Los integrantes de la Comisión fueron el senador DC Francisco Huenchumilla, el exministro Alfredo Moreno, el líder de la Asociación de Agricultores Victoria Malleco A.G., Sebastián Naveillán, la diputada Emilia Nuyado (PS), el exalcalde de Tirúa y dirigente mapuche Adolfo Millabur, la encargada de la Unidad de Pueblos Originarios del Gobierno Regional de Biobío, Gloria Callupe, el jefe de gabinete del Gobernador de La Araucanía, Nicolás Figari y la senadora por La Araucanía Carmen Gloria Aravena –quien renunció al Partido Republicano, señalando que recibió presiones para votar en contra del documento-.
En conversación con Alertaley.cl, el académico chileno de origen Mapuche y exembajador en Guatemala (entre 2014-2018), Domingo Namuncura, analizó el escenario que se ha creado con el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento en la Macrozona Sur, documento que, en sus 22 puntos, fueron consensuados por 7 de los 8 integrantes de dicha instancia.
¿Qué piensa respecto a la importancia de esta Comisión de Paz y Entendimiento que, quizás podría terminar con el Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur que se extiende por tres años?
-El decreto presidencial que creó la Comisión de Paz y Entendimiento en junio de 2023, estableció un objetivo como el más relevante que es recomendar soluciones para resolver la demanda de restitución de tierras ancestrales. Ése es tronco del árbol, si lo decimos en forma metafórica. El informe contiene recomendaciones también políticas, sociales, culturales, económicas para darle sentido y contenido a la solución central. Estamos todos a la espera de que el nudo central del informe que es cómo se resuelve el conflicto y se plantee un conjunto de iniciativas que sean viables para el Estado, para el país, para el pueblo Mapuche y cuente con el respaldo del mundo político, porque algunas de las medidas van a tener que pasar por el Congreso.
¿Cuáles son los caminos para resolver el conflicto?
-No son muchos y ha habido un equívoco estos últimos días, no sé si intencionado o no, pero equívoco de parte de algunos sectores conservadores que han levantado una especie de “luz roja” para decir que el informe plantearía una inversión de tres mil quinientos a cuatro mil millones de dólares y que esa plata no existe en el Estado y es una burbuja lo que se podría estar planteando.
¿Cuál es su opinión sobre la postura de Sebastián Naveillán, quien objetó algunos puntos (aprobó 15 de los 22). Su voto en contra radica en la propuesta de entrega de 240 mil hectáreas y en el costo cercano a los 4 mil millones de dólares.
-El mundo conservador normalmente hace vista gorda y no reclama ni se incomoda cuando el Estado contribuye con recursos fiscales para ayudarles a salir de algún problema. Esto ha acontecido con salvar la deuda de bancos, de medios de prensa e incluso -en relación con el tema indígena- dictar un decreto especial, como el 701 para «ayudar» a las empresas forestales a desarrollar su industria, en tierras que originalmente fueron indígenas. Y cuando en esta ocasión se propone que el Estado cumpla con una deuda histórica de 32 años en democracia para la compra de tales tierras, se escandalizan.
El mecanismo de este acuerdo implica un compromiso por parte del Estado de comprar tierras, muchas de ellas en manos de empresas forestales…
-Así es y a un valor que se acerca a los USD 3000-3500 millones de dólares, los que por cierto no se pueden invertir de una sola vez. Entonces, lo que procede es un compromiso del Estado con privados, con el aval de una ley especial de la República, para que esa compraventa se realice en un mediano o largo plazo. Luego esas tierras adquiridas mediante ese mecanismo pasan a una Agencia especial o Banco de tierras estatal, con asiento más probable en el ministerio de Bienes nacionales, desde donde se trabajaría el proceso de restitución a las comunidades cuyo derecho por aplicabilidad del 20B de la Ley Indígena ya están definidas en la CONADI. Este fondo eventual de USD 3.000-3.500 millones de dólares es nada en comparación con los cuantiosos recursos entregados por el Estado mediante diversos instrumentos, entre ellos el más ventajoso de los subsidios, a numerosas empresas privadas en Chile, primero durante la dictadura y luego, incluso, en los gobiernos democráticos. Se trata de miles de millones de dólares y aquello nunca fue señalado por el mundo conservador como escandaloso.
LA PAZ TIENE UN COSTO
¿No está de acuerdo con el que se cuestione los recursos económicos que implica para el Estado la compra de tierras?
-La paz tiene un costo, no puede ser gratis. Y, por lo tanto, uno de los problemas que significa la restitución es que el Estado, obviamente tiene que comprar tierras. Alguien dirá, ¿de dónde salió que el Estado tenga que comprar tierras a los indígenas y por qué no les compra tierra a los pobres, a los que están en campamentos? En 1993, el Congreso aprobó la Ley Indígena N°19.253, fue apoyada por unanimidad de los parlamentarios de derecha, de centro y de izquierda. Esa ley dice que el Estado comprará tierras para devolvérselas a los indígenas. ¿Y qué ha hecho el Estado? Desde 1994, hasta hoy día, se han comprado 260 mil hectáreas de tierra con un costo de casi 120 ó 130 mil millones de pesos.
A su juicio, ¿la solución del conflicto Mapuche pasa sólo por la restitución de tierras o también implica otro tipo de gesto por parte del Estado?
-Es ése el punto central. Lo que ocurrió en Lumaco en diciembre, en 1997 con la primera quema de dos camiones, se requería una cantidad de recursos importantes que el Estado debía poner, pero por otros temas que tenía el país, de crecimiento, pobreza, el gobierno dijo ¡pasémosle un poquito de plata a los indígenas, a la CONADI para que compren algo de tierra! Ese poco de plata significó que se pudo comprar, desde el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle un porcentaje de tierras por año, pero no el porcentaje que era el más demandado por el mundo indígena y se produjo una lista de espera que fue creciendo año tras año, el valor de las hectáreas también fue creciendo.
NO ES LLEGAR Y ENTRAR A TEMUCUICUI
¿Qué piensa respecto de la actitud del lonco Víctor Queipul, quien desafió al gobierno al asegurar que repelerá los ingresos a Temucuicui que no haya autorizado, “aunque vengan con militares”?
-Tú no puedes entrar a La Moneda así no más, no puedes entrar a ninguna zona en la que previamente no haya un acuerdo. Si voy a La Moneda a una reunión es, porque me citaron o, porque pedí una audiencia y seguí los procedimientos, pero no puedo llegar diciendo ¡aquí vengo yo, déjenme entrar! Eso no ocurre ni con la familia, ni en las empresas, ni en las instituciones. En las comunidades, históricamente, por valores ancestrales, hay un protocolo, hay un cacique, hay un werkén, hay un weichafe y, por lo tanto, los indígenas entre unos y otros, horizontalmente, primero tienen un proceso de comunicarse. Uno dice, por ejemplo, que va a ir a una determinada comunidad y tengo que mandar un werkén que hablará y contará que el cacique los quiere visitar y éste vuelve y le informa al cacique que está lista la reunión y que pueden ir.
Definitivamente, no es llegar e ir. A propósito de lo que sucedió con la ex ministra del Interior, Izkia Siches –en marzo de 2022- quien intentó ingresar a la comunidad Mapuche de Temucuicui y a balazos se impidió su llegada.
-¿Quién tomó contacto, entonces, con Víctor Queipul en Temucuicui para informarle que, con motivo de la visita de la ministra del Interior a La Araucanía, ella tenía el interés de ir a la comunidad de Temucuicui? Se consideró que era una intromisión. El mundo conservador y también el mundo nuestro de izquierda se sintió sorprendido, ¿por qué? No hubo ninguna gestión, la comunidad nunca tuvo la oportunidad de prepararse para recibirla.
Quizás fue una decisión que se tomó a la rápida y sin informar a la comunidad antes de ir.
-No sólo a la rápida, se tomó por ignorancia, por desconocimiento de la cultura. Cuesta mucho conocer cómo es la cultura indígena, uno piensa que es parecido a una junta de vecinos, un sindicato y va no más. La comunidad Mapuche, además, una comunidad simbólica como es Temucuicui, ahí vivían los Catrillanca, (Camilo Catrillanca fue un comunero mapuche asesinado en Temucuicui, Región de La Araucanía, el 14 de noviembre de 2018) no era cuestión de decir ¡aquí voy yo, abran todas las puertas! Cuando la comunidad se prepara y te recibe lo hace con una elegancia cultural muy importante, sale una comitiva indígena a recibirte, te lleva a la comunidad, te presenta a los ancianos a las autoridades, a la machi, en ese minuto recién estás entrando a la comunidad.
