Recientemente, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley (Boletín 17234) que busca modificar el Decreto Ley 3.063 que data desde 1979, con el objetivo de instaurar un permiso de circulación único y estandarizado a nivel nacional. La iniciativa tiene como principal objetivo mejorar los métodos de fiscalización, evitando las falsificaciones y los problemas de seguridad asociados.
El proyecto está siendo impulsado por el diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio), y apunta a resolver dos grandes problemas identificados en un informe de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere): En primer lugar, el informe reveló que las municipalidades chilenas pierden anualmente cerca de $15.000 millones de pesos debido a los permisos de circulación falsificados, y en segundo lugar, Winter advirtió que la facilidad para falsificar estos permisos genera un incentivo para el robo de vehículos, lo que aumenta la inseguridad en las calles.
Busqueda de soluciones
Este nuevo proyecto establece que, en adelante, todos los permisos de circulación deberán ser emitidos de manera estandarizada por todas las municipalidades del país. Para garantizar su autenticidad, el permiso contará con elementos tanto físicos como digitales.
El permiso físico, según la propuesta, será impreso en un tipo de papel especial que incluirá métodos avanzados de verificación, mientras que la versión digital contará con códigos de validación que permitirán a Carabineros y otras autoridades consultar en tiempo real su autenticidad a través de plataformas en línea.
Plazos y Siguientes Pasos
Se espera que el proyecto sea debatido nuevamente en el Congreso en las próximas semanas. Una vez sea aprobado, el siguiente paso será la elaboración del reglamento que defina las especificaciones técnicas del nuevo permiso de circulación, con un plazo de seis meses desde su promulgación, y que las municipalidades comiencen a adaptarse a este sistema unificado dentro del plazo estipulado por la ley.
Debate en la Comisión
La propuesta, sin embargo, no estuvo exenta de controversia. El diputado Juan Irarrázaval (Partido Republicano) expresó su preocupación sobre los costos que la implementación de este sistema podría generar a los municipios, y sugirió que se convoque a la Asociación Chilena de Municipalidades a la Comisión para discutir los posibles efectos en los presupuestos locales. “Es una medida que, aunque necesaria, traerá consigo una carga financiera adicional para los municipios. Es fundamental escuchar a los gobiernos locales antes de avanzar”, comentó Irarrázaval.
Por su parte, el subsecretario (S) de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisco Pinochet, respaldó la medida y destacó los beneficios de contar con un sistema de validación más seguro, tanto en formato físico como digital. «La estandarización del permiso de circulación es un paso crucial hacia la modernización del país. Esta reforma no solo combate las falsificaciones, sino que también facilita la fiscalización por parte de las autoridades», aseguró el subsecretario, quien además destacó la importancia de poner en curso esta ley de transformación digital, la cual permitirá habilitar nuevas herramientas tecnológicas para una mejor administración pública.
En la práctica, Carabineros de Chile se enfrenta a este problema de seguridad cada día. Actualmente, un agente de la institución enfrenta dificultades para distinguir un permiso de circulación verdadero de uno falso, lo que puede poner en riesgo la seguridad vial y dificultar el trabajo de los uniformados para identificar, por ejemplo, autos robados. Con la nueva ley, los efectivos podrán acceder en tiempo real a una base de datos centralizada que validará la autenticidad del permiso de circulación, gracias a la tecnología y sellos personalizados que tendrá cada permiso, reduciendo así los riesgos de falsificación.
Con este cambio, Chile se encamina hacia una mayor seguridad en sus calles y carreteras, y una administración más eficiente y moderna en materia de permisos de circulación, alineándose con las tendencias de digitalización que el país está impulsando en otros ámbitos de la gestión pública como la nueva Ley de Patentes y la nueva cédula de identidad.
