La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que exime de ciertos trámites y reduce los plazos para la alteración, ampliación, reparación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en Chile. La iniciativa, impulsada por el Gobierno y modificada por la Comisión de Constitución, ahora pasa a segundo trámite en el Senado.
Objetivos de la iniciativa
El proyecto busca agilizar la ejecución de proyectos penitenciarios para hacer frente a la crisis de hacinamiento en las cárceles del país, que actualmente presentan una ocupación del 141%. Para ello, se establecen medidas que aceleran los procedimientos administrativos y de aprobación de estos proyectos.
Entre sus principales disposiciones, se establece que la norma aplicará solo a aquellos centros penitenciarios que el Presidente de la República determine mediante decreto supremo. Este mecanismo reemplaza la propuesta original del Gobierno que detallaba específicamente los recintos a reparar o construir.
Durante la discusión en la Sala, el Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó la urgencia de mejorar la infraestructura carcelaria debido al hacinamiento crítico que afecta a la población penal del país. La mayoría de los parlamentarios valoró la reducción de plazos para facilitar la ejecución de estos proyectos.
Sin embargo, algunos legisladores manifestaron preocupaciones sobre la reducción de los tiempos de evaluación ambiental y el impacto social de la construcción de nuevas cárceles en ciertas localidades. En particular, se expresó rechazo a la ampliación del centro penitenciario Santiago 1 y se criticó la falta de diálogo con las comunidades afectadas.
Otros parlamentarios hicieron un llamado a complementar la construcción de nuevos recintos con políticas de reinserción social y un enfoque integral del sistema penal.
Medidas clave del proyecto
- Priorización del Ministerio de Obras Públicas (MOP):
- Se encargará de dar prioridad a los trámites administrativos necesarios para la ejecución de los proyectos.
- La adjudicación de concesiones se realizará mediante decreto supremo fundado, firmado por el Ministro de Obras Públicas y el Ministro de Hacienda.
- Reducción de plazos en la evaluación de proyectos:
- El Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá evaluar la rentabilidad social del proyecto en un máximo de 30 días hábiles.
- Los nuevos centros que deban someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) verán reducidos a la mitad sus plazos de tramitación.
- Transcurrido el plazo legal, si la resolución ambiental no es emitida, el proyecto se considerará aprobado automáticamente.
- Excepción de Evaluación de Impacto Ambiental:
- Los proyectos de ampliación, alteración o reparación de recintos existentes quedarán exentos de este requisito.
- Para nuevos establecimientos, se aplicará la reducción de plazos mencionada anteriormente.
- Declaración de interés público y reducción de plazos administrativos:
- Se establece que los proyectos penitenciarios serán de interés público, permitiendo reducir a la mitad los tiempos de tramitación de permisos y autorizaciones.
- Si la administración pública no emite un pronunciamiento dentro del plazo correspondiente, el permiso se considerará aprobado.
- Informes al Congreso:
- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá informar trimestralmente al Congreso sobre el estado de avance, ejecución y plazos de los proyectos penitenciarios contemplados en esta ley.
