Las diputadas Camila Rojas (Comunes), Camila Vallejo (PC) y Gonzalo Winter (CS) impulsarán una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa. Los congresistas denuncian entre otros temas, la falta de financiamiento en establecimientos educacionales públicos y las condiciones de agobio, sobrecarga laboral, de docentes y asistentes de la educación en pandemia.
“Nosotros no estamos estudiando presentar una acusación, nosotras vamos a presentar una acusación constitucional, ya tenemos redactado un texto para ello, lo que se concretará durante la próxima semana” anunció la diputada Camila Rojas (Comunes).
La legisladora aseguró que “hay un abandono evidente por parte del gobierno y del ministro de Educación. Detectamos una serie de situaciones que constituyen infracción al derecho a la educación y que afectan el aprendizaje de niños y niñas. Por ejemplo, la falta de nueva regulación hizo que muchos establecimientos recibieran en 2020 menos recursos que en un año normal, incluso tenemos casos de escuelas sin financiamiento. Chile es uno de los pocos países que no invirtió más en educación en pandemia, cuando muchos niños, niñas y adolescentes ni siquiera tienen acceso adecuado a la conectividad”.
Para la diputada comunista, Camila Vallejo, explicó que “esa falta de apoyo económico ha afectado seriamente el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, además de complicar más la situación de trabajadores y trabajadoras de la educación. Esto, de la mano con la presión indebida por el retorno a clases presenciales viene a configurar un escenario para una Acusación Constitucional, no solo por negligencia y abandono de deberes, también por forzar a las comunidades educativas a un retorno a clases presenciales poniendo en riesgo la salud de las comunidades”, agregó la diputada del PC Camila Vallejo
En paralelo, el diputado Juan Santana (PS) informó que la bancada del Partido Socialista también va a llevar a pedir una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, en este caso, por insistir con el regreso presencial a clases. El legislador miembro de la comisión de Educación acusó que “el ministro ha expuesto gravemente la salud de estudiantes, profesores y asistentes de la educación. Con sus constantes llamados a retornos de clases presenciales, se ha vulnerado una de sus principales obligaciones que es resguardar la integridad física y psíquica de las personas”.
Agregó que “la educación pública no merece un ministro como Raúl Figueroa, que una y otra vez ha tenido como última prioridad la salud de las comunidades escolares en medio de lo que ha significado el coronavirus en el país”.
En respuesta, el diputado de la comisión de Educación Luis Pardo (RN) catalogó el anuncio de la oposición como una “irresponsabilidad” de los legisladores de oposición. “Ha sido el propio Colegio Médico, la Sociedad de Pediatras de Chile, que es una sociedad científica y muchos expertos, y, además, la experiencia internacional la que están mostrando la necesidad de tener una mayor presencialidad. Y esa mayor presencialidad no significa en forma masiva, significa volver a clases bajo los nuevos protocolos y bajo ciertas condiciones de plena seguridad para los alumnos, para los profesores y por supuesto para las familias. De manera que nos parece una irresponsabilidad, reitero, que haga perder el tiempo al Parlamento y a los ministros con nuevas acusaciones constitucionales totalmente infundadas”, expresó Pardo.
La acusación constitucional debe ser solicitada por al menos 10 diputados, con un máximo de 20 firmas. Se constituye una comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación, la que deberá presentar un informe a la Sala de la Cámara. Si se declara que la acusación constitucional procede, Será el Senado, que actúa como jurado, la que vote si el ministro de Educación, Raúl Figueroa, salga del cargo.
