ambiente como un eje central de la Constitución, vamos a tener que establecer ciertos principios. Por ejemplo, el principio de solidaridad intrageneracional, equidad territorial que justamente impediría que existan zonas de sacrificio; justicia ambiental, que implica el acceso a la información, la participación en materia medioambiental, el efectivo acceso igualitario a la justicia ambiental.
Pareciera que todos quieren incorporar derechos, sin ver que implicará un mayor gasto fiscal, ¿crees que el asunto presupuestario es un tema de los constituyentes?
Las discusiones que se den a nivel Constitucional tienen que hacerse con cierta responsabilidad fiscal. Comprometerse con un Estado social y democrático de derecho implica también mayor justicia tributaria, es decir, para dar sustento a nuestro sistema social y democrático de derecho, vamos a tener que revisar nuestro sistema tributario.
Los cambios que haya que hacerle al sistema tributario para financiar los derechos de la nueva Constitución, es algo que le va a tocar al legislador, sin perjuicio de que a nivel constitucional tienen que haber ciertas orientaciones. Los sistemas que van a permitir la realización del derecho a la educación, salud, previsión social y a la seguridad, deben basarse sobre los principios de solidaridad y redistribución.
Tú catalogas al Tribunal Constitucional como “inútil”, ¿qué estás pensando para reemplazarlo?
El Tribunal Constitucional como funciona hoy está deslegitimado y hay que revisar su composición y sus funciones. Me parece que la justicia constitucional es relevante, la pregunta que se va a plantear en la Convención Constitucional va a ser si radicamos la justicia constitucional en la Corte Suprema o en un nuevo órgano de justicia constitucional.
Yo me inclino por la idea de crear una nueva Corte Constitucional. De hecho, le cambiaria el nombre por un tema simbólico. Creo que como país nos merecemos un nuevo órgano que no esté vinculado al que existe actualmente.. Es imprescindible es eliminar el control preventivo de las leyes, y eso es lo que ha convertido al Tribunal Constitucional en una Cámara restándole poder al Congreso.
