Luego de los intentos infructuosos por cerrar un acuerdo transversal de seguridad, en especial después del abandono de las conversaciones por parte de la oposición en respuesta a los indultos firmados por el Presidente Gabriel Boric, la agenda legislativa en esta materia se torna cada vez más urgente.
La bancada de Chile Vamos se ha manifestado crítica al rol que ha cumplido el Gobierno en esta materia y planifican instalar el debate en varios proyectos de distintos sectores a través de la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuando se retome la labor legislativa en marzo.
Una de las primeras iniciativas que se espera tramitar en la Comisión de Seguridad ciudadana en la Cámara Baja es el proyecto que busca aumentar las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería (Boletín N° 14870-25).
La denominada Ley «Naín II» se encuentra en primer trámite constitucional en la comisión de Seguridad de la Cámara, luego de haber sido aprobada en Sala y al ser objeto de indicaciones y no tener urgencia, volvió a la comisión.
En segundo lugar, se presenta la moción parlamentaria que propone aumentar en un grado la sanción penal relativa al microtráfico, además de incorporar un nuevo inciso para establecer las dosis específicas el consumo personal y “racional” (Boletín 15.355-25). La iniciativa presentada por diputados PPD y PS no tiene urgencia en el Congreso.
Un tercer proyecto en materia de seguridad se refiere a establecer como delito el ingreso clandestino al país, especialmente para facilitar la persecución judicial. El proyecto de ley presentado por diputados UDI en 2022 también pretende dotar de herramientas a los funcionarios de Carabineros, PDI o incluso militares que estén resguardando el ingreso a territorio nacional, para impedir el ingreso clandestino. (Boletín 15.261-25).
Otra moción es la impulsada por diputados UDI cuyo foco es establecer las atribuciones legales que tienen los funcionarios policiales con facultades relativas al orden público y plasmar el principio de razonabilidad en el uso de sus armas o como medidas de defensa. (Boletín 15.150-25).
Además, existe desde el 2018 un proyecto que modifica la ley orgánica constitucional de municipalidades, fortaleciendo el rol preventivo de los gobiernos locales en la persecución del delito, coordinando el trabajo que realizan los funcionarios municipales con Carabineros de Chile y dotando de mayores atribuciones a los inspectores municipales. (Boletín 12.228-06)
Otro proyecto del sector socialista que debería contar con prioridad en la Comisión de seguridad ciudadana es el que busca que personas detenidos en alguna situación portando armas de fuego, no tenga derecho a estar en libertad bajo fianza mientras se desarrolle la investigación.
En tanto, la propia Comisión de Seguridad Ciudadana tiene como tareas fundamentales avanzar también en los proyectos que aumentan los recursos de las escuelas de formación de Carabineros, PDI y Gendarmería.
