A fines de mayo, la comisión de Seguridad Pública del Senado, aprobó en general el proyecto y fue despachado a la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, donde actualmente se discute el voto obligatorio. El texto, que también fue aprobado en la comisión de Derechos Humanos, fue una moción de los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Isabel Allende (PS), Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC) y Alejandro Navarro (PRO), quienes se fundamentan «en un estricto enfoque de promoción y defensa de los derechos humanos (…) y la búsqueda urgente de una solución política, con sentido humanitario, a la situación en que se encuentran, desde hace más de un año, las personas, especialmente jóvenes, que han sido imputadas por supuestas delitos causados en el marco de las protestas sociales del estallido social», según se lee en el mensaje legislativo. (Boletín N°13.941-17)
El senador Latorre (RD), uno de los autores, explicó que la polémica norma, busca una salida política “en un momento constituyente, donde estamos reconstruyendo los vínculos sociales, un nuevo pacto social”. Por lo mismo, valoró que los convencionales, “puedan abordar el tema de los presos de la revuelta social y puedan opinar, solicitar al Senado que avance en la tramitación del proyecto”.
Otro de los firmantes, senador Alejandro Navarro (PRO), presidente de la comisión de Derechos Humanos, instancia que ya aprobó en general la moción, apeló a la necesidad de que la Convención Constitucional deba empezar su labor y darle estabilidad al país, “el Senado debe aprobar ahora la Ley de Indulto”, dijo.
Desde la Cámara, ya la discusión está en la mesa. El diputado Esteban Velásquez (FRVS) se declaró partidario en que los constituyentes y los legisladores puedan trabajar en conjunto. “Esta Convención va a ser un protagonista importante en la historia de nuestro país, van a redactar la nueva Constitución. Me parece que son un ente válido, para pronunciarse y en gran medida tener una relación, buscar algunos puntos comunes con el Congreso, incluso más allá de las competencias, dijo el representante de la región de Antofagasta.
Al otro lado de la vereda los legisladores del oficialismo acusan que la Convención no tiene atribuciones para solicitar la amnistía. El rechazo a la norma es total. Tanto es así, que representantes de Chile Vamos, en conjunto, realizaron una declaración en la que aseguran no existen presos políticos en el país. Los diputados Sebastián Torrealba (RN), Luciano Cruz- Coke (Evópoli) y Jorge Alessandri (UDI), en comunicado de prensa, aseguran “que han visto en carne propia la destrucción de cientos de puestos de trabajo y el más absoluto abandono psicológico de los habitantes de su distrito” (Distrito 10).
Sebastián Torrealba, diputado RN, hizo hincapié en que “me parece irresponsable que algunos convencionales pongan condiciones para iniciar este proceso. En Chile nadie está detenido por lo que piensa, sino por lo que ha hecho”, declaró.
El proyecto de indulto general fue ingresado el pasado 9 de diciembre de 2020 al Congreso. Hasta ahora, ha sido revisada por las comisiones de Derechos Humanos y Seguridad Pública, donde fue aprobada en general, tendencia que se debería mantener en la de Constitución. Una vez despachada por el Senado, será revisada por la Cámara, donde se espera el debate sea una demostración de las fuerzas políticas más que legislativo. Cabe recordar que, a fines del año pasado, cuando fue ingresado el proyecto al Congreso, el Presidente Sebastián Piñera, quién ha criticado duramente la iniciativa legislativa, advirtió que “en caso que el proyecto avance, y de ser necesario, (el gobierno) va a utilizar su facultad de veto para impedir su aprobación”.
