- Solo restan un par de votaciones y ajustes para que se termine este segundo proceso constitucional. Entre lunes y martes de esta semana el pleno del Consejo revisó las observaciones que la Comisión Experta (CE) realizó al texto. De las 210 correcciones, 32 fueron rechazadas y derivadas a una comisión mixta de consejeros y comisionados para buscar una solución a las discrepancias.
- Los principales temas en conflicto son la eliminación del pago de contribuciones para la vivienda principal; la objeción de conciencia institucional y personal; la causal de “grave amenaza terrorista” para invocar Estado de Sitio; la expulsión en el menor tiempo posible de extranjeros que ingresan por pasos no habilitados al país; la reelección de las autoridades locales y regionales en zonas distintas: y la participación equitativa de hombres y mujeres (cambiar promover por asegurar como tarea del Estado).
- La comisión mixta, que se constituyó este miércoles 18, tiene 12 integrantes que fueron propuestos por las mesas de la Comisión Experta y del Consejo Constitucional, y ratificados por sus respectivos plenos. Los seis comisionados seleccionados fueron Catalina Lagos (PS), Domingo Lovera (FA) y Verónica Undurraga (PPD), Carlos Frontaura (Republicanos), Natalia González (Ind.-UDI) y Teodoro Ribera, mientras que por el CC se eligió a Luis Silva (Republicanos), Pilar Cuevas (RN), Sebastián Figueroa (Republicanos), Alejandro Köhler (PS), María Pardo (CS) y Carlos Recondo (UDI).
- Nunca hubo chance que la correlación de fuerzas en la comisión mixta no fuera favorable para la oposición. Los expertos, al estar empatados, elegían a tres del oficialismo y tres de la derecha, mientras que en el consejo la mayoría de Republicanos y Chile Vamos le permitió repartirse los cupos en 4 para su sector y solo dos para representantes de Unidad para Chile.
- Así, la derecha se aseguró el umbral de votación de 3/5 (7 votos) en la comisión mixta, lo que le garantiza el manejo del resultado final de las propuestas de solución que se entregarán el lunes al pleno en estos temas que han sido definidos como emblemáticos para el sector.
- Tras elegir a Recondo (UDI) como presidente, el jueves y viernes la mixta se abocó al debate de cada uno de los 32 en la mesa. Un debate conocido, sin novedades, porque además las bancadas llegaron con sus prioridades y líneas rojas previamente definidas.
- Ya que en muchos de los temas a zanjar la propuesta de la Comisión Experta fue suprimir la redacción del texto final, la apuesta de Republicanos y Chile Vamos es reponerlos morigerando su redacción, con algunos ajustes que consideran concesiones a la izquierda.
- Lo que resuelva la mixta debe ser ratificado por los 3/5 del pleno del Consejo, en una sesión que a todas luces sería este lunes 23, ya que este sábado 21 la comisión pretende votar todas las propuestas de solución.
- Da exactamente igual como vote el oficialismo en estos temas, porque tanto en la mixta como en el pleno Republicanos y Chile Vamos tienen autonomía para la aprobación de nomas, tal como ha sido la tónica en todos los aspectos relevantes de la propuesta constitucional que ya está zanjada.
El mismo gallito
- La CE propuso eliminar del texto la consagración de la objeción de conciencia individual e institucional. Conscientes del nulo margen para evitar que no se incorpore y advirtiendo los riesgos de consagrarla, el oficialismo se abre a la opción de una nueva redacción donde se explicite los casos en que puede regir esta objeción. Además, se ha hablado que sea solo individual y no se incorpore el concepto institucional. La fórmula que más gusta a la derecha es dejar solo la expresión objeción de conciencia en general.
- Sobre la expulsión en el menor tiempo posible de extranjeros que ingresen al país por pasos no habilitados, la CE propuso sacar el tema del texto constitucional, lo que el pleno desechó. Mientras la derecha insistió en que no pretende “violentar la dignidad humana, violar el debido proceso, ni afectar el cumplimiento de los tratados internacionales”, sino que buscan atender una demanda ciudadana, el oficialismo puso el acento en los riesgos de exacerbación de la xenofobia, la agresividad contra personas migrantes, y del derecho a toda persona al debido proceso. Una fórmula que baraja la oposición es mantener la expulsión, pero eliminando la cuestionada frase “en el menor tiempo posible”.
- También se propuso eliminar la norma que permite el derecho a la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda. El grueso de la oposición en el consejo comulga con salvar esta medida y reponerla en la propuesta constitucional, defendieron en la mixta que no es real que beneficia solo a los sectores de mayores recursos del país, sino además a la clase media emergente, y que el impacto negativo de recaudación para el Fondo Común Municipal no es superior al 12%. El oficialismo insistió que el tema no es de rango constitucional y que representa importantes pérdidas para las arcas municipales, por lo que debe aceptarse el criterio de la CE. La derecha se inclina por que dicha liberación de pago quede restringida a criterios de edad y situación económica del contribuyente.
- En materia de educación, la discrepancia que debe zanjar la comisión mixta es que los expertos propusieron reemplazar que el Estado debe “garantizar el financiamiento por estudiante, con la finalidad de asegurar el acceso a ella para toda la población, a través de establecimientos estatales y privados”, por la frase “financiar y coordinar un sistema gratuito”.
- Otro punto que los expertos propusieron eliminar del texto fue la mención a la “grave amenaza terrorista” como causal para declarar estado de sitio. La derecha optaría por mejorar la redacción y utilizar la expresión “acto terrorista”.
- La paridad ha sido un debate permanente en el Consejo. En la norma sobre el “el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos de elección popular”, la CE propuso cambiar la palabra “promoverá” por la que la ley “asegurará”. La derecha busca un concepto intermedio que no implique una obligación.
- Reelección autoridades regionales y locales. El Consejo Constitucional definió que después del límite a la reelección sucesiva de gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales, estos podrán presentarse como candidatos en una comuna o región distinta a aquella en la que ejercía el cargo. Los expertos se inclinaron por suprimir la excepción del texto. Es posible que en este punto se acepte la recomendación de la CE para no incorporar el punto en el texto constitucional.
Lo que pasó al texto
- Salvo estos puntos que están en debate en la comisión mixta, el grueso del texto constitucional ya está definido. Las observaciones de la Comisión Experta que el pleno sí refrendó por 3/5 o más del pleno ya se incorporaron a la propuesta constitucional final.
- Se aprobó con 37 votos la sugerencia de la Comisión Experta de regresar al artículo 1° el Estado Social y Democrático de Derecho, después de los conceptos de dignidad y familia, y antes de las agrupaciones intermedios y la servicialidad. “La dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Es deber del Estado y la sociedad dar protección a las familias y propender a su fortalecimiento. El Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Las agrupaciones que libremente surjan entre las personas gozarán de la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos que no sean contrarios a la Constitución. El Estado respetará los efectos de este reconocimiento. El Estado servirá a las personas y a la sociedad y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe crear y contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Promoverá las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad, derechos e igualdad de las personas se realicen, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución reconoce”.
- Con 47 votos se aceptó reemplazar “garantizar” por “es deber” del Estado “resguardar la seguridad de la población, promover la integración armónica y solidaria de sus habitantes y su participación en la vida nacional. Es obligación fundamental del Estado y la comunidad política trabajar por la paz social. El orden constitucional supone el uso de métodos pacíficos de acción política”.
- Por unanimidad se refrendó el reemplazo del artículo 14, para que quede definitivamente así: “La Constitución reconoce el valor de los cuidados para el desarrollo de la vida en la familia y la sociedad. El Estado deberá promover la corresponsabilidad, así como crear y contribuir a crear mecanismos de apoyo y acompañamiento a cuidadores y personas bajo su cuidado. El Estado deberá promover la conciliación entre la vida familiar y laboral y la protección de la crianza y de la maternidad y de la paternidad”.
- También de forma unánime se visó el cambio de “apartar dificultades” por el deber del Estado “la remoción de obstáculos para asegurar la satisfacción de estos derechos”.
- En el capítulo III de representación política se aprobó con 50 votos sugerencia de los expertos sobre partidos políticos, que una ley “señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento para su funcionamiento ordinario y para las campañas electorales. Sus ingresos solo podrán ser de origen nacional y solo podrán recibir el financiamiento privado, proveniente de personas naturales, y público que autorice la referida ley institucional. Su contabilidad deberá ser pública”.
- En el capítulo de Las Fuerzas Armadas, se aprobó con 50 votos eliminar del texto que colaboren en tareas de seguridad e intereses territoriales, en situaciones de protección civil, en contribución al desarrollo nacional y en apoyo a la política exterior del Estado. Se dejó que sí lo hagan “en situaciones de emergencia y catástrofes nacionales, en el resguardo de las fronteras del país y en la cooperación internacional en operaciones de paz según el derecho internacional, en conformidad con la Constitución y la ley”.
- Uno de los artículos más cuestionados era la mención a la justicia militar y la comisión experta propuso eliminarlo: “Las actuaciones de los militares, ya sea en acto de servicio militar o en cumplimiento de sus funciones, serán conocidos por la jurisdicción militar”. Con 45 votos el pleno aceptó suprimir el punto del texto final.
- También se aceptó unánimemente que cambiar que las FFAA estén “supervisadas” a que sean “fiscalizadas” por la Contraloría General.
- Se aprobó por 49 votos que la Contraloría sí “fiscalizará a los privados respecto del uso de fondos públicos, en los casos y formas que determine la ley institucional”.
- Por los mismos votos se visó la observación de los expertos para que el Banco Central pueda considerar “también los efectos de la política monetaria en la actividad económica y el empleo” y que “en situaciones excepcionales y transitorias, en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, mediante acuerdo fundado adoptado con el voto favorable de al menos cuatro consejeros, podrá comprar durante un período determinado y vender, en el mercado secundario abierto, instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, de conformidad a lo establecido en la ley institucional”.
- En el capítulo sobre procedimiento de cambio constitucional, la comisión experta propuso suprimir el artículo 218 que establecía un complejo mecanismo de reemplazo de la Constitución, un verdadero candado: podía iniciarse a propuesta del Presidente de la República con el acuerdo de los 2/3 de ambas cámaras del Congreso; había que previamente definir las bases institucionales y fundamentales que debe contener la nueva propuesta constitucional, además, una Comisión Técnica debía elaborar un anteproyecto que requería ser refrendado por 2/3 de la Cámara de Diputados y del Senado. Si es que era aprobado ese texto, debía guardarse para que ser votado nuevamente por 2/3 de la nueva Cámara de Diputados y la renovación parcial del Senado, y solo ahí el Mandatario podía convocar a un plebiscito nacional para ser refrendado. El pleno acogió por 47 la propuesta de los expertos y lo eliminó.
- Ya en las disposiciones transitorias, uno de los puntos clave era la paridad transitoria de salida. El tema fue repuesto por la comisión experta y con 47 votos se refrendó que un mecanismo corregirá la distribución y asignación preliminar de escaños, en elecciones de diputados y senadores, cuando algún sexo supere el 60% de los electos, el que operará “primero respecto de los candidatos del sexo sobrerrepresentado que hubieren recibido la menor votación en el pacto electoral o lista menos votada. La ley procurará evitar la reasignación desde los candidatos que hubieren resultado preliminarmente electos en las listas o pactos electorales con mayor votación”. Se aplicará en las dos elecciones parlamentarias siguientes.
