El Presidente Gabriel Boric, junto a la ministra Carolina Tohá, promulgaron esta semana la nueva Ley Antiterrorista.
En una ceremonia realizada en La Moneda, el Presidente Gabriel Boric promulgó la nueva Ley Antiterrorista, marcando un hito en la lucha contra el terrorismo en Chile. Esta legislación, que deroga la Ley 18.314 de 1984, representa un avance en la modernización de las herramientas legales para enfrentar esta amenaza. Cabe destacar que esta iniciativa generó conflictos dentro del oficialismo, puesto que algunos partidos oficialistas como el PC y el Frente Amplio, luego de ser aprobada por el Congreso anunciaron reserva constitucional en contra de la normativa que establecía el uso de “Imsi-Catcher” como herramienta de rastreo, acusando que “sobrepasaría la privacidad de las personas”.
Durante la ceremonia de promulgación, el Presidente Boric señaló: “Chile no se rinde ni se arrodilla ante la delincuencia”.
En la instancia de también estuvo presente la ministra del Interior, Carolina Tohá; la ministra de Defensa, Maya Fernández; la vocera de Gobierno, Aysén Etcheverry; el ministro de Justicia subrogante (s), Ernesto Muñoz; el general director de Carabineros (s), Enrique Monrás; y el director general de la Policía de Investigaciones (s), Ricardo Gatica.
¿Qué cambios establece la Nueva Ley Antiterrorista?
La promulgación de esta nueva ley responde a la necesidad de actualizar la legislación antiterrorista chilena, que había quedado obsoleta y no se ajustaba a los estándares internacionales ni a las nuevas formas de terrorismo. La antigua ley, creada en tiempos de dictadura, era criticada por su ambigüedad y falta de precisión en la definición de los delitos terroristas, lo que dificultaba su aplicación y generaba controversia en su interpretación.
El subsecretario del Interior, Luis cordero, señaló que esta nueva legislación equipara el trabajo de Chile en materia de antiterrorismo con las normativas que existen en Europa o Estados Unidos: “Teníamos temas que trascendían desde la época de dictadura hasta hoy (…) Actualizamos la legislación chilena antiterrorismo, más o menos, a lo que hace Europa o Estados Unidos”, subrayó.
En definitiva, el proyecto tiene 6 ejes principales:
1.— Mejora la definición del delito terrorista para facilitar su aplicación. La antigua norma obligaba a probar la existencia de un “ánimo terrorista”. La nueva ley establece criterios más claros, señalando que habrá delito terrorista cuando se busque:
- – Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático.
- – Imponer o inhibir alguna decisión de una autoridad del Estado democrático.
- – Someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.
2.— Cambio en los delitos que serán considerados delitos terroristas:
- – La colocación o envío de artefactos explosivos o incendiarios capaces de afectar a una cantidad elevada de personas, será considerado.
- – Los atentados contra determinadas autoridades, con resultado de muerte o de lesiones graves gravísimas.
3.— Crea el delito de asociación terrorista (AT).
- – Será sancionado el solo hecho de pertenecer a una organización terrorista, incluso antes de que esta cometa los delitos, con penas desde 5 años y un día, hasta 15 años. Si además se concreta el delito, las penas se sumarán.
4.— Sanciona también casos de terrorismo individual.
- – Personas que actúen por cuenta propia, independientemente de que su objetivo esté vinculado o no a una AT.
5.— Crea el delito de favorecimiento de la AT.
- – Se sancionan delitos “comunes” —como la extorsión, tráfico de drogas o armas— cuando se cometan para favorecer —por ejemplo, financiar— una asociación terrorista.
6.— Incluye técnicas especiales de investigación.
- – La nueva ley permite el registro de equipos informáticos, la captación subrepticia de imágenes y sonidos, las entregas vigiladas, el despliegue de agentes encubiertos y el uso de la técnica IMSI Catcher.
Respecto a la promulgación de esta ley, el senador Iván Flores (DC) enfatizó que la nueva ley antiterrorista hará que las organizaciones criminales reconsideren su posición respecto a Chile. Asimismo, afirmó que esta legislación, originalmente propuesta en el Congreso y posteriormente apoyada por el Gobierno, será una de las más sólidas de la región.
Fallo del TC ante Reserva Constitucional de partidos oficialistas
Tras el despacho del Congreso, parlamentarios del PC y el Frente Amplio anunciaron que solicitarían una “Reserva Constitucional” respecto a la norma que establece el “Imsi-Catcher” como herramienta de rastreo válida para utilizar en procedimientos antiterroristas, apuntando a que sobrepasaría la línea de la privacidad de las personas.
Sin embargo, el Comité de Ministros del Tribunal Constitucional decidió “no tomar en cuenta” la solicitud hecha por los parlamentarios de izquierda, y durante los últimos días emitieron un fallo que señala: “No es factible examinar” las reservas de constitucionalidad planteadas en el debate legislativo respecto del mencionado artículo 19 del proyecto (el uso de dispositivos de rastreo), ya que no se trataba de una norma sujeta a “control obligatorio” de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 93 inciso primero, N° 1, de la Constitución.”
