«En la antesala de un nuevo aniversario del 18 de octubre, queremos decir que esta acción política unitaria de la oposición sirva como un reconocimiento y un homenaje a todos los que sufrieron las graves violaciones a los derechos humanos y a los sectores más vulnerables de nuestro país que sufren las injusticias sociales», dijo el diputado socialista Jaime Naranjo, quién encabezó el acto, con carácter ceremonial, de firma de la acusación constitucional en contra del Presidente de la República.
Reunidas todas las bancadas de oposición, en el hall de la Cámara de Diputados, los 14 legisladores de oposición firmaron el escrito, de dos capítulos, para ser presentada de inmediato ante la sala. Una vez iniciada la sesión, la mesa sorteó la comisión revisora, que finalmente quedó integrada por: Maya Fernández (PS), Raúl Alarcón (IND), Pepe Auth (IND), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (IND).
Desde Convergencia Social, uno de los partidos que apoya el libelo acusatorio, el diputado Diego Ibáñez explicó que, «dada la composición -de la comisión revisora- va a ser muy importante el voto del diputado Pepe Auth (IND), esperemos que vote a favor y recomiende aprobar esta acusación constitucional en la Cámara de Diputados y se despache y se despache lo antes posible al Senado».
De esta forma entonces se da curso a la segunda acusación constitucional contra el Mandatario, durante la actual administración de gobierno. La primera fue presentada el 19 de noviembre de 2019, en el contexto del estallido social del 18 de octubre de ese año. En esa oportunidad, fueron 10 los diputados firmantes. El 12 de diciembre en la Cámara de Diputados se aprobó por 79 votos a favor la cuestión previa en la que se sostenía no se cumplía con los requisitos que la Constitución Política señala, por lo que se tuvo por no presentada.
Uno de los diputados firmantes, el comunista Daniel Núñez, explicó que, al cumplir esta jornada todos los trámites previos, firma, ingreso y el sorteo de la comisión revisora, se podría suponer que antes del 21 de noviembre, fecha de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales, la acusación constitucional debería ser votada por la sala.
La acusación consta de dos capítulos. El primero, sostiene que el Presidente Sebastián Piñera incurrió en faltas graves a la probidad; el segundo, agrega que puso en tela de juicio el honor de la nación. De ser aprobada, por al menos 78 votos, la oposición tiene 83 en total, pasaría al Senado, donde requiere de dos tercios, 29 votos, para ser aprobada y ser destituido del cargo. Sin embargo, en esa sala la oposición cuenta con 24 escaños, los que, hasta ahora, no están asegurados.
La acusación constitucional se encuentra regulada por la Constitución Política de 1980 y no ha tenido modificaciones. En el proceso la Cámara de Diputados actúa como acusadora y el Senado como jurado.
A lo largo de la historia política democrática de Chile, posterior a 1990, se han presentado 23 acusaciones constitucionales. De ellas, 7 fueron admitidas y 3 declarados culpables, la primera contra la entonces ministra de Educación y actual candidata presidencial, senadora Yasna Provoste (DC). Las otras dos fueron al ex ministro de Educación del primer gobierno de Piñera, Harald Beyer, y el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, en la actual administración.
Lee aquí la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.
Acusacion-Constitucional-Presidente-Sebastian-Pinera-13.10.21
