La normativa conocida comúnmente como Ley Anti-Colusión, introduce modificaciones en tres cuerpos normativos: Decreto Ley 211 de 1973 sobre Defensa de la libre competencia, a la Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores y al Código Orgánico de Tribunales.
Destacan, entre otras, las reformas en materia de colusión: prácticas contrarias a la libre competencia, se incluyen expresamente aquellos acuerdos o prácticas concertadas destinadas a excluir a actuales como también a potenciales competidores; se modifican los montos y forma de cálculo para la imposición de multas que puede decretar el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; prohibición para contratar a cualquier título con órganos de la Administración del Estado bajo ciertos supuestos; fortalecimiento de la delación compensada, mecanismo que exime o reduce las sanciones que enfrentan las empresas o personas que se coluden, en la medida que aporten evidencia para acreditar la conducta y para determinar sus responsables; criminalización de la colusión, control preventivo y obligatorio de fusiones u operaciones de concentración; como también, el establecimiento de nuevas facultades para la Fiscalía Nacional Económica.
