Una sesión un tanto compleja y en la que surgieron recriminaciones entre senadores y diputados, se vivió en la discusión de la Comisión Mixta (Boletín N° 17096-21) del proyecto de ley que fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial.
También el debate estuvo marcado por la presencia del ministro de Economía, Nicolás Grau y del Subsecretario de Pesca, Julio Salas, aparición de ambos que se dio luego del “dato desactualizado” que entregó Salas, la semana pasada a los mismos integrantes de la Comisión Mixta, instancia que aprobó la modificación en la distribución de la pesquería, asignando un 48% de la cuota al sector industrial.
¿Cuál fue el “dato desactualizado”? El Subsecretario (s) de Pesca manifestó hace unos días lo siguiente: “Quiero señalar con total transparencia que, efectivamente, en la Comisión Mixta del día 7 de mayo se presentó un dato en una tabla que estaba desactualizado, correspondía a septiembre del año 2024, dando a entender que era un dato correspondiente a diciembre del 2024”.
El martes, el ministro Grau volvió a referirse al impasse protagonizado por el Subsecretario de Pesca, afirmando que “el senador David Sandoval (UDI) plantea una cosa que, por lo menos yo, como no estuve presente en esa sesión no había notado y es que la cifra que presentamos mal perjudicaba, tanto a los artesanales como a los industriales y en ambos casos se presentó lo que se había capturado hasta septiembre. Eso, no significa que no tengamos por supuesto responsabilidad, ya que presentar un dato equivocado es siempre un problema. Lo único a mi juicio que descarta eso, es que no había mala fe, porque si uno quiere ganar un punto sólo debilita una postura, no debilita las dos”.
ADVERTENCIA Y PROPUESTA DE OPOSICIÓN
El ministro de Economía dio a conocer la propuesta del Ejecutivo para financiar el proyecto de fraccionamiento del sector pesquero. ¿De qué se trata? De fijar una patente especial que se cobre sobre las autorizaciones de captura de cuotas que vienen de las transferencias de otros Estados para la aplicación del tratado internacional.
Esta idea, que se discutirá en la próxima sesión, no nació en todo caso del gobierno, sino de la vereda del frente, desde la oposición, porque el diputado Leonidas Romero (Partido Nacional Libertario) presentó esta fórmula en una sesión anterior y, ahora, la recoge el gobierno.
El ministro de Economía se dio tiempo para hablar del desafío de lograr el equilibrio fiscal en el fraccionamiento de las pesqueras. Con cifras en mano, hizo una suerte de advertencia sobre el panorama actual del sector pesquero. “Si el proyecto se aprobara tal como está en la actualidad, sin licitación que ya fue una decisión de esta Comisión y que nosotros no proponemos revisar, sino buscar otras alternativas, el proyecto tendría un déficit, según la Dipres (dice que esto no está en el informe financiero, porque está calculado como si hubiera licitación) estaríamos 26 mil millones de pesos abajo el 2026, 30 mil 334 millones de pesos abajo el 2027 y 34 mil 473 millones de pesos abajo el 2028, baja que se perpetuaría en el tiempo. “La razón de por qué ocurre esto es porque la industria tiene un pago por esa captura y eso no ocurre en el caso del sector artesanal y, entonces, se genera esa diferencia”, detalló.
Según Grau, la fórmula del pago de patente es una idea que satisface al Ejecutivo. “Hemos estado todos estos días buscando la forma de dar esta discusión. La industria, cuando captura un recurso, por el derecho a capturar ese recurso, no dependiendo cuánto saca, paga un pago al Estado. Sin embargo, cuando la industria obtiene una cuota del extranjero, en el caso del jurel me refiero, sucede que las empresas chilenas compran el derecho a captura de empresas extranjeras, pero cuando capturan eso, que lo hacen en nuestra zona económica exclusiva, no pagan por aquello».
RECAUDACIÓN: 20 MIL MILLONES DE PESOS
El ministro de Economía planteó que «este es un buen camino por distintas razones. El primero, porque hay un tema de equidad horizontal, es decir, por hacer algo parecido, pagar lo mismo al Estado de algo razonable, que a uno le gusta promover en los esquemas recaudatorios por parte del Estado. Lo segundo es que no es una licitación, que es donde teníamos la diferencia». Añadió que “de acuerdo con nuestros cálculos iniciales (…) estaríamos recaudando algo por sobre los 20 mil millones de pesos si básicamente se ocupara este mecanismo y se cobrara por el derecho a pescar esos recursos en la zona económica exclusiva. Por lo tanto, pagando un precio razonable por ejercer ese derecho a trabajar esa cuota, lograríamos un monto cercano al desafío financiero que tenemos y que es muy importante para el Ejecutivo».
Todo parece indicar que el 27 de mayo se realizará una sesión de la Comisión Mixta en la que el gobierno se comprometió a entregar un informe financiero que acompañe la propuesta que formuló. Además, se llegó al acuerdo de que equipos técnicos del Gobierno y de los parlamentarios se reúnan para evaluar la propuesta que nació en la oposición.





