- Esta fue la penúltima votación del pleno. El proceso está a un paso de terminar. Hoy se votaron las 32 propuestas de solución que despachó la comisión mixta al pleno, las que fueron aprobadas en una votación única por 32 votos a favor (Republicanos y Chilpe Vamos) y 17 en contra (oficialismo).
- Así, fueron reincorporados al texto final temas como la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda, la creación de una agencia anticorrupción, la causal de “acto terrorista” para declarar estado de sitio, la consagración de objeción de conciencia, la expulsión de extranjeros en el menor tiempo posible y la opción de reelección indefinida de autoridades regionales y locales, sí cambian de comuna donde ejercieron el cargo.
- Con esto, solo resta el pleno final, cuando en una votación única, se vote íntegramente la propuesta de nueva Constitución. Dicho pleno debería ser convocado para el 30 de octubre, siete días antes de lo establecido originalmente en el cronograma. Con eso se cierra el trabajo del Consejo Constitucional y se podrá entregar el texto final al Presidente de la República para que convoque al plebiscito de salida del 17 de diciembre.
- No hubo ni una sorpresa en la jornada. De antemano se sabía -tal como fue con el trabajo de la comisión mixta- que este sería el resultado, debido a que Republicanos y Chile Vamos tienen autonomía de votación, tienen su poder el quorum de aprobación de normas, los 3/5 (30 votos) del pleno.
- Tampoco fue novedad lo tenso y ácido del debate, las recriminaciones cruzadas, la falta de diálogo y consenso. Las tres horas de debate que se fijaron por reglamento se caracterizaron por reflejar dos bandos, dos discursos diametralmente distintos y dos verdades de como se desarrollo este proceso.
- Eso sí, los números no mienten y casi todas las propuestas de solución que propuso la comisión mixta fueron despachadas al pleno solo con los votos a favor de la derecha, que tenía por sí sola los 7 votos de quorum para aprobarlas. Lo mismo que sucedió en semanas anteriores en el pleno cuando se votaron normas claves del texto, como derechos sociales, principios y sistema político, donde se definió el modelo moral y político que se plasmó a la propuesta constitucional.
- A tono con la estrategia ya desplegada desde hace unos días, Republicanos y Chile Vamos defendieron a coro el tenor del texto en general y de las propuestas de la comisión mixta. Se insistió que esta es una Constitución ciudadana, escrita en democracia, que ya es hora de cerrar la incertidumbre constitucional en la que se encuentra el país desde el 2019, y que, si no hubo consensos, fue porque el oficialismo no quiso dialogar.
- Fue uno de los primeros en hablar. El delegado de republicanos, Luis Silva, dijo que esta Constitución elaborada por este Consejo “es hija de su tiempo, que, desde su tiempo, quiere proyectarse hacia el futuro como instrumento útil, al fin propio del poder político que es servir a las personas del gobierno de esta sociedad que se llama Chile”.
- El consejero RN, Germán Becker, acusó que “la izquierda extrema siempre se opuso a los posibles acuerdos, nunca logramos llegar a un acuerdo final (…) Lo que quieren ahora es, paradójicamente, votar en contra esta Constitución y votar a favor de la Constitución de los cuatro generales”.
- Su par de las UDI, Arturo Phillips, aseguró que “nos hemos esforzado en presentar un texto profundamente ciudadano y en el que se recoge, a la vez, distintas visiones de mundo. Lo cual se resumen en que tenemos un proyecto que pone a la persona en el centro, pero que a la vez robustece un Estado Social”.
- También de la UDI, el comisionado Máximo Pavez, afirmó que “este texto como está quedando, ayuda de manera decisiva a avanzar en la siguiente etapa institucional que requiere nuestro país (…) Creo que sintoniza con la gran mayoría de los chilenos que rechazó la propuesta refundacional”, aludiendo al texto que elaboró la Convención Constitucional y se plebiscitó en septiembre de 2022.
- La consejera RN, Lorena Gallardo, sentenció que “podrá criticarse al texto que no contiene normas refundacionales o coherentes con una ideología de izquierda, legítimamente representada en este Consejo, pero no se puede desconocer que tuvieron tiempo y espacio para poner sus observaciones y enmiendas”.
- Desde el oficialismo, no se dio tregua a la derecha. Se les acusó de no generar nunca espacios de reales de dialogo ni negociación, de estar interesados solo en incorporar normas de tenor identitario y populista, eslogan en función de un proyecto político específico, y de ser responsables de plasmar extravagancias y errores constitucionales al texto.
- Así, el comisionado PC, Alexis Cortes, acusó que las recomendaciones que hizo Comisión Experta “fueron ignoradas nuevamente” y que en la comisión mixta “la derecha reforzó sus posturas defendidas en el Consejo”. A reglón seguido acuñó una frase: “La Constitución es de derecha y está mal hecha”.
- El comisionado del FA, Domingo Lovera, que fue uno de los 12 integrantes de la comisión mixta, afirmó que dicha instancia no funcionó y recordó que antes que terminaran el trabajo, desde la oposición ya había campañas en redes sociales promocionando varias de las propuestas que justamente debían debatirse. “No hubo intención de conversar, mas allá del trato cordial, la derecha no tuvo disposición a conversar. Este es un texto maximalista, crea muchos órganos que no sabemos cuánto van a costar (…) es una propuesta programática, contiene un plan moral y, sobre todo, un plan político que busca constreñir al Estado, desfinanciarlo para hacer ilusorio el Estado Social y Democrático de Derecho. Lo problemático no es que sea una Constitución de derechas, sino que es mala”, sentenció.
- El consejero PS, Alejandro Köhler, lamentó que “atrás quedó la Constitución inclusiva que quisimos construir (…) Por el contrario, la derecha, salvo honrosas excepciones, consagra un texto escrito por los poderosos para los poderosos de Chile (…) no podemos legitimar una Constitución escrita por una mayoría circunstancial, que ha cometido los mismos errores que le criticaron a la Convención Constitucional”.
- La comisionada DC, Alejandra Krauss, también acusó que “no todos fuimos convocados a este juego democrático. Dejamos en el camino la excelencia y el respeto. Estamos quedando en deuda (…) es inconcebible que para algunos su prioridad haya sido fortalecer el orden público-económico”.
- También integrante de la comisión mixta, la comisionada PPD, Verónica Undurraga, lamentó que ninguno de los dos procesos constitucionales que se han realizado los últimos años, “independiente si se aprueba o no este texto, fue capaz de lograr el encuentro y el diálogo que necesitamos para dar la estabilidad que Chile requiere”.
- La consejera María Pardo (CS) fue una de las últimas en hablar. “La ciudadanía en su sabiduría sabrá darse cuenta de que esta es una Constitución que nos ofrece ir donde no queremos ir y ser lo que no queremos ser (…) esta propuesta constitucional es un error. Y me temo que de aprobarse este error podría terminar llevando a nuestro país al fracaso”.
- Entre los principales puntos aprobados y que se incorporó al texto de forma definitiva está la norma que establece la exención del pago de contribuciones del “inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con su familia”. Se definió que entre en vigencia a partir de enero de 2026 con una progresividad a razón de un 20% anual y se fijaron excepciones legales como el alto avalúo fiscal de la vivienda y los ingresos del contribuyente y de su familia.
- También se aprobó articulado que señala que la ley establecerá “los casos, procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda, de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados”. Se procurará que los extranjeros cumplan su pena en su país de origen y que todos los procedimientos y medidas deban ejecutarse “con pleno respeto de la dignidad humana, los derechos y garantías fundamentales y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile”.
- Además, se sumó que “el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Se garantiza su ejercicio, debido respeto y protección. Este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ellas y a transmitirlas. Comprende además la objeción de conciencia, la que se ejercerá de conformidad a la ley”.
- Otro punto aprobado fue que la ley “asegurará el acceso equilibrado” de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular, así como su participación en los distintos ámbitos de la vida nacional.
- También se refrendó que los gobernadores sólo podrán ser reelegidos en sus cargos sucesivamente por una vez; mientras que los CORES, los alcaldes y concejales podrán ser elegidos seguidamente hasta por dos veces en “cada comuna”. La norma habilita que después de cumplido ese límite, si se cambian de comuna o región donde ejercieron el cargo, podrán postular nuevamente. Esto es lo que se conoce como “turismo electoral” o “silla musical”.
- Sobre educación, se aprobó que en sus niveles básico y media son obligatorias, que el Estado debe “financiar y coordinar” un sistema gratuito para asegurar su acceso a toda la población y “garantizar el financiamiento por estudiante en establecimientos estatales y privados”.
- El ajuste que se hizo en los estados de excepción fue que “el estado de asamblea, en caso de guerra exterior, y el estado de sitio, en caso de guerra interna, grave conmoción interior o acto terrorista, serán declarados por el Presidente de la República, con acuerdo del Congreso Nacional. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente”.
- Se aprobó la definición de que “Chile adopta para su gobierno la república democrática, con separación de poderes y régimen presidencial. La soberanía reside en el pueblo de Chile, Nación única e indivisible, y se ejerce por este a través de elecciones periódicas, plebiscitos y mecanismos de participación y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo, persona, institución o grupo puede atribuirse su ejercicio”.
- Se incorporó al texto la creación de la Agencia Nacional contra la Corrupción, que deberá “coordinar la labor de las entidades estatales con competencia en materias de probidad o integridad pública, transparencia y rendición de cuentas, y promoverá acciones de prevención en dichos ámbitos. Una ley institucional determinará la composición, organización y demás funciones y atribuciones de esta agencia”.