Quinta acusación constitucional en la administración Boric: ahora republicanos alinea a la derecha contra Giorgio Jackson

Será ingresada el lunes 14 de agosto, pero como la próxima semana es distrital, recién en la sesión de sala del 21 de agosto se sortearán los cinco diputados y diputadas que deberán integrar la comisión revisora del texto acusatorio. RN y la UDI afirman que si el Presidente hace un cambio de gabinete, la acción quedaría desechada o perdería respaldos

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En el contexto del “Caso Convenios”, la bancada de diputados de Republicano confirmó la tarde del martes 8 de agosto que presentarán una acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por “haber comprometido gravemente el honor de la nación, por infringir la Constitución y las leyes, y por haber dejado las leyes sin ejecución”.

Después que estalló el escándalo de la Fundación “Democracia Viva”, ligada a los RD, Daniel Andrade y el ahora ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, expareja y ex jefe de gabinete, respectivamente, de la diputada RD, Catalina Pérez, el Partido Republicano puso el foco en el ministro de Desarrollo Social. De hecho, desde principios de julio que venía anunciando la posibilidad de acusarlo constitucionalmente, dada la condición de fundador de RD que tiene Jackson.

La decisión final se tomó el mismo martes 8, con la asesoría directa de Cristián Valenzuela, abogado y brazo derecho de José Antonio Kast.

En la derecha afirmaron que uno de los temas claves fue la información sobre la decisión del Consejo de Auditoría del Estado -dependiente de la Segpres- de instruir cambios en el reporte de transferencias. Eso ocurrió en junio de 2022, cuando Jackson lideraba dicho ministerio. También contribuyó la flexibilización de glosas para permitir una mayor facilidad de transferencias que realizó la Dirección de Presupuestos, encabezada por Javiera Martínez (RD).

Esta es la segunda acusación constitucional de Republicanos contra Jackson, la primera fue rechazada por la sala de la Cámara de Diputados el 19 de enero. Desde que se instaló el gobierno del Presidente, Gabriel Boric, en marzo de 2022, la derecha ha impulsado sin éxito cinco acusaciones contra distintos ministros.

Acompañado por un nutrido grupo de parlamentarios, el jefe de bancada de Republicanos, Benjamín Moreno, formalizó la decisión en un punto de prensa: “Hemos llegado a la conclusión de que existe el mérito suficiente”, sentenció. Acto seguido, sus pares de la UDI, Guillermo Ramírez, y de RN, Frank Sauerbaum, le dieron piso al libelo, anunciaron su respaldo y colaboración en la redacción del texto.

“Durante la semana le hemos pedido al Presidente Boric que asuma la responsabilidad política que le cabe a este gobierno por estos hechos. Y se ha negado a hacerlo (…). La UDI va a apoyar con fuerza este libelo”, sentenció Ramírez. En tanto, Sauerbaum agregó que RN va “a firmar esta acusación constitucional con nuestro apoyo jurídico primero, para poder dilucidar si efectivamente existe una responsabilidad (…) vamos a prestar apoyo en esta iniciativa y vamos a votar a favor”.

Si bien en un inicio Evópoli tomó cierta distancia del tema, con el correr de las horas también se alineó, lo que confirmaron a través de su cuenta oficial de Twitter:

“Nuestro partido adhiere a la Acusación Constitucional al ministro Giorgio Jackson. Hace días venimos haciendo presente la actitud inaceptable del Gobierno. No hay espacio para nada más que exigir responsabilidades ante hechos que lesionan tan gravemente la fe pública”.

Plazos

La acusación será ingresada el lunes 14 de agosto, pero como la próxima semana es distrital, recién en la sesión de sala del 21 de agosto se sortearán los cinco diputados y diputadas que deberán integrar la comisión revisora del texto acusatorio.

En un plazo máximo de 24 horas, dicha comisión tiene que constituirse, elegir un presidente y definir su cronograma de trabajo. Desde el momento que se notifica al ministro de Desarrollo Social, lo que debería ocurrir ese mismo día, empieza a correr el plazo de 10 días para que Jackson haga llegar su defensa, y desde ese instante, hay otros seis días para que la comisión entregue su informe a la sala.

Estos plazos son contados como días corridos de lunes a sábado. Al día siguiente que la comisión evacue su informe, la sala de la Cámara de Diputados debe reunirse en una sesión especial y hasta total despacho para pronunciarse sobre la acusación.

Todos los cálculos apuntan a que se estaría votando muy cerca del aniversario 50 del Golpe de Estado, pocos días antes o después del 11 de septiembre.

Quorum

Con el desafuero que dictó la Corte Suprema a la diputada de RN, María Luisa Cordero, el quorum que requiere la acusación en la sala de la Cámara para ser aprobada es de 77 votos. Ni la derecha ni el oficialismo, por sí solos, tienen los escaños suficientes para asegurar un resultado, ya sea su rechazo o que avance y pase al Senado.  

Las bancadas oficialistas suman 68 votos, mientras que Republicanos más Chile Vamos -Partido Social Cristiano, Avancemos Chile (ex PDG) y el ex republicano, Gonzalo de la Carrera- cuenta con 66. En ese escenario, los votos de centro de la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente, Amarillos por Chile, Demócratas e independientes son claves para el destino del libelo y del ministro Jackson.

Los parlamentarios de centro no fijaron posición, recalcaron que van a estudiar la acusación en su mérito, aunque más de uno cuestionó la gestión del ministro de Desarrollo Social y su permanencia en el gabinete.   

En el Congreso se ha dicho que en RN están dispuestos a retirar su apoyo a la acusación, si el ministro Jackson sale del Gobierno antes que se vote en la sala. La UDI dio la misma señal este miércoles, recalcando que si el Presidente hace un cambio de gabinete y saca a Jackson es altamente probable que la acusación no se presente.

Si la acusación es aprobada por la Cámara de Diputados, pasa al Senado y de ser aprobada ahí, Giorgio Jackson quedaría inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos.

Reacciones

Obviamente nadie quedó indiferente. Por el gobierno habló la ministra vocera, Camila Vallejo, quien insistió que “esto parece ser ya una práctica premeditada y habitual, que lo que finalmente hace y genera es descuidar las verdaderas preocupaciones de nuestros compatriotas e impedir que estemos conversando de los temas que verdaderamente importan a la ciudadanía (…). La permanencia de un ministro de estado no depende de un chantaje de la oposición”.

En el Congreso, el diputado PS, Marcos Ilabaca, consideró excesiva la acusación. “Lo puedo criticar, no es mi amigo, no es una persona con la que tenga simpatía, de hecho, lo encuentro hasta pedante, altivo. Pero de ahí a decir que es el rostro de la corrupción, creo que el Partido Republicano se excede, enloda la discusión pública y trata de aprovechar una coyuntura, que es grave y debemos enfrentar”, criticó.

Por el Frente Amplio, la diputada Camila Rojas, acusó que “el solo el hecho de presentar una acusación contra el ministro Jackson es irresponsable y queda en evidencia la obsesión con el ministro, lo único que les preocupa es enlodar su trabajo, esto queda en evidencia al momento de tomar estas decisiones de carácter torpe”.

El senador, Fidel Espinoza (PS), puso el acento en que “una cosa son las responsabilidades políticas que tiene que son evidentes y otra cosa es que haya transgredido la Constitución y si queremos transformar hoy responsabilidades políticas en transgresiones a la Constitución, estamos en el peor de los mundos (…)

esta acusación constitucional no va a prosperar, va a lograr el efecto contrario, es decir, el ministro que es un fantasma caminando en La Moneda va a tener un tanque de oxígeno al lado que le va a permitir seguir manteniéndose en el Gobierno, pero dañando la imagen lamentablemente del Presidente Boric”.

El martes en la noche el propio Jackson dijo que la acusación no tiene fundamento, que va a seguir trabajando y consideró que es otro “intento de desviar el foco de atención a los proyectos, es la función que muchas veces promueven este tipo de acciones. La verdad es que a mí me encantaría que, una pizca de esa energía en las acusaciones constitucionales, se pudieran en llegar a acuerdos en las urgencias que se requieren”.

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