Mientras los focos estaban dirigidos a la reunión de la mesa del Consejo Constitucional, liderada por Beatriz Hevia y Aldo Valle, con el Presidente de la República, Gabriel Boric, el debate en las comisiones siguió avanzando. El trabajo es contra reloj, porque el 18 de julio vence el plazo de 40 días para presentar enmiendas al anteproyecto.
Así, las cuatro comisiones -Principios, Derechos, Sistema Político y Función Jurisdiccional- sesionaron para escuchar nuevamente a los distintos expertos, que en esta etapa cumplen la tarea de aclarar dudas y responder las preguntas de los consejeros sobre los contenidos del ante proyecto.
En la de Principios, se generó un debate sobre los alcances de la definición de Estado Social y Democrático de Derecho, un adelanto de lo que será uno de los nudos de este segundo proceso constitucional.
El artículo 1 inciso 2 del ante proyecto define que Chile “se organiza en un Estado Social y Democrático de Derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.
Si bien este concepto es parte de los 12 principios básicos acordados a nivel político cuando se negoció las etapas de este segundo proceso, y que por lo tanto deben obligatoriamente estar incorporados en la propuesta de nueva Constitución, el debate de la comisión vislumbra que podría sufrir modificaciones.
Al respecto, un dato no menor es la abrumadora mayoría de la derecha en el Consejo con los 22 escaños de republicanos y los 11 de Chile Seguro, que les otorga la autonomía -tienen los 3/5- para aprobar normas más allá de los reparos o cuestionamientos del oficialismo. Dicho sector, especialmente el PR está interesado en dejar plasmada en el texto el concepto de subsidiaridad, que es parte de la esencia del modelo diseñado en la Constitución de 1980.
La consejera, Ivonne Mangelsdorff (RN), puso el tema sobre la mesa. «Yo les pregunté a los expertos, porque, así como hay una declaración expresa en el primer artículo en que se reconoce el Estado social y democrático de derecho, o sea, también es necesario que la subsidiariedad del Estado no sólo se entienda implícitamente, sino que también se diga expresamente, porque entendemos que el Estado tiene que ser el garante de la sociedad civil y que solamente el Estado actúa cuando la sociedad civil no se coloca de acuerdo», explicó.
Mangelsdorff insistió en el punto y recalcó en la comisión que «así como quedó estipulado un Estado social con derechos sociales que antes no existían, quizás es necesario que la subsidiariedad también esté de manera expresa, porque son conceptos que tienen que confluir conjuntamente, ninguno es excluyente el uno del otro. Debería quizás estar expreso en el primer capítulo y eso algo que vamos a tener que ver«.
Al respecto, el experto Carlos Frontaura (PR) fue claro: «El Estado Social y Democrático de Derecho no podría sino entenderse a la luz del principio de subsidiariedad. Sin ella, no podríamos hablar de un estado social, sino de uno de bienestar».
Algo menos categórico fue el experto, Máximo Pavez (UDI) -ex subsecretario de la Segpres del último gobierno de Sebastián Piñera- quien acotó que «el Estado Social y Democrático de Derecho es un concepto en construcción y que estamos adoptando en Chile. Lo estamos incorporando a nuestro ordenamiento jurídico conforme a nuestra tradición política, constitucional y social. No existen modelos de estados sociales puros».
El punto no pasó inadvertido en el oficialismo. El consejero Fernando Viveros (PC) recordó que en el CC «tenemos que basarnos en los bordes constitucionales (…) Avanzar hoy en intentar no respetar las bordes e insistir con el Estado subsidiario explícito efectivamente para nosotros sería uno de los argumentos para llevar esto al Comité Técnico de Admisibilidad«, para determinar ahí la implicancia jurídica.
Tras recalcar que este punto «es la línea roja», porque recordó que el corazón de esta nueva Constitución es precisamente «avanzar hacia un Estado que garantice derechos para todos y todas», Viveros dijo que un Estado subsidiario «mercantiliza los derechos sociales».
Su par de CS, Yerko Ljubetic (CS) precisó que «efectivamente sería cuestionable del punto de vista de las bases dentro de las cuáles el debate tiene que darse», aludiendo a las doce bases. En todo caso, puso paños fríos, ya que hasta ahora ningún consejero de derecha – más allá de las preguntas en comisión- lo ha planteado aún de forma explícita en el proceso. Un punto que en republicanos reconocen que están conversando, pero sin tener una decisión tomada.
El tema también fue abordado en la comisión de Derechos, por dos de los expositores: el abogado Felipe Bravo, profesor adjunto del departamento de derecho económico, comercial y tributario de la Pontificia Universidad Católica, y Felipe Schwember, abogado (PUC) y doctor en filosofía de la Universidad de Navarra.
Bravo habló de la importancia de la interacción de los derechos con el resto del texto constitucional. “Históricamente se ha entendido el Estado Social como un principio, como una norma que lo que busca es orientar la acción de aplicación de otras normas. Esto tiene efectos”, dijo a los consejeros, mientras que Schwember se refirió a la importancia, dimensión y significado del Estado Social y Democrático de Derecho.
Reunión con Boric
Por más de media hora que reunieron el Presidente Boric con Hevia y Valle en La Moneda. A la salida, la presidenta del CC recalcó que este tipo de encuentros permite “dar una señal al país de que juntos estamos trabajando en un proyecto de futuro” y que el diálogo giró en torno a la importancia de los acuerdos, de como las bancadas del CC “han podido conversar, para tomar decisiones unánimes, de poner al país por delante”.
Valle agregó que “hemos pedido el mayor apoyo para fortalecer la participación ciudadana” y que el Mandatario destacó la autonomía e independencia del consejo constitucional.
Hevia y Valle continuarán con la ronda de reuniones institucionales. Este martes lo harán con los presidentes del Senado, Juan Antonio Coloma, y de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, en Valparaíso, mientras que la próxima semana lo harán con autoridades de la Corte Suprema.
