Comisiones temáticas
- Medio Ambiente. La comisión debatió y votó hoy otras cuatro propuestas de norma: derecho a la libre iniciativa económica y empresarial, y promueve la libre competencia; deber del Estado respecto a las actividades económicas y empresariales de los particulares; deberes del Estado para el desarrollo y protección de la micro, pequeña y mediana empresa; y reconocimiento constitucional a la gestión comunitaria del agua y al saneamiento rural.
- La propuesta del derecho a la libre iniciativa económica y empresarial, y promueve la libre competencia, que fue defendida y explicada por los convencionales Harry Jurguensen (RN) y Rodrigo Álvarez (UDI). Establece que “la economía de la República de Chile tendrá su base en los principios de la Economía Social de Mercado, garantizando la propiedad privada, la libertad económica, el rol subsidiario del Estado, la libre competencia y la libertad individual para desarrollar cualquier actividad económica que no esté prohibida por las leyes. El Estado de Chile protegerá la Libre Competencia a través de un Tribunal de Defensa, cuya misión será conocer y juzgar los conflictos derivados de atentados en contra de la libre competencia”.
- En la deliberación de la comisión, se criticó que la norma es parecida a lo que ya establece la actual Constitución y que no resuelve los problemas de la ciudadanía. Fue votada por separada y en las tres votaciones, fueron rechazados todos sus puntos.
- Sí se aprobó -por 15 votos a favor y 4 en contra- la propuesta que el Estado debe reconocer, respetar, proteger y promover la organización económica comunitaria, que señala que se garantiza “el aprovechamiento responsable y planificado de los bienes naturales, e impulsar la producción con tecnologías limpias, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la diversidad productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la prevención, la recuperación y el fortalecimiento de las fuentes regeneradoras de los ciclos naturales, el equilibrio de los ecosistema y la preservación de la biodiversidad para el bienestar de las generaciones actuales y futuras”.
- Además, establece que “el Estado garantizará las condiciones para emprender actividades económicas y empresariales con el límite de las condiciones previstas en esta Constitución y las leyes, debiendo éstas ser establecidas en conformidad a la función social y ecológica de la propiedad y los derechos de los pueblos indígenas, la protección de los derechos humanos y de la Naturaleza, la seguridad e integridad del territorio del Estado y la salud pública”.
- También fue aprobada la norma sobre protección de las pequeñas y medianas empresas, que señala que “el Estado fortalecerá mediante la ejecución de planes y programas el Rol de las Organizaciones Gremiales Mipymes, promoviendo su participación en las instancias nacionales e internacionales relativas al comercio, el trabajo, el medio ambiente, entre otras”; y que “fomentará el cooperativismo como una forma de agrupar empresas de menor tamaño con objetivos ligados al buen vivir, la agregación de oferta, a la generación de valor agregado en la producción, la integración productiva, circuitos cortos de producción y el uso de tecnologías limpias, entre otras formas que promuevan el buen vivir y la solidaridad”.
- La última votación fue el reconocimiento constitucional de la gestión comunitaria del agua, norma que precisa que “os derechos humanos al agua y al saneamiento constituyen garantías indispensables para una vida digna, lo que el Estado de Chile asegurará a todas las personas, garantizando agua potable y saneamiento de manera suficiente, segura, salubre, culturalmente adecuada y de forma física y económicamente accesible. El Estado deberá velar por la satisfacción de este derecho atendiendo a los requerimientos de las personas en sus distintos contextos, teniendo especial consideración por quienes habitan en territorios rurales y zonas extremas. Este derecho deberá satisfacerse preferentemente a partir de fuentes de aguas continentales”.
- Se reconoce constitucionalmente “el rol histórico e insustituible que, en el ámbito de los territorios rurales y sus habitantes, ha cumplido y desempeña la gestión comunitaria de agua y las organizaciones que la encarnan. La gestión comunitaria de agua en Chile constituye un patrimonio inmaterial de orden bio-cultural, el cual representa un modelo cooperativo e identitario de nuestros mundos rurales, capaz y eficaz al momento de proveer a los habitantes de dichas zonas de agua potable y saneamiento, de un modo culturalmente arraigado y ecológicamente sostenible”.
- Derechos Fundamentales. La comisión debatió hoy sobre libertad personal – autonomía e identidad; derechos sexuales y reproductivos; y el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Sin embargo, la discusión que se tomó la agenda fue el de la iniciativa popular de ley que reconoce y garantiza a todas las personas sus derechos sexuales y reproductivos, que permite el aborto legal y seguro.
- De forma telemática una de las autoras de la iniciativa, Siomara Molina, de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, expuso ante la comisión los aspectos centrales de la propuesta: “Esta iniciativa fue construida desde la noción de la justicia reproductiva con base en los principios de igualdad sustantiva, libertad, autonomía y dignidad, identificando que necesitamos, no solamente el derecho a abortar, sino que construir condiciones sociales y materiales que posibiliten ejercer nuestra sexualidad y habitar nuestros cuerpos de forma libre y en igualdad de condiciones”.
- A la sesión asistieron las convencionales feministas para respaldar la iniciativa, que tenían derecho a voz, pero no a voto. La convencional Janis Meneses puso el acento en que “por fin un órgano de la institucionalidad va a hacer posible que la lucha histórica de las mujeres por consagrar nuestros derechos sexuales y reproductivos se pueda materializar en esta nueva Constitución”.
- Desde la derecha, las detractoras del aborto cuestionaron la propuesta. La constituyente, Teresa Marinovic, afirmó que “he estado cerca de mujeres que han enfrentado embarazos difíciles, por lo tanto, entiendo lo que es. Tengo claro que no las voy a convencer, pero en lo que coincidimos, supongo, es en entender que cada vez que se plantea la posibilidad de un aborto es en un contexto dramático, y mi pregunta es ¿por qué lo tratan de una manera tan festiva, casi carnavalesca?, ¿por qué esta conducta alegre frente a una situación penosa?”.
- El tema continuó con la presentación de otra iniciativa popular que consagra el derecho a la vida. Expuso y respondió preguntas uno de sus autores, Vicente Hargous, de la organización “Siempre por la Vida”, quien recalcó que “la vida es un derecho que tiene que ser necesariamente anterior a los demás, a todas las otras libertades que tenemos”.
- Sistema Político. La comisión siguió hoy con la deliberación de propuestas de normas, preparándose para la jornada de votación en general de mañana jueves 27, sobre las propuestas relacionadas sobre régimen político, tipo de Congreso, sistema electoral, probidad y transparencia.
- El orden de la votación será, primero, Estado plurinacional, luego las propuestas sobre presidencialismo, integración del congreso, tipo de sistema electoral, generación y materias de la ley y probidad. Si no se alcanzara a votar todo, se realizará una sesión extraordinaria el viernes en la mañana.
Consulta Indígena.
- Tras meses de discrepancias, atrasos y dudas, finalmente la Convención lanzó oficialmente el proceso de Consulta Indígena, en una ceremonia en la terraza Neptuno del Cerro Huelen-Santa Lucia, en el que participó la mesa directiva, los escaños reservados e integrantes de la comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas.
- La Consulta Indígena es una obligación legal de la Convención, porque el año 2008 Chile ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales -que entró en vigencia en septiembre del 2009-, lo que implica que el Estado tiene el deber de consultar “a través de sus instituciones representativas y procedimientos apropiados, de conformidad con sus características socioculturales” las medidas legislativas y administrativas que puedan afectar, directamente, a los pueblos originarios.
- En la ceremonia, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, destacó que se estaba iniciando “un proceso histórico” y que, tanto los acuerdos como las propuestas que surjan de los pueblos originarios, “serán consideradas en deliberación de la nueva Carta Magna”.
- Insistió que la responsabilidad de la implementación de la consulta es de la Convención y no de la secretaría técnica ni de la comisión, como también que ya se empezó a desplegar la estrategia para informar a las comunidades de las reuniones de trabajo.
- El vicepresidente, Gaspar Domínguez, añadió que “en este lugar tan significativo damos el puntapié inicial de manera hermanada (…) entre todas y todos construiremos las reglas del juego de manera plurinacional, reconociendo lo que somos: un Estado plurinacional”.
- La coordinadora de la Comisión de Derechos Indígenas, Margarita Vargas, invitó “a comunidades, asociaciones indígenas y personas naturales que desde sus territorios comencemos a deliberar y consensuar”. Su par, Isabel Mamani, agregó que en este proceso “vamos a caminar con todos nuestros ancestros, creencias y costumbres para llegar a nuevos consensos. Es importante señalar que este proceso es una obligación de la Convención”.
- El cronograma de la consulta fija estos días para difusión del proceso, su realización entre el 14 de febrero y el 4 de marzo, tiempo en el que se aspira trabajar con 4 mil 158 comunidades y 2 mil 916 asociaciones indígenas. Los encuentros podrán ser de manera presencial o telemático y la discusión que se realice debe respetar las formas y cultura de cada pueblo.
- Se trabajará en base a un documento guía que elaboró la Comisión de Derechos Indígenas de la CC que contempla principios como la plurinacionalidad, el buen vivir y la libre determinación; derechos colectivos sobre tierras, recursos naturales, vivienda, autogobierno y no discriminación; además de un paquete de preguntas para proponer normas, incorporar más derechos y temas.
- Entre el 7 y el 25 de marzo la Secretaría Técnica de Participación Popular y Consulta Indígena de la Convención tendrá que sistematizar la información obtenida, para ahí “recibir, elaborar, debatir y formular normas e indicaciones relativas a los derechos de los pueblos indígenas, sus garantías e instituciones, respetando estrictamente los acuerdos a los que arribe con los pueblos”. Entre el 28 de marzo y el 4 de abril se deben entregar los resultados del proceso.
- El costo aproximado bordea los $1.400.000.000, desglosado en las remuneraciones para unos 444 facilitadores, 415 digitadores, 410 moderadores, además de combustible y colaciones.
Tensión con la Corte Suprema.
- El gallito con el máximo tribunal que provocó la aprobación en general en la Comisión de Sistemas de la propuesta para reducir el periodo de los magistrados entre 10 a 15 años para los supremos y de ocho años para los ministros de corte y de tribunales inferiores, siguió latente hoy.
- Si ayer la Corte Suprema sacó una declaración pública en la que advirtió que esa norma poner en jaque los principios de independencia e inamovilidad del Poder Judicial, que sacó ronchas en la Convención donde acusaron intervención del máximo tribunal, hoy el tema estuvo marcado por un sinfín de declaraciones.
- La presidenta de la Convención trató de poner paños fríos al asunto: “Todos los poderes del Estado han reafirmado la autonomía de esta Convención Constituyente, así como nosotros respetamos la autonomía también de los demás poderes (…) nos parece positivo que cualquier actor de la sociedad presente su moción, pueda dar insumos a las distintas comisiones, al igual que lo hacen todas las personas en este país, valoramos y respetamos la autonomía de los poderes y por supuesto esta Convención es autónoma y se van a dar los proceso de conversación”.
- El vicepresidente, Gaspar Domínguez, recalcó que la Convención “es un proceso ciudadano amplio de deliberación y discusión, yo diría que la voz de los jueces y los ministros de la Corte Suprema es una voz más dentro de la discusión, puesto que son personas con vasta trayectoria y es razonable escucharlos”. Agregó que “lo más importante es precisar y dejar en claro que las decisiones finales de esta discusión las tendrán los propios convencionales de esa comisión, luego el pleno y la ratificación por la ciudadanía en el plebiscito. Las otras voces que llegan de otros poderes u organizaciones son voces dentro de la participación, pero no definen cuál va a ser la resolución que se tome”.
- Desde la Corte Suprema, hicieron un despliegue para defender su punto. La ministra de la tercera sala, Ángela Vivanco, afirmó que el máximo tribunal no busca “mantener ni crear ningún tipo de privilegio”, que la declaración pública está lejos de ser una “intromisión” y que están tratando de resguardar a “las personas que van a los tribunales, que son especialmente vulnerables, necesitan que sus jueces estén preocupados de la administración de justicia, no de qué es lo que les va a pasar en dos o tres años”.
- Vivanco recalcó que el hecho que “exista esta necesidad de estar repostulándose por parte de los jueces, frente a cualquier organismo que sea cualquier sistema de designación, porque eso en el fondo hace que el juez tenga que volverse hacia sí mismo y preocuparse de qué es lo que está fallando en relación a su futuro y no preocuparse en relación a su deber”.
- Las gestiones no se quedaron ahí. Varios ex supremos – Ruben Ballesteros y los exministros Héctor Carreño, Lamberto Cisternas, Rosa María Maggi, Carlos Künsemüller, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y Patricio Valdés- sacaron una carta pública respaldando la declaración pública del máximo tribunal: “Entre los principios fundamentales en que descansa el correcto ejercicio de la judicatura, la independencia se erige como una garantía indispensable para asegurar juezas y jueces imparciales, capaces de administrar justicia con los debidos conocimientos, integridad ética, honestidad y prudencia”.
- Desde el Gobierno también defendieron la postura de la suprema. El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, afirmó que “no queremos entrometernos en materia que no nos competen, pero nosotros creemos que la idea de la Convención es redactar una Constitución que sea la casa de todos, debiese ser oír a todas las instituciones y, en ese sentido, respaldamos que la Corte Suprema debiese ser oída”.
Cabildos Penitenciarios
- Tras varios meses de trabajo técnico, finalmente la mesa de la Convención firmó un acuerdo con el Ministerio de Justicia para realizar cabildos penitenciarios, con el objetivo que grupos históricamente excluidos como las personas privadas de libertad, participen en el proceso constituyente.
- El acuerdo -firmado por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y la presidenta de la CC, María Elisa Loncon- establece un protocolo para el ingreso de convencionales a establecimientos penitenciarios, otro para la realización de los cabildos y el compromiso de ambas instituciones para generar las “condiciones óptimas para la participación efectiva e incidencia de las personas privadas de libertad que decidan, voluntariamente, ser parte del proceso constituyente mediante su participación en los cabildos penitenciarios”.
- Los cabildos se realizarán en 38 recintos penitenciarios: Arica, Alto Hospicio, Iquique, Antofagasta, Tocopilla, Copiapó, Vallenar, La Serena, Ovalle, Valparaíso, Quillota, Isla de Pascua, Santiago Sur, San Miguel, San Joaquín, Santiago I, Colina I, Puente Alto, Talagante, Rancagua, Santa Cruz, Talca, Cauquenes, Chillán, Biobío, Concepción, Yumbel, Temuco, Angol, Valdivia, Puerto Montt, Osorno, Coyhaique, Puerto Aysén y Punta Arenas.
Iniciativas Populares de Norma
- 6 nuevas iniciativas populares de norma lograron el umbral de las 15 mil firmas de respaldo para ser tramitadas en la Convención, llegando hasta un total de 26 hasta ahora.
- Las seis iniciativas son: “Protección de los animales. reconocimiento de la sintiencia y respeto de las culturas rurales, tribal afrodescendientes y pueblos originarios”; “Salud mental gratuita y de calidad como derecho”; “Una Constitución política para las y los trabajadores de Chile”; “Derecho a ser Club y ser hincha”; “Los primeros mil días: por el derecho a la protección de la primera infancia, la maternidad y la co-parentalidad”, y “Sistema único de salud, universal, plurinacional e integrado para el nuevo Chile que estamos construyendo democráticamente”.
- Cumplido con el requisito de las firmas, las iniciativas populares son discutidas y votadas en las comisiones respectivas, en general y particular, igual que las propuestas de normas de los convencionales, y luego pasan al pleno para su votación. El plazo para patrocinar iniciativas populares -hasta un máximo de 7 por persona- vence el 1 de febrero. Las que no logren el umbral de las 15 mil firmas no serán consideradas en la discusión de la CC.
