Este es el mes de la participación ciudadana en el Consejo Constitucional. Desde el día de su instalación, el 7 de junio, comenzaron a correr los plazos para los cuatro mecanismos que se establecieron: Audiencias Públicas, Iniciativas Populares de Norma (INP), Diálogos Ciudadanos y la Consulta Ciudadana, que es una encuesta online disponible en el sitio web https://www.secretariadeparticipacion.cl/.
Las cartas ya están echadas con las audiencias y las INP. Sobre las primeras llegaron sobre 1.800 solicitudes, comienza hoy y se realizarán en dos tandas: este viernes 30 y sábado 1 de julio, de forma simultánea en todas las universidades del país, y del lunes 3 al viernes 7 ante las cuatro comisiones temáticas del Consejo Constitucional.
La tarea de implementar, coordinar, informar y sistematizar los mecanismos de participación se le entregó en este segundo proceso constitucional a la Universidad de Chile y la Universidad Católica, al alero de una Secretaría de Participación Ciudadana. Cada casa de estudio tiene un secretario ejecutivo.
Ignacio Irarrázaval, es director del Centro de Políticas Públicas y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Pero, además, en estos meses es el secretario Ejecutivo por parte de la UC para la Secretaría de Participación y conversó con www.alertaley.cl sobre el proceso, sus puntos altos y bajos, como del escenario de agotamiento ciudadano en materia constitucional. Pero también habló de su optimismo en que, en esta oportunidad, los mecanismos de participación establecidos sí serán más incidentes que en la Convención, porque ahora serán un insumo en la toma de decisiones”.
-Se ha hablado mucho de un distanciamiento y desgaste de la ciudadanía con este segundo proceso constitucional, ¿Comparte ese diagnóstico o no es tan así?
-Claramente hay un desgaste en la ciudadanía, en la práctica este es el tercer proceso constitucional que el país enfrenta en poco tiempo, el primero se inició con la Presidenta Bachelet. Por otro lado, el Gobierno ha estado haciendo un montón de procesos participativos sobre algunos programas que le interesan como el sistema de apoyo y cuidado, hay un proceso de diálogo sobre salud, entonces puede que haya demasiada apelación a la participación y la ciudadanía este un poco cansada.
Sin perjuicio de eso, hemos trabajado fuertemente con las universidades y la sociedad civil -que han sido colaboradores importantes- y hemos encontrado bastante entusiasmo en las solicitudes de audiencia, en las Iniciativas Populares de Ley. Sí ha habido menos entusiasmo en los procesos más masivos, como los diálogos y las consultas, pero aun así hay cifras importantes.
-¿Se pueden comparar los mecanismos de participación de este Consejo con el de la Convención?
-La participación actual es un esquema un poco distinto, porque es a partir del ante proyecto que hizo la Comisión de Expertos, mientras que en la Convención se hizo sobre una hoja en blanco, era sobre deseos, motivaciones que la ciudadanía tenía sobre el futuro del país. Eso es bien importante tenerlo presente, porque es un contexto de desarrollo bien distinto.
Nosotros hicimos una recopilación de los procesos de participación ciudadana previos, recogimos toda la información desde 2016, un montón de cabildos que hubo post estallido social, también procesos de participación que hubo con la Convención, todo eso ya está sistematizado y se entregó al Consejo Constitucional. Entonces tampoco partimos de cero.
-¿Es un factor positivo para el impacto real de la participación ciudadana que ahora se haga antes que el Consejo vote las normas y se presenten las indicaciones al ante proyecto?
-Es muy importante y no se si toda la ciudadanía la entendido en profundidad, pero efectivamente, muchas veces nos dicen por qué el plazo es tan acotado, y la respuesta es por esa observación que usted hace. Por eso creo que en esta oportunidad la participación va a ser más incidente, porque va a ser un insumo en la toma de decisiones de los consejeros, para formular sus indicaciones al ante proyecto.
-Ya se están cumpliendo algunos plazos de los mecanismos de participación que se establecieron ¿Cómo evalúa el proceso hasta ahora?
-Quiero ser bien honesto, hay un escenario de un poco de agotamiento y eso es así, no hay nada que esconder. Aun así, estamos contentos. La motivación por las audiencias públicas ha sido bien importante, en esta oportunidad van a ser tan masivas como en la Convención, eso es algo a favor. Se van a realizar en todo el país, a través de las universidades. Son poco mas de 1.800 solicitadas. Respecto de las IP Norma nos pasa algo similar, son menos que en la Convención, pero con un período más corto.
Tenemos un mecanismo nuevo, que es poco conocido, los diálogos convocados que es una muestra representativa de todo el país. Un grupo chico, de más de mil personas, pero lo interesante es que es representativa de la cultura socio demográfica del país, y eso ha resultado positivamente. Tenemos una buena participación proporcional a la población rural, de pueblos indígenas, entonces diría que eso resultó, porque ya está terminado. Lo que falta es sistematizar todo eso, pero ha sido bastante exitoso.
En términos de diálogos ciudadanos y de consulta ciudadana, espero que haya más participación. La consulta es una especie de encuesta online, que se responde rápidamente, en 10 o 15 minutos, y permite a las personas dar su opinión sobre lo que quieran de los temas que hay en el ante proyecto.
-¿Porque cree que las audiencias esta vez han sido el mecanismo más exitoso en este proceso?
– Estamos muy contentos, porque van a participar personas de todas las regiones, de unas 250 comunas de todo el país. Entonces, creo que la virtud que están teniendo es que son un mecanismo más simple, las personas pueden ser escuchadas. En la Convención, todas las audiencias llegaban a las comisiones, ahora, el Consejo va a recibir 200 audiencias y todas las restantes, cerca de 1.600, las van a recibir las universidades, y para eso se hizo un sorteo aleatorio con un algoritmo. Creo que hay un plano de igualdad y de supresión de las dificultades para participar. En las audiencias ante las universidades, puede que llegue un alcalde o alcaldesa y al lado, va a estar una persona que representa a un grupo de vecinos. Esa es una virtud, permitir escuchar públicos que a lo mejor nunca podrían haber pensado en emitir su opinión de manera más formal en este proceso.
-¿Ya se puede saber un cierto perfil de las personas que sí están participando?
-Tenemos un perfil diverso. Por la naturaleza de los mecanismos, las INP requieren un conocimiento un poquito más acabado de temas jurídicos y constitucionales, y eso significa que las personas que las han formulado tienen mayor nivel de escolaridad, y eso es bueno, pero tiene un sesgo, porque en el país no toda la población tiene educación superior.
En cambio, en los diálogos convocados, hay una estructura que lo hace representativa de la realidad sociodemográfica del país.
En mecanismos como las audiencias, la gente tiene alguna aprensión de ir a exponer, tratamos de transmitirles que no se trata de ir a dar una clase magistral, sino simplemente dar una opinión de un ciudadano o ciudadana sobre los temas que le preocupan, el medio ambiente o por que quisiera que el sistema político funcione de otra forma. Hemos querido darle una connotación popular.
-¿Falta que la gente entienda desde la cultura política el efecto positivo de la participación ciudadana, y que no son procesos que se guardan en un cajón?
-Creo que sí. Lamentablemente en la Convención, siento que particularmente con las IPN, no se visualizó todo lo que quisiésemos. Hubo algunas IPN que tenían mucha adhesión, pero finalmente se escucharon muy poco. Nosotros hemos conversado con la directiva del Consejo y nos han dicho que están muy interesados en la participación, que quieren escuchar con calma. Creo que el problema se dio en la Convención y es comprensible que ahora la gente tenga sus aprensiones de que no fueron escuchados, lamentablemente. Ahí nos falta como país, no solo en el tema constitucional, hay muchas instancias, pero las personas a veces no sienten que son del todo efectivas. Creo que ahí hubo un problema en la Convención, ojalá ahora podamos demostrar que en esta oportunidad sí van a ser escuchados y consideradas.
-El propio ante proyecto consagra mecanismos permanentes de participación ciudadana como la Iniciativa Popular de Norma, la iniciativa derogatoria de norma, y referéndums a nivel regional y local. ¿Cuáles son los efectos positivos de estos mecanismos para el sistema democrático?
-Ahí hay un mecanismo bien novedoso, los foros deliberativos, que es lo que nosotros estamos haciendo con estos diálogos convocados. Se ha hecho en países como Islandia y otros en Europa, es bien novedosa, no tan costosa y más expedita, implica elegir estadísticamente una muestra de ciudadanos y ciudadanas de todo el país y ponerlos a conversar sobre un tema. Eso podría ser bien interesante, porque la gente opina, por ejemplo, de la reforma previsional que el gobierno ha planteado y a veces no entienden mucho los detalles, entonces estos foros deliberativos que plantea el ante proyecto, puede ser un buen mecanismo. Es una metodología que se ha probado, se reúne personas que no se conozcan entre ellos, se les explica en que consiste el tema, la propuesta y pueden deliberar sobre lo que les parece. Eso puede ser un insumo bien bueno e interesante, porque el Parlamento nos representa como ciudadanos, pero muchas veces no tienen el tiempo de escuchar a las personas.
-Me habló al principio del informe sobre los procesos de participación en el tema constitucional desde el 2016 hasta la Convención el 2022, ¿Qué expectativa de impacto real esperan que tenga?
-Primero, aquí hay que tener cuidado con lo incidente, porque es difícil que la opinión de una audiencia o de un cabildo cambie la redacción, en eso hay que decirlo abiertamente. Ahora, otra cosa es a nivel de grandes números, que eso sí puede cambiar la opinión. Eso yo lo vi en el proceso de la Presidenta Bachelet, cuando hay muchas opiniones que sistemáticamente dicen, por ejemplo sobre la capacidad de decisión de las regiones, que las decisiones se toman en Santiago, que las regiones debieran tener más poder, bueno eso llega, y en un minuto lo hizo a la discusión del proyecto de Constitución de Bachelet, y si ese punto de vista se repite, ahora va a llegar a los oídos de los consejeros.
Ahora, la solución que den los consejeros, bueno, a lo mejor la persona que planteó la inquietud, no va a estar tan satisfecha con la solución que se da, pero su opinión fue escuchada. Claro, si un a persona dice, yo respondí una encuesta que dura 15 minutos y yo esperaba que cambiaran el ante proyecto inmediatamente, es difícil que eso se logre, pero si hay 15 mil, 20 mil personas que responden y en la mayoría de esas hay una aprensión sobre un tema, eso sin duda va a ser escuchado.
-¿Observa necesario un proceso de aprendizaje de la clase política y la ciudadanía para incorporar permanentemente a la cultura democrática estos mecanismos de participación? ¿Estamos muy en pañales como país?
-Creo que sí, definitivamente. No hay que olvidar que el Presidente Lagos en el año 2000 hizo la primera política de participación ciudadana. Ya llevamos 23 años y tanto Lagos, como Bachelet y Piñera, ambos en sus dos períodos de gobierno, fijaron políticas de participación ciudadana. Como se sabe las políticas son marcos de intención con los que el gobierno de turno se compromete avanzar, no son leyes.
Desde el Presidente Lagos la participación ciudadana ha estado presente, pero no ha sido del todo efectiva. Desde la sociedad civil tampoco hemos sabido utilizar esos instrumentos. A veces la sociedad civil dice que quiere que las cosas sean más que vinculantes, que sea casi mandatorio, bueno, pero para eso está la democracia representativa, pero la riqueza de esas instancias de participación es poder dar los matices que la democracia representativa no puede recoger.
-Hubo reclamos por la no realización de una consulta indígena. ¿Cómo se subsana que no se cuestione la legitimidad del proceso considerando el Convenio 169 de la OIT?
-Lo que nosotros hemos dicho es que ese convenio en su artículo 6 establece que la consulta debe ser con el ánimo de buscar acuerdos, y nosotros como Secretaría de Participación Ciudadana no tenemos esa competencia. Estamos mandatados a informar y a hacer participación. Lo que nosotros estamos haciendo es una participación indígena, inspirada en el artículo 7 del convenio sobre participación indígena, estamos haciendo pertinencia cultural, tenemos incluso traductores, hemos visto como adecuar los mecanismos a los intereses y preocupaciones de los pueblos originarios. Creo que es un buen insumo para una eventual consulta indígena.
Yo no soy abogado, pero lo que sí he visto del Convenio de la OIT es que tampoco el procedimiento de la consulta es tan preciso, tan reglado, entonces no estamos diciendo que lo que hacemos es una consulta indígena, pero claramente esto es un insumo. La consulta indígena es una decisión que le corresponde al Consejo Constitucional, combinado con el Gobierno, pero no es resorte nuestro.
-¿Y cómo ha sido el nivel de esa participación indígena?
Hemos logrado capturar una proporción importante de población indígena, estamos bien interesados en el mundo indígena urbano, porque muchas veces se olvida que el 80% de los pueblos indígenas son urbanos. Entonces ahí hemos capturado una buena proporción. Nos ha costado llegar al mundo más rural, por eso hemos hecho convenios, estamos trabajando con institutos de estudios indígenas, con las universidades de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de La Araucanía, para llegar a esas comunidades. También estamos haciendo unos convenios con la CONADI. Nos gustaría tener más presencia de las comunidades indígenas más rurales.
