- Octubre fue el último mes de trabajo del Consejo y la etapa donde se consolidó un texto constitucional partisano, sectario, populista y conservador. La propuesta es más un programa de gobierno de la derecha que un pacto jurídico y social que establezca reglas del juego sólidas de convivencia nacional para las siguientes décadas.
- El 4 de octubre el pleno terminó de votar normas e indicaciones y despachó su primera propuesta completa de nueva Constitución a la Comisión Experta. Esa instancia comenzó su trabajo de revisión al día siguiente. Fueron cinco días de reuniones, subcomisiones e incluso una última mesa de negociación.
- Una fase del proceso donde se habían centrado, dentro y fuera del Consejo, altas expectativas de un posible consenso que morigerara sustancialmente el borrador del Consejo, a la luz de dos elementos: los acuerdos transversales que se lograron en la Comisión Experta para elaborar el anteproyecto, y el empate de la correlación de fuerzas políticas entre sus 24 miembros que obligaba al diálogo y el entendimiento.
- Pero eso no sucedió. Solo hubo pequeños ajustes y modificaciones, ya que nunca hubo un espacio real para hacer cambios de fondo en las normas políticas y las valóricas que definen el tenor y modelo conservador e identitario que se plasma en el texto constitucional.
EL ESPEJISMO
- Así, la Comisión Experta aprobó eliminar la liberación de pago de contribuciones; la expulsión inmediata de extranjeros; la objeción de conciencia institucional y personal; la mención a la justicia militar y la causal de “grave amenaza terrorista” para declarar el Estado de Sitio. Se repuso, además, la paridad transitoria de salida.
- Pero no hubo ningún ajuste en la consagración del derecho a la vida de quien está por nacer; tampoco las restricciones al derecho a huelga; los criterios y normas sobre derecho a la educación, salud y pensiones; ni la eximición penal a las policías por el “uso racional” de la fuerza o la conmutación de penas para reos terminales que favorecerá, principalmente, a los condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos de Punta Peuco. Tampoco se tocó la reducción de la Cámara de Diputados y el redistritaje, criticado por ser pensado a la medida de la derecha para fortalecer mayorías parlamentarias, como una réplica tácita del sistema binominal.
- Tal como lo dijo esos días el jefe de la bancada republicana, Luis silva. Se declaró “más que satisfecho”, porque “no se tocó el corazón” de la propuesta, quedó “intacta”.
- El viernes 13 los expertos terminaron su tarea, y despacharon sus observaciones al pleno. Con 14 votos justos, se aprobó regresar al artículo 1° del texto (el pleno lo había dejado en el segundo) el concepto de Estado Social y Democrático de Derecho, pero quedó después de dignidad humana, la familia como núcleo de la sociedad, y antes de la autonomía de los cuerpos intermedios, la servicialidad del Estado y remoción de obstáculos.
- Se reemplazó (17 votos) el concepto “promover” por “asegurar” el acceso igualitario de “mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres”. Se aprobó la observación del oficialismo (21 votos a favor) que eliminó la cuestionada facultad de que “los extranjeros que ingresen al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, serán expulsados en el menor tiempo posible o devueltos a su país de origen, tránsito o residencia”.
- Por 17 votos se aprobó la enmienda del oficialismo que eliminó la frase que consagraba la objeción de conciencia institucional y personal como parte del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
- También se eliminó del texto, con 24 votos, la frase que prohibía “las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado”. Fueron 16 votos – incluidos Hernán Larraín (UDI), Katherine Martorell (RN), Máximo Pavez(UDI) y Sebastián Soto (Evópoli)- lo que refrendó la enmienda para eliminar la liberación del pago de contribuciones a la primera vivienda.
- Se aprobó unánimemente (24 votos) ajustar los criterios sobre los ingresos de los partidos políticos. Se definió que solo podrán ser de origen nacional y “solo podrán recibir financiamiento privado, proveniente de personas naturales, y público que autorice la referida ley institucional”, con lo que se bloquea la opción del financiamiento desde instituciones privadas.
- Se eliminó del texto el párrafo que señalaba que “las actuaciones de los militares, ya sea en acto de servicio militar o en cumplimiento de sus funciones, serán conocidos por la jurisdicción militar. En ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenido en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares”. También por unanimidad se eliminó la referencia a una “grave amenaza terrorista” como una causal para declarar Estado de Sitio.
- Con 18 votos se sacó del texto inciso que permitía el llamado “turismo electoral”, ya que se permitía a alcaldes repostular más allá del límite electoral si se cambiaban de comuna.
- Se repuso (21 votos) la facultad de la Contraloría General para fiscalizar a los privados que utilicen fondos públicos.
- Sobre la paridad transitoria de salida, se refrendó con 20 votos una enmienda espejo de ambos sectores que agregó como norma transitoria que un “mecanismo corregirá la distribución y asignación preliminar de escaños, en elecciones de diputados y senadores, cuando algún sexo supere el 60% de los electos en los respectivos actos”.
- El pleno se reunió para votar el 16 y 17 de octubre. Las 210 observaciones de los expertos debían ser aprobadas por un quorum de 3/5 (30 votos). Un espacio donde los republicanos tenían 22 votos, la UDI otros 6, RN 4 y Evópoli con 1, mientras que el oficialismo solo 17 en total. Solo en esa ocasión las normas rechazadas hasta por quorum 2/3 (33 votos) pasaron a una Comisión Mixta.
SIN SORPRESAS
- Fueron 32 normas las que pasaron a la mixta. Las más conflictivas eran la eliminación del pago de contribuciones para la vivienda principal; la objeción de conciencia institucional y personal; la causal de “grave amenaza terrorista” para invocar Estado de Sitio; la expulsión en el menor tiempo posible de extranjeros que ingresan por pasos no habilitados al país; la reelección de las autoridades locales y regionales en zonas distintas: y la participación equitativa de hombres y mujeres (cambiar promover por asegurar como tarea del Estado).
- La comisión mixta se pensó como una última instancia posible de negociación en el proceso, pero en la práctica fue muy limitada. Estuvo integrada por seis miembros de la Comisión Experta y otros seis del Consejo, y la derecha estratégicamente se aseguró el umbral de votación de 3/5 (7 votos) en la comisión. Los expertos, al estar empatados, elegían a tres del oficialismo y tres de la derecha, mientras que en el consejo la mayoría de republicanos y Chile Vamos le permitió repartirse los cupos en 4 para su sector y solo dos para representantes de Unidad para Chile.
- La mixta se constituyó el miércoles 18 y sus 12 integrantes – propuestos por las mesas de la Comisión Experta y del Consejo Constitucional, y ratificados por sus respectivos plenos- fueron los comisionados Catalina Lagos (PS), Domingo Lovera (FA) y Verónica Undurraga (PPD), Carlos Frontaura (Republicanos), Natalia González (Ind.-UDI) y Teodoro Ribera, junto con los consejeros Luis Silva (Republicanos), Pilar Cuevas (RN), Sebastián Figueroa (Republicanos), Alejandro Köhler (PS), María Pardo (CS) y Carlos Recondo (UDI), quien fue elegido presidente de la instancia.
- Fue aquí donde se terminó de consolidar un texto maximalista, a imagen y semejanza del ideario de Republicanos y Chile Vamos. No se acogieron las observaciones de los expertos y se insistió en los temas que la derecha consideró emblemáticos.
- El lunes 23 el pleno aprobó las 32 propuestas de solución que despachó la comisión mixta, en una votación única con 32 votos a favor de republicanos y Chile Vamos, y los 17 en contra del oficialismo.
- Así, quedó incorporado definitivamente en el texto constitucional la norma que permite la exención del pago de contribuciones del “inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con su familia”. Se definió que entre en vigencia a partir de enero de 2026 con una progresividad a razón de un 20% anual y se fijaron excepciones legales como el alto avalúo fiscal de la vivienda y los ingresos del contribuyente y de su familia.
- También el articulado que señala que la ley establecerá “los casos, procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda, de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados”. Se procurará que los extranjeros cumplan su pena en su país de origen y que todos los procedimientos y medidas deban ejecutarse “con pleno respeto de la dignidad humana, los derechos y garantías fundamentales y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile”.
- Se sumó que “el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Se garantiza su ejercicio, debido respeto y protección. Este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ellas y a transmitirlas. Comprende además la objeción de conciencia, la que se ejercerá de conformidad a la ley”.
- Otros puntos refrendados fueron que la ley “asegurará el acceso equilibrado” de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular, así como su participación en los distintos ámbitos de la vida nacional; y que los gobernadores sólo podrán ser reelegidos en sus cargos sucesivamente por una vez; mientras que los CORES, los alcaldes y concejales podrán ser elegidos seguidamente hasta por dos veces en “cada comuna”. La norma habilita que después de cumplido ese límite, si se cambian de comuna o región donde ejercieron el cargo, podrán postular nuevamente. Esto es lo que se conoce como “turismo electoral” o “silla musical”.
- Sobre educación, se visó que en sus niveles básico y media son obligatorias, que el Estado debe “financiar y coordinar” un sistema gratuito para asegurar su acceso a toda la población y “garantizar el financiamiento por estudiante en establecimientos estatales y privados”.
- El ajuste que se hizo en los estados de excepción fue que “el estado de asamblea, en caso de guerra exterior, y el estado de sitio, en caso de guerra interna, grave conmoción interior o acto terrorista, serán declarados por el Presidente de la República, con acuerdo del Congreso Nacional. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente”.
- Se aprobó la definición de que “Chile adopta para su gobierno la república democrática, con separación de poderes y régimen presidencial. La soberanía reside en el pueblo de Chile, Nación única e indivisible, y se ejerce por este a través de elecciones periódicas, plebiscitos y mecanismos de participación y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo, persona, institución o grupo puede atribuirse su ejercicio”.
- Y se incorporó la creación de la Agencia Nacional contra la Corrupción, que deberá “coordinar la labor de las entidades estatales con competencia en materias de probidad o integridad pública, transparencia y rendición de cuentas, y promoverá acciones de prevención en dichos ámbitos. Una ley institucional determinará la composición, organización y demás funciones y atribuciones de esta agencia”.
EL FINAL
- Por esos días se terminaron de decantar posiciones. A pesar de las duras críticas que hizo inicialmente y que en la práctica el tenor del texto no varió sustancialmente, la alcaldesa de la UDI, Evelyn Matthei, cambió de opinión y aseguró que votará a favor en diciembre.
- También la derecha comenzó a desplegar, dentro y fuera de, Consejo, una clara estrategia de tratar de desligarse de responsabilidades por el hecho que los grandes temas en el texto solo contaron con votos de la oposición, remarcando que si no hubo acuerdos fue la intransigencia del oficialismo y la izquierda. Junto con eso, su objetivo fue desde entonces poner el foco en que la propuesta no es partisana, sino que transversal y ciudadana.
- Ya entonces en el oficialismo, en tanto, había molestia y decepción. El comisionado PC, Alexis Cortes, acusó que las recomendaciones que hizo la Comisión Experta “fueron ignoradas nuevamente” y que en la comisión mixta “la derecha reforzó sus posturas defendidas en el Consejo”. Fue ahí cuando acuñó una frase: “La Constitución es de derecha y está mal hecha”.
- Su par del FA, Domingo Lovera, que integró la mixta, afirmó que dicha instancia no funcionó porque antes que terminaran el trabajo, desde la oposición ya había campañas en redes sociales promocionando varias de las propuestas que debían debatirse: “No hubo intención de conversar, más allá del trato cordial, la derecha no tuvo disposición a conversar. Este es un texto maximalista, crea muchos órganos que no sabemos cuánto van a costar (…) es una propuesta programática, contiene un plan moral y, sobre todo, un plan político que busca constreñir al Estado, desfinanciarlo para hacer ilusorio el Estado Social y Democrático de Derecho. Lo problemático no es que sea una Constitución de derechas, sino que es mala”.
- En ese ambiente, se llegó al lunes 30 de octubre, fecha que se fijó para el último pleno de votación, donde en una votación única se debía votar la propuesta integral de nueva Constitución. Empezó pasadas las 10:30 horas y se prolongó por más de siete horas, porque todos los consejeros (50 en total) y los comisionados (24 en total) tenían derecho a seis minutos para hablar. La lista fue larga, todos se inscribieron, y hablaron los 74 participantes de este segundo proceso.
- Fueron horas de discursos de cierre que reflejaron la realidad de lo que fue, de principio a fin, este segundo proceso constitucional: palabras de buena crianza, pero una ausencia grave de entendimientos concretos, dos bloques enfrentados y cuestionamientos cruzados.
- La derecha una y otra vez hizo una defensa a ultranza el texto, hablaron de aportes, su superioridad en comparación a la Constitución actual, pusieron el acento en su tenor ciudadano y aseguraron que contribuye tanto al progreso económico como a fortalecer la seguridad del país. A tono con la estrategia comunicacional de las últimas semanas, insistieron en la necesidad de cerrar definitivamente y ahora el tema constitucional, y acusaron de intransigencia a la izquierda para explicar la falta de acuerdos políticos.
- El consejero UDI, Edmundo Eluchans: “Nosotros en Chile Vamos pretendimos ser un punto de encuentro entre las izquierdas y republicanos, hoy con un dejo de decepción digo que no pudimos lograrlo, no fuimos un puente, no obstante, la cantidad de disposiciones que fueron aprobadas por unanimidad, porque acuerdos en temas complejos donde tenemos posiciones distintas con todos, han sido pocos (…) la disposición de las izquierdas a llegar a entendimientos se dilucidó en la comisión de expertos”.
- El oficialismo habló del fracaso del proceso, de que el texto es malo, que está mal hecho, que no se redactó en base a acuerdos, sino imponiendo una mayoría circunstancial, que es una propuesta dogmática, partisana, que solo recoge una mirada política, moral y económica, la de la derecha.
- El comisionado PS, Gabriel Osorio, advirtió que “la manifestación de la voluntad soberana estará amarrada a una moral, a un modelo, a una visión de la sociedad, hecha sobre la base del miedo a lo diferente, al miedo al otro, al miedo a la diversidad, el miedo a la complejidad (…) todo queda amarrado y bien amarrado. No es una que nos una, no es una hecha con amor por el otro, por el prójimo. Nunca pensé que diría esto, porque nunca lo imaginé, pero hoy hay un texto peor que la Constitución vigente, y es que se someterá a plebiscito. Es un deber republicano señalar que no se puede aprobar un texto que sólo excluye y que asegura inestabilidad política, económica, judicial y lleno de errores y horrores. Hay cosas que, estando mal hechas, sencillamente, no se pueden arreglar”.
- Cuando llegó el momento de la votación, no hubo sorpresas en el resultado: Republicanos y Chile Vamos votó en boque a favor (33 votos) y todo el oficialismo (17 votos) lo hizo en contra. Tras eso, al borde de las 19:30 horas, la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, tocó la campanilla y dio por cerrada la sesión del pleno. Hubo aplausos y abrazos entre los consejeros de derecha. El oficialismo miró en silencio sin nada que celebrar.
- Desde ese día se comenzaron a decantar públicamente las posiciones en todos los sectores políticos. El PS, el PPD, el Frente Amplio, la DC y el expresidente Ricardo Lagos anunciaron que votarán en contra en el plebiscito de diciembre.
- Otras fuerzas como Amarillos por Chile -liderado por el diputado Andrés Jouannet (ex DC)- se alineó con Chile Vamos y Republicanos y anunció que votarán a favor del texto constitucional en diciembre. Lo mismo hizo Demócratas, liderado por los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, quienes explicaron, en un comunicado, que “el texto propuesto, en general, y conscientes de algunas imperfecciones, es un claro avance respecto a la Constitución vigente, y nos permitirá, por fin, contar con una carta fundamental gestada en democracia”.
- En esos días se generaron fisuras en la derecha. El senador republicano, José Manuel “Rojo” Edwards, y sus pares independientes RN, Juan Castro y Alejandro Kusanovic anunciaron que van a rechazar, posición a la que se sumarían parlamentarios como Gloria Naveillán y Gonzalo de la Carrera, el ex-PRI Enrique Lee, los ex-PDG Yovana Ahumada y Víctor Pino y a los integrantes del Partido Socialcristiano Francesca Muñoz, Sara Concha y Roberto Arroyo.
- La ceremonia final del 7 de noviembre fue sobria, fría y tensa. El discurso de la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, fue polémico y provocador: “Quiero ser brutalmente honesta, cuando el 4 de julio del año pasado, en este mismo salón, la Presidenta de la Convención anterior le hizo entrega de la propuesta constitucional, ni usted, Presidente, ni yo, en ese entonces una simple asesora legislativa, podríamos haber imaginado que estaríamos en este mismo lugar, asistiendo a una nueva ceremonia de entrega. Usted, estimado Presidente, porque seguramente albergaba la esperanza de que ganara el apruebo y comenzara a regir un nuevo texto constitucional; en mi caso, por una razón totalmente distinta, porque tenía la convicción de que ganaría el rechazo y la confianza de que se respetaría el cierre de la cuestión constitucional. Pero nada de ello ocurrió y hoy estamos aquí, para una nueva cita con la historia y para hacernos cargo, cada uno desde su posición, de nuestras responsabilidades”.
- Hevia aseguró que “los verdaderos chilenos, los chilenos honrados y pacíficos, anhelan con esperanza, quizás sin saberlo, que se cierre este proceso constitucional. Tienen la aspiración de que la política y los políticos dejemos de lado nuestras diferencias ideológicas y programáticas, y nos pongamos en el lugar de cada uno de los chilenos y de la necesidad urgente que tienen de poner fin a la incertidumbre política, económica y social, y comencemos a reconstruir nuestro país, rescatándolo de la grave crisis que enfrentamos”.
- Entregó el texto oficial de propuesta constitucional en manos del Presidente Boric, quien garantizó que “nuestra principal responsabilidad como Gobierno y la mía, en particular, como Presidente de la República y de todos los chilenos y chilenas es que la ciudadanía pueda expresarse con plena libertad en el plebiscito del 17 de diciembre. Ello implica generar las condiciones de un proceso electoral que sea inobjetable y expedito, como es nuestra tradición democrática de la cual estamos profundamente orgullosos. Y, a la vez, que nuestros compatriotas cuenten con la información necesaria para poder tomar una decisión seria y responsable, pensando siempre en lo mejor para nuestra patria compartida”.
- Ante el pleno, Boric precisó que “sabemos que las constituciones no solucionan los problemas inmediatos, pero debiesen dar un marco para que aquello suceda a través de la política pública. Las constituciones definen, en muchos casos, el sentido y los límites de estas políticas. Y eso es lo que justamente tendrá que ponderar cada ciudadano y ciudadana, de qué manera este texto constitucional, esta propuesta que hoy el Consejo nos presenta permitirá abordar los grandes temas de Chile, los desafíos que tenemos en materia de salud, de educación, de pensiones, de trabajo, de seguridad social, de medio ambiente, los avances en los derechos de las mujeres, el modelo de desarrollo, los recursos naturales, la institucionalidad política, el fortalecimiento de nuestra democracia, la integración de nuestra diversidad cultural, si es que este texto permite hacernos las preguntas y tiene la flexibilidad para poder hacernos unas preguntas que aún no nos hemos formulado y, sobre todo, los chilenos y chilenas deberán decidir si es que esta es una propuesta que nos une”.
- El Presidente firmó el decreto de convocatoria del plebiscito, junto a la ministra delo Interior, Carolina Tohá, y su par de la Segpres, Álvaro Elizalde. Para entonces no habían pasado ni 45 minutos de ceremonia y fue cuando Hevia desde la testera dijo: “Por haberse cumplido con el objetivo de esta última sesión, se levanta, y en conformidad de lo dispuesto por el artículo 158 inciso segundo de la Constitución Política, se declara disuelto el Consejo Constitucional”.
