- Esta era la última sesión de la Comisión Experta. Con el debate y votación de indicaciones al texto despachado por el Consejo Constitucional se cerró su trabajo en este segundo proceso constituyente.
- Sin embargo, esta etapa fue menos glamorosa que la anterior cuando elaboraron el anteproyecto. No hubo aplausos, abrazos ni fotos sonrientes para la posterioridad, porque a pesar de los cinco días de reuniones, tratativas, conversaciones formales y de pasillo, no se logró un acuerdo transversal para modificar aspectos centrales y conflictivos del borrador constitucional.
- Por eso, se presentaron en total 622 indicaciones al texto aprobado por el Consejo, ninguna con firma transversal de comisiones de derecha y oficialismo, sino que divididas en estos dos bloques.
- De estas, 205 enmiendas son solo al capítulo II de derechos y libertades, donde se concentra no solo el corazón del texto, sino que varios de los nudos, discrepancias y diferencias entre ambos sectores: protección de la vida y que las distintas redacciones ingresadas por la oposición abren la puerta legal para neutralizar la ley de aborto en tres causales; y en salud y previsión social, la constitucionalización de los sistemas de AFP e Isapre.
- Otros de los gallitos centrales por los que no hubo un consenso transversal fue la liberación del pago de contribuciones a la primera vivienda; las restricciones al derecho a huelga; la forma en que se establece el Estado social y su mezcla con los principios de subsidiaridad que lo desdibujan; la reducción de la Cámara de Diputados de 155 a 138 escaños; la consagración de la objeción de conciencia institucional y personal; y la opción de conmutación de penas por arresto domiciliario, que favorecería a violadores de derechos humanos ya condenados.
- Hace varios días que se sabía que no habría humo blanco en la Comisión Experta, a pesar de las subcomisiones de trabajo que realizaron e incluso una última mesa de negociación. Básicamente, ninguno de los dos sectores quiso desahuciar de antemano las tratativas y dar la señal errónea de no tener voluntad real de dar espacio a un entendimiento de último momento.
- En la raya para la suma, las expectativas de un entendimiento transversal que mejorara el trabajo del Consejo, donde ha primado la pauta impuesta por Republicanos, fueron en la práctica un mero espejismo. Solo se lograron ajustes importantes, pero aislados, como lo que sucedió con la eliminación de la objeción de conciencia o expulsión de extranjeros.
- La Comisión Experta tiene 24 miembros con empate de fuerzas entre la derecha y el oficialismo. El quorum de aprobación es de 3/5 que en este caso equivale a 14 votos. De no lograrse ese umbral, la enmienda se da por rechazada y queda vigente lo aprobado por el pleno del Consejo.
- Eso hacía relevante las opciones de un acuerdo, ya que necesariamente se requieren al menos dos votos “del otro sector” para aprobar las observaciones que se hicieron al texto. Además, la transversalidad daba mayor piso para que ese entendimiento político se traspasara después al pleno al momento de la ratificación de los cambios.
- Eso, porque las propuestas que sí logran 3/5 o más, aun deben ser refrendadas -en una sesión especial convocada para el lunes 16- por el pleno del Consejo Constitucional, donde también requieren el visto bueno de 3/5 de sus miembros, eso es 30 votos, de los cuales Republicanos tiene por sí solo 22. Los restantes se dividen en 6 de la UDI, 4 de RN, 1 Evópoli y 17 del oficialismo.
- La Comisión Experta sí logró ciertos grados de entendimiento en materias de orden más técnico, por lo que ambos sectores presentaron enmiendas “espejos”, casi iguales cuyo fin es el mismo, para asegurar la aprobación de esa observación. Principalmente esas corresponden a mejoras de redacción o a temas en áreas como Ministerio Público, Tribunal constitucional, Contraloría General y Justicia Electoral.
- Si los cambios propuestos por la comisión no tienen el visto bueno del pleno, queda aún el espacio de negociación en una comisión mixta. Los artículos que en esta etapa no logró modificar la Comisión Experta, ya quedaron definitivamente así y basta la ratificación final del texto constitucional que debe hacer el pleno el 6 de noviembre, para que sean los que efectivamente se someterán a plebiscito.
- El debate. La discusión de las observaciones en el hemiciclo no fue fácil ni sencillo, reflejó a cabalidad la tensión de los últimos días, la falta de entendimiento y el fracaso que hubo en las negociaciones. Por un lado, el oficialismo nuevamente puso sobre la mesa el cuestionamiento que una mayoría circunstancial está imponiendo su visión de país, moral y política, repitiendo los errores que se cometieron en el proceso anterior de la Convención. Por otro, la derecha criticó a la centroizquierda y la izquierda por no permitir un entendimiento ni abrirse a acuerdos que sirvieran de puente para seguir mejorando el texto constitucional.
- El debate partió con la intervención de la presidenta, Verónica Undurraga, quien advirtió que la propuesta constitucional lamentablemente deja fuera muchas miradas legitimas. “Yo no puedo dar mi voto para quitar la autonomía a las mujeres, para decidir sobre algo tan íntimo, tan personal, como la decisión de mantener o terminar un embarazo y pasarle esa decisión al Estado”.
- A pesar de sus críticas al texto y a la falta de consenso, Undurraga valoró las observaciones espejo que se presentaron: “Sí hubo acuerdos que mejoran el texto, aunque en su conjunto no lo transforman en una Constitución en que yo por lo menos pueda ver reflejadas mis ideas y respetadas mis creencias, son acuerdos que corrigen o aminoran una serie de problemas graves que tenía la propuesta del Consejo (…) son de gran importancia para que las instituciones del Estado funcionen de mejor manera, algunas personas nos dicen que con eso estamos blanqueando una Constitución que nos parece inaceptable, esa no fue la posición de los comisionados de nuestro sector, creemos que lo que corresponde es actuar con responsabilidad”.
- El comisionado, Flavio Quezada (PS), hizo hincapié en que el texto elaborado hasta ahora es una Constitución de derecha, que “contiene redacciones excéntricas, toscas, aunque lo peor es que configura una propuesta iliberal con rasgos autoritarios que hace imposible institucionalizar la solidaridad y que entrega lo social al mercado”.
- La comisionada, Catalina Lagos, advirtió que “no es razonable proponer un texto que reniegue de la gravedad de los crímenes de lesa humanidad para dejar libre a quienes lo cometieron, tampoco lo es imponer la moral de unos sobre un país entero o cristalizar un modelo único y correcto de ser mujer”.
- Sobre las fracasadas negociaciones, la comisionada Natalia González (IND-UDI), afirmó que “es cierto esta foto no se tomará, no habrá aplausos entre los 24 y lo lamento, porque creo que ambos sectores nos convocamos mutuamente para que así fuera (…) creo que ninguno de los sectores, como se ha intentado decir aquí, es culpable de que aquello ocurriera, más bien me parece que lo que les ha costado aceptar a algunos acá es que haya un órgano democráticamente electos con reglas del juego que nos dio el Congreso, que ha definido un texto que conecta con las prioridades de la ciudadanía”.
- En la misma línea, el comisionado PC, Alexis Cortés, preguntó: “¿Por qué si antes lo logramos, ahora no se pudo, a pesar de los esfuerzos desplegados de lado y lado? Es cierto que hubo una elección que le entregó legítimamente a un sector político la conducción del proceso en el Consejo, de ese modo, la propuesta en discusión es un reflejo de la abrumadora mayoría que tiene la derecha en el órgano electo, el Consejo Constitucional tiene un mandato popular, también es cierto». «Pero debo preguntar, ¿el mandato fue para redactar una Constitución, de acuerdo exclusivamente a sus ideas o fue para redactar una Constitución que permita la convivencia de las ideas que nos constituyen como país?”.
- El único representante de republicanos en esta comisión es Carlos Frontaura. Aseguró que “está satisfecho con el resultado de este trabajo, estoy satisfecho porque el borrador que estamos construyendo logra compatibilizar la historia constitucional chilena con las necesidades de cambio, aborda una serie de innovaciones (…) no puedo decir que es un texto perfecto, porque no lo es, no puedo decir con convicción que me interpreta completamente o que cada uno de sus detalles, incisos o definiciones son como yo los hubiera redactado, porque eso no es así y tampoco es posible, pero es mejor que el texto vigente en muchos sentidos, infinitivamente mejor que el texto rechazado” de la Convención.
La votación
- Las votaciones partieron con uno de los nudos centrales del debate: El Estado Social y Democrático de Derecho. La observación del oficialismo buscaba regresarlo al artículo 1, como segundo inciso, pero fue rechazada, ya que obtuvo solo 12 votos.
- A cambio se aprobó -14 votos a favor y 9 en contra- la enmienda de la derecha que mejoró la propuesta del pleno, fusionó los artículos 1 y 2, integra el concepto de Estado Social, pero en el tercer inciso y lo mezcla el concepto con los principios de subsidiaridad. “La dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Es deber del Estado y la sociedad dar protección a las familias y propender a su fortalecimiento. El Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.
- Agrega que “las agrupaciones que libremente surjan entre las personas gozarán de la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos que no sean contrarios a la Constitución. El Estado respetará los efectos de este reconocimiento” y que “el Estado servirá a las personas y a la sociedad y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe crear y contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”. El artículo termina señalando que “promoverá las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad, derechos e igualdad de las personas se realicen, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución reconoce”.
- Un punto que logró el oficialismo fue mejorar el tema de la paridad. Con 16 votos a favor se aprobó su observación para reemplaza en el texto el concepto «promover» por «asegurar». Así, hasta ahora el texto quedó como que “la ley asegurará el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres”.
- Con otros 17 votos a favor, se refrendó la enmienda de la oposición que señala que “la Constitución, en tanto norma suprema del ordenamiento jurídico, reconoce como límite al ejercicio de la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocidos por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Es deber de los órganos del Estado respetar, proteger y garantizar tales derechos”.
- Una de las llamadas normas espejos tiene relación con los gobiernos regionales y locales. Con 23 votos se visó que estos “serán autónomos para la gestión de sus asuntos en el ejercicio de las competencias en la forma que determine la Constitución y la ley. La ley promoverá el fortalecimiento de la descentralización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas que integran el territorio nacional, con especial atención a territorios especiales, estratégicos para el desarrollo del país”.
- Por la misma cantidad de votos, se acordó suprimir del texto un inciso que creaba una Agencia Nacional de Integridad Pública.
- Mismo consenso (23 votos) registró la indicación espejo en que la Constitución “reconoce el valor de los cuidados para el desarrollo de la vida en la familia y la sociedad. El Estado deberá promover la corresponsabilidad, así como crear y contribuir a crear mecanismos de apoyo y acompañamiento a cuidadores y personas bajo su cuidado. El Estado deberá promover la conciliación entre la vida familiar y laboral y la protección de la crianza, de la maternidad y paternidad”.
- Sucedió igual con la observación para consagrar que “el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es contrario a los derechos humanos. Una ley de quorum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad”. Tuvo 24 votos a favor, unanimidad que responde a que ambos sectores presentaron una indicación similar en redacción y objetivo.
- Ya en el capítulo II sobre Derechos y Libertades no hubo ningún avance con el cuestionado tema de la protección de la vida. La enmienda del oficialismo que suprimía la frase que “la ley protege la vida de quien está por nacer”, no logró el quorum necesario, tuvo solo 12 votos a favor.
- Lo mismo ocurrió con la propuesta de la derecha para cambiar la expresión por «la ley protege la vida del ser humano antes de nacer» (9 votos a favor) y la otra también de su autoría que reemplazaba la palabra “quien” por la de “que” (7 votos). Así, se mantiene la redacción que aprobó el pleno del Consejo Constitucional.
- Desde el inicio del proceso la expulsión de extranjeros fue un punto ácidamente criticado. Tras rechazarse una indicación del oficialismo que mantenía el objetivo, pero solo con mejor redacción, se aprobó la observación del oficialismo (21 votos a favor) que eliminó la cuestionada facultad: “los extranjeros que ingresen al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, serán expulsados en el menor tiempo posible o devueltos a su país de origen, tránsito o residencia”. Ahora el pleno, por 3/5, deberá aprobar o rechazar esta modificación.
- No se logró ningún cambio en materia de conmutación de penas. Se rechazó (12 votos) la indicación del oficialismo que eliminaba la frase que “las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total siempre que se acredite conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad”. También se cayó la enmienda de la derecha que básicamente la ampliaba a otros casos como embarazos de riesgo, por lo que se mantiene el texto que zanjó el pleno.
- Donde sí se logró un cambio relevante, fue en la objeción de conciencia institucional y personal. Por 17 votos se aprobó la enmienda del oficialismo que eliminó la frase que la consagraba como parte del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
- Otra enmienda espejo fue en la norma que prohibía “las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado”. Por 24 votos a favor se aprobó suprimir la expresión a la moral.
- Sobre el derecho a la salud, solo se hizo un cambio menor en el texto. La enmienda del oficialismo que señalaba que “es deber preferente del Estado social y democrático de Derecho garantizar la ejecución de las acciones de salud, en la forma y condiciones que determine la ley, promoviendo el desarrollo progresivo de este derecho, conforme a los principios de solidaridad y responsabilidad fiscal, a través de instituciones estatales y privadas. Para ello, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias”, se rechazó. Tuvo solo 12 votos a favor.
- Lo mismo, también 12 votos, con otra observación del sector que establecía que “cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado”.
- Finalmente queda el texto que aprobó el pleno: “Es deber preferente del Estado garantizar a todas las personas la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado”.
- Solo se aprobó, 23 votos, una indicación espejo que eliminó del texto la frase “a todas las personas”.
- Al cierre de este informe, la Comisión Experta continuaba hasta total despacho el proceso de votación de observaciones. Todo indica que el escenario no registrará grandes variaciones a lo ya visto.
