La norma tiene por objeto asegurar el acceso a una educación de calidad y equitativa para todos los estudiantes del país, mediante la evaluación integral, fiscalización pertinente, apoyo y orientación constante a los establecimientos educacionales públicos.
Asimismo, velará por asegurar la equidad, es decir, que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, mediante procesos de autoevaluación, evaluación externa, inspección, pruebas externas de carácter censal, apoyo técnico pedagógico a los establecimientos educacionales y rendición de cuentas de los diversos actores e instituciones del sistema escolar, particularmente los establecimientos educacionales públicos.
Bajo este principio es que se crea la Agencia de la Calidad de la Educación, la Superintendencia de Educación y se entregan nuevas competencias al Ministerio de Educación.
La Agencia de Calidad de la Educación, evaluará y orientará el sistema educativo para que éste propenda al mejoramiento de la calidad y equidad de las oportunidades educativas, considerando las particularidades de los distintos niveles y modalidades educativas. Entre sus funciones se encuentra diseñar, implementar y aplicar un sistema de medición del aprendizaje de los alumnos; elaborar informes evaluativos basados en el desempeño de los establecimientos educacionales, y prestar apoyo a los establecimientos calificados como “deficientes” para que mejoren su situación, entre otras.
La Superintendencia de Educación, será encargada de fiscalizar a los establecimientos educacionales públicos y velar por que éstos cumplan con la normativa educacional y con el correcto uso de los recursos estatales. Para esto podrá fiscalizar la rendición de cuentas públicas, ordenar auditorías, formular cargos, resolver conflictos y aplicar sanciones.
Finalmente, la ley otorga al Ministerio de Educación más funciones relacionadas con la mantención de una educación de calidad. Por ejemplo, la elaboración de estándares de aprendizaje de los alumnos; confeccionar los planes curriculares, bases y planes de estudio, y proponer y evaluar las políticas relativas a la formación inicial y continua de docentes.
