Pleno
- La 63° sesión de pleno estuvo dedicada completamente al debate y posterior votación en general del primer informe de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Se presentaron 38 artículos y 2 disposiciones transitorias sobre crisis climática, derechos de la naturaleza, bienes comunes naturales, derechos de los animales, principios ambientales y democracia ecológica.
- Algunas de las que han generado mayor tensión interna son el artículo 5 que propone que “es deber del Estado garantizar y promover los derechos de la Naturaleza, debiendo realizar todas las medidas necesarias de precaución, reparación, restauración y regeneración cuando exista o haya riesgo de degradación o daño ambiental. La restauración de la naturaleza comprende adoptar las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas de la actividad humana. La ley establecerá las instituciones y normativas necesarias para resguardar estos derechos, asegurar la participación ciudadana y la consulta indígena”.
- El artículo 6 precisa que “toda persona, comunidad, pueblo o nación preexistente podrá actuar en representación de la Naturaleza para el resguardo de sus derechos. También su representación podrá ser ejercida por la Defensoría de la Naturaleza por sí o a petición de la parte. Las acciones judiciales o administrativas en su defensa podrán tener carácter individual o colectivo”.
- El artículo 12 se refiere a los bienes comunes naturales como “aquellos elementos o componentes de la Naturaleza que son comunes a todos los seres vivos y pueblos y naciones de Chile. Estos bienes no son susceptibles de apropiación y existe un interés general prioritario en su preservación para la existencia de las generaciones presentes y futuras”. Agrega que “para los pueblos y naciones preexistentes estos bienes tienen una dimensión espiritual que trasciende lo visible, donde cohabitan fuerzas protectoras de los componentes de la Naturaleza, quienes contribuyen y velan por la armonía y equilibrio de los espacios” y que “el Estado es el custodio de los bienes comunes naturales y deberá preservarlos, asegurar su gestión participativa, gobernanza democrática y acceso responsable”.
- El artículo siguiente los define: “las aguas en todas sus formas e interfaces, incluyendo glaciares y criósfera; el mar territorial, la altamar y el fondo marino; las playas, dunas y el borde costero; el subsuelo; los humedales; el aire, viento y atmósfera; la radiación solar; los campos geotérmicos; la alta montaña; el cielo y el espacio; y aquellos que declare la constitución y las leyes”.
- Sobre estos, el artículo 16 señala que “el Estado podrá autorizar el uso por parte de particulares de esta clase de bienes. Esta autorización será inapropiable, incomerciable, intransferible e intransmisible. La ley establecerá las condiciones de otorgamiento, uso, obligaciones, restricciones, tarifas, temporalidad, renovación, extinción, y demás que sean pertinentes de dichas autorizaciones de uso. Establecerá además los procesos de participación de las comunidades en la toma de decisiones, los que deberán ser públicos y transparentes. El uso y la autorización de los bienes comunes naturales deberá estar orientado al buen vivir y respetar los derechos de la naturaleza y la posibilidad de su uso y acceso por las futuras generaciones”.
- En la norma número 17, se establece que “los pueblos y naciones preexistentes tienen un régimen especial de titularidad colectiva de los bienes comunes naturales que se encuentran en sus tierras y territorios”, tienen derecho a acceder, utilizar y controlarlos, que el Estado “reconocerá” sus usos ancestrales de acuerdo a los derechos de los pueblos indígenas reconocidos internacionalmente y que “no podrá constituir o asignar autorizaciones de uso” sobre estos en tierras indígenas.
- En el artículo 23 se aborda el derecho de los animales. Precisa que el Estado los protegerá “reconociendo su sintiencia, individualidad y derecho a vivir una vida libre de maltrato. La ley establecerá los demás derechos de los animales, un servicio público para su protección y no extinción, una acción para su tutela, el resguardo de su hábitat y la prohibición de prácticas que los sujeten a tratos crueles”.
- En la norma 29 se señala que “los delitos que atenten contra los derechos de la Naturaleza, serán imprescriptibles y sancionados en conformidad de su gravedad según las acciones civiles, administrativas o penales que disponga la Ley”.
- Fueron cinco horas de debate, donde quedaron en evidencias las discrepancias entre los convencionales sobre el tenor de las propuestas.
- El convencional de escaños reservados, Victorino Antilef, explicó que “no se trata de plantear que un sistema de creencia sea superior a otro, se trata de expresar nuestro legítimo derecho a resguardar las bases en que se sustenta este sistema de creencias. Esto es, la naturaleza misma”.
- Su par de escaños reservados, Luis Jiménez, felicitó a la comisión por “plantear conceptos que rompen el colonialismo epistémico y apertura a nuevos saberes», punto en el que destacó la propuesta de norma de derechos de la naturaleza, aunque consideró que hay iniciativas “que deben ser perfeccionadas”.
- La constituyente PC, Bárbara Sepúlveda, apuntó a la norma sobre derechos de los animales, explicó que “hubo cuatro iniciativas populares para el reconocimiento de los animales en la Constitución (…) y, entre ellas, suman más de 84 mil patrocinios” y añadió que cerca de 50 Constituciones en el mundo “protegen y reconocen a los animales«.
- Desde Movimientos Sociales, la convencional Janis Meneses afirmó que “necesitamos una regulación constitucional que consagre los derechos de la naturaleza, de los animales, haciendo especial énfasis en la responsabilidad que tiene el Estado y las empresas, frente al incumplimiento de dichos preceptos normativos”.
- Su par de Pueblo Constituyente, Adriana Ampuero, recalcó que el informe de Comisión Medio Ambiente «nos invita a transformarnos en una República ecológica, bajo estándares medio ambientales que nos permitan proyectar la vida de las generaciones futuras” y que, sin cuidado del medio ambiente, “no hay buen vivir”.
- Otros convencionales expresaron reparos. Fuad Chahin (DC) precisó que «queremos establecer un verdadero Estado social y ecológico de derecho, y creo que podríamos ser la primera Constitución en el mundo en asumirlo de esa manera”, sin embargo, recalcó que “esta propuesta tiene dificultades, hay normas que son contradictorias, repetitivas”.
- Su par del Colectivo del Apruebo, Felipe Harboe, destacó que en el informe “hay buenas intenciones, pero están a mi juicio muy mal logradas. Algunas de sus normas podrían ser correctas en su contenido, no obstante, no tienen nada que hacer en una Constitución política, ya que son materias de ley”.
- Desde Independientes No Neutrales, la constituyente Carolina Sepúlveda invitó al pleno “a trabajar juntos para mejorar aquellos artículos que sean rechazados hoy, ya que compartimos el espíritu que tiene el informe, que permitirá a las generaciones presentes y futuras una mejor vida”.
- Desde la derecha fueron duros y críticos. La convencional UDI, Katherine Montealegre, dijo que “nunca se ha visto tan claramente la hipocresía que les adorna: “queremos proteger a todo ser sintiente, de los que mutilan y matan por deporte. Ah no, pero salvo que se trate de las personas que están por nacer”».
- Otras voces en Chile Vamos pusieron el acento en otros aspectos del informe. El constituyente Evopoli, Hernán Larraín, planteó que “la propuesta de la comisión tiene un problema fundamental: nos obliga a elegir entre la naturaleza o las personas. Ante esa disyuntiva, eligen a la naturaleza. Su sueño se encamina en transformar a Chile en un gran parque nacional”.
- En tanto, su par de RN y miembro de la comisión de Medio Ambiente, Bernardo Fontaine, dijo que este primer informe “necesita volver a la Comisión a reescribirse con más sentido común. De aprobarse, llevará a los chilenos a una peor calidad de vida y no protegerá adecuadamente los ecosistemas. El remedio será peor que la enfermedad”.
- El RN, Roberto Vega, añadió que “lamentablemente, el informe presenta una serie de críticas que hemos escuchado. Es un informe maximalista (…). Abordamos una serie de temáticas que no son propias de la discusión constitucional, pero que sí serían materia de ley”.
Comisión de Sistema Político
- De las 780 indicaciones que la comisión está votando estos días, en la sesión de hoy avanzó hasta la 285, donde se afianzó el acuerdo entre la derecha, el Colectivo del Apruebo, Independientes No Neutrales, una parte de los escaños reservados y el Colectivo Socialista, para establecer un sistema de Congreso bicameral asimétrico, en el que, si bien no hay Senado, una Cámara Territorial mantiene varias de sus funciones.
- La aprobación inicial en la comisión durante febrero de un modelo de Congreso unicameral, no solo generó críticas, sino que forzó la necesidad de un entendimiento entre los colectivos de izquierda y centro izquierda para buscar una fórmula alternativa. Ahí surgió lo del bicameralismo asimétrico, con una cámara política (diputados) y un consejo territorial, con funciones limitadas, sin mayor incidencia en la tramitación de las leyes.
- Pero durante la votación en particular de esta semana, tomó fuerza que sea una Cámara Territorial, a la cual se le ampliaron las atribuciones: conocer los proyectos de reforma constitucional, la ley sobre la división política y administrativa del país, leyes respecto a las competencias de las regiones, además de las votaciones populares y el sistema electoral.
- Si eso ya tensionó el clima, especialmente entre los convencionales del Frente Amplio, el PC y Movimientos Sociales, la votación de hoy en la comisión, espesó el ambiente mucho más, ya que se le sumaron más facultades a dicha Cámara Territorial, quedando demasiado parecida al actual Senado.
- Todas las indicaciones que se aprobaron sobe el tema son de los convencionales UDI, Marcela Cubillos, Constanza Hube y Arturo Zuñiga.
- Se aprobó -por el estrecho margen de 13 votos a favor y 12 en contra- como atribución de “la Cámara Territorial conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia”.
- Por el mismo resultado, se dio luz verde a también a que preste o niegue su consentimiento “a los actos del Presidente de la República, en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran. Si la Cámara Territorial no se pronunciare dentro de treinta días después de solicitada la urgencia por el Presidente de la República, se tendrá por otorgado su asentimiento”.
- Igual que en las indicaciones anteriores, se aprobó por solo un voto de diferencia la atribución de “otorgar su acuerdo para que el Presidente de la República pueda ausentarse del país por más de treinta días o a contar o a contar desde el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones”.
- Por 14 votos a favor y 11 en contra, se aprobó que “en caso de existir una Cámara de Diputados y una Cámara Territorial, es atribución del Congreso aprobar o rechazar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado requerirá, en cada Cámara, de los quórums que corresponda, en conformidad a lo dispuesto en esta Constitución y se someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley”. Agrega que “el Presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido y el alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formularle” y que “el Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional, en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional”.
- La única indicación que obtuvo una mayoría más amplia, 17 a favor y 8 en contra, es la que precisa que “la Cámara Territorial, sus comisiones y sus demás órganos, incluidos los comités de congresistas si los hubiere, no podrán fiscalizar los actos del Gobierno ni de las entidades que de él dependan, ni adoptar acuerdos que impliquen fiscalización”.
- Lo estrecho de las votaciones hace augurar un complicado panorama en el pleno, cuando se vote el informe de la comisión, porque ahí las normas requieren de un umbral de 2/3 votos para su aprobación y, la alianza entre la derecha, INN, Colectivo del Apruebo, Colectivo Socialista y parte de los escaños reservados no alcanza por sí sola los 103 votos necesarios, requiere al menos de convencionales del Frente Amplio.
