La Cámara de Diputados aprobó este martes un proyecto de ley que modifica en profundidad la legislación migratoria chilena estipulada en la ley 21.325, endureciendo los requisitos y causales de expulsión en caso de que migrantes en situación regular o irregular se vean involucrados en líos legales o penales. La discusión de este proyecto provocó un tenso debate dentro de la cámara y continuará su tramitación en el Senado luego de ser aprobado casi en unanimidad; sin embargo, el oficialismo ya señaló que buscará ingresar modificaciones al proyecto.
Discusión en la Cámara.
La discusión de este proyecto comenzó en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, a raíz de los recurrentes hechos de delincuencia que ha acarreado la ola de inmigración ilegal que ha azotado a nuestro país en los últimos años, y que ha causado molestia en gran parte de la población.
Aunque hace unas semanas el Ejecutivo quitó la urgencia “suma” a este proyecto, y provocó molestias en los miembros de la comisión de la Cámara baja, el proyecto fue discutido de igual manera, y continuará su tramitación en el Senado, pasando a segundo trámite constitucional.
Uno de los puntos que generó mayor controversia en la discusión de la cámara, fue un artículo que fija un nuevo procedimiento para el ingreso de niños, niñas y adolescentes (NNA) que entran al país no acompañados o sin documentación. Si bien las modificaciones establecen que no se podrá negar el derecho a la educación a NNA en situación irregular, se aprobó una indicación que establece que se podrá priorizar para asegurar el derecho de niños y niñas de origen nacional. Este punto generó controversia para el oficialismo, por lo que la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que se buscará una solución en el Senado.
Algunos de los puntos claves que incluye esta modificación a la Ley de Migraciones son la inclusión de tecnología a base de datos biométricos, un nuevo procedimiento para el ingreso de niños, niñas y adolescentes que ingresan al país sin compañía o documentación, y además la inclusión de regulaciones a los derechos laborales de las personas migrantes.
También se amplían las causales de expulsión del país, tanto para extranjeros con permanencia transitoria como con residencia definitiva, y se incorporan nuevas causales de rechazo de permiso de residencia y de revocación del mismo, como la necesidad de aprobar un test de conocimiento sobre educación cívica del país para aquellos que quieran optar a la residencia chilena luego de 10 años en el país.
Adicionalmente, en la sesión se aprobó una nueva extensión del estado de excepción en la macrozona sur.
El articulado fue respaldado por la mayoría de parlamentarios. Aunque la Sala rechazó la norma que establecía un procedimiento para quienes no hayan aprobado el examen de conocimientos sobre culturas y educación cívica chilenas.
La iniciativa logró un apoyo casi unánime de los parlamentarios en la cámara baja, sin embargo, el oficialismo ya anunció que buscará ingresar modificaciones al proyecto durante su tramitación en la Cámara del Senado.
