Si bien la moción contó con la aprobación mayoritaria de los legisladores, sorprendió en el resultado, los votos de la diputada Erika Olivares (IND-RN) y Eduardo Durán (RN), dado que el oficialismo había asegurado su rechazo. Durán, explicó que es un “acto humano” con las víctimas “de lado y lado” y que vieron sus derechos humanos violentados por parte de agentes del Estado en el contexto del estallido social del 2019. Sin embargo, lamentó que, al menos en la Cámara, no se haya incluido a personas y pymes afectadas por la violencia delictual.
Al término de la votación, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, diputado Gabriel Boric (PCS), declaró que el texto legislativo presentado en octubre del 2020, es la demostración del compromiso que su sector político tiene con las víctimas de violaciones a los derechos humanos en cualquier contexto, “en un futuro gobierno vamos a volver a la cultura de respeto irrestricto de derechos humanos, a la educación en ese sentido, sino también a la reparación y acompañamiento de las víctimas. Nosotros tenemos compañeros y compañeras que fueron víctimas de trauma ocular, como Natalia Aravena, quienes han denunciado que el Estado les abandonó y que ni siquiera tuvieron acceso a salud digna, personas a las que les arrancaron un ojo. Por eso, este proyecto es importante. Y por eso también es importante que muchas veces se habla de lo que pasa lejos de Chile para sacarnos a la pizarra en materia de derechos humanos y cuando hay que preocuparse de lo que pasa acá, ustedes vieron el marco y el carácter del debate hoy día. Nosotros invitamos a que haya una reflexión profunda, que cuando se habla de estos temas tenemos que ser consecuentes y coherentes. Nuestro compromiso con este proyecto está muy claro”.
El proyecto en cuestión, establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte, en el contexto de movilizaciones sociales (Boletín N°13854-17) define Estallido Social como la serie de masivas manifestaciones sociales desde el 7 de octubre de 2019. Además, disminuye el estándar probatorio para que las víctimas accedan a la justicia reparatoria, tomando como base que el Estado ha incurrido en falta de servicio al no proteger los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de las y los manifestantes o quienes se encontraban presentes en lugares en que se desarrollaban manifestaciones sociales. Asimismo, se entenderá como víctima a toda persona que, individual o colectivamente, hubiese sufrido lesiones físicas o psíquicas, mutilaciones, tortura, apremios ilegítimos, vejaciones, violencia sexual o a quienes se les hubiere provocado la muerte, como consecuencia de acciones u omisiones de agentes del Estado, bajo el contexto de movilizaciones en el Estallido Social. Se considerará también como víctima a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con el afecto directo y se presumirá también como tal a quienes hayan hecho denuncias de este tipo en una serie organizaciones detalladas en el texto.
En cuanto a los montos de indemnización, indica tendrá que ser de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la vulneración, considerando todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones de las normas de derecho internacional de los derechos humanos.
El proyecto pasó a segundo trámite constitucional en el Senado.
