El 22 de agosto de 1973 la Cámara de Diputados aprobó -con votos de la derecha y la DC- un acuerdo con el que hizo presente al entonces Presidente, Salvador Allende, del “grave quebrantamiento del orden constitucional del país” que, a su juicio, incurría su gobierno. 50 años exactos después, este martes se dio lectura en el hemiciclo a dicho documento, lo que desató un clima de duras recriminaciones entre los parlamentarios, tal como si el tiempo no hubiera transcurrido.
Un hecho que no fue casual ni gratuito. No solo por la cercanía con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, quedan tres semanas, sino además porque dicho documento de 1973 ha sido considerado siempre como el sustento jurídico que usaron las Fuerzas Armadas para justificar el quiebre democrático.
La idea de dar lectura a ese acuerdo fue de los partidos de derecha, que originalmente querían impulsar una nueva declaración oficial de la Corporación en la que se respaldara y ratificara el contenido del documento de 1973. Finalmente, se inclinaron por enviar una carta a la mesa de la Cámara, liderada por el DC Ricardo Cifuentes, que fue firmada por los jefes de las bancadas de la UDI, Guillermo Ramírez; de republicanos, Benjamín Moreno; el RN, Frank Sauerbaum; y de Evópoli, Francisco Undurraga.
En ella apelaron al reglamento de la Cámara de Diputados que permite leer textos en la sala, siempre que exista acuerdo de los parlamentarios presentes. Y ahí estuvo la clave, ya que esto sucedió al inicio de la sesión de este 22 de agosto, cuando muchos parlamentarios oficialistas no se encontraban aún en el hemiciclo, ya sea porque estaban en sesión de comisiones o simplemente llegaron atrasados.
Cifuentes sometió a votación la petición de la oposición a las 10:10 horas. Hubo 50 votos a favor, 42 en contra y 1 abstención de la diputada de Demócratas, Erika Olivera. La DC, esta vez, no apoyó la petición de la derecha, mientras que los 3 representantes de la CDU -ex DC- no estaban en la sala.
Automáticamente el hemiciclo se transformó en un hervidero. El oficialismo reclamó el gesto como una provocación y una legitimación del golpe militar. La tensión y las recriminaciones a gritos en la sala solo escalaron, y a pesar de que Cifuentes trató de llamar al orden y suspendió por algunos minutos la sesión para calmar los ánimos, nada sirvió.
Justo a las 10:20 horas se comenzó a leer en el hemiciclo la declaración de 1973, mientras parlamentarios del PC, el Frente Amplio y el PS mostraban pancartas con rostros de detenidos desaparecidos y gritaban “justicia, verdad, no a la impunidad”. Varios de sus pares de derecha los grababan con sus celulares, otros respondían a gritos los emplazamientos, varios pedían silencio para escuchar la lectura del texto y más de uno observaba en silencio.
“En virtud del artículo 97 N°14 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quienes suscriben la presente solicitud venimos en manifestar nuestro más absoluto respaldo jurídico y político al acuerdo adoptado el 22 de agosto de 1973 por la Cámara de Diputados de la época, la que constató un grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República durante el gobierno del ex Presidente Salvador Allende Gossens, por lo que en esta oportunidad, a exactos 50 años de aquel importante momento, solicitamos que cada uno de los petitorios que fueron suscritos puedan ser recordados y leídos de forma íntegra durante la presente sesión, los que pasamos a mencionar a continuación:
LA CÁMARA DE DIPUTADOS ACUERDA
PRIMERO. Representar a S.E. el Presidente de la República y a los señores ministros del Estado miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañaban los hechos y circunstancias referidos en los considerandos N°s 5 a 12 precedentes;
SEGUNDO. Representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las instituciones a las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases de convivencia democrática entre los chilenos;
TERCERO. Declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores Ministros en el Gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y con grave deterioro de su prestigio institucional.
CUARTO. Transmitir este acuerdo a S.E. el Presidente de la República y a los señores Ministros de Hacienda, Defensa Nacional, Obras Públicas y Transportes y Tierras y Colonización.
Dios guarde a V.E.
Luis Pareto González, presidente de la Cámara de Diputados”.
Eso es lo que se leyó este martes en la sala. El documento original de 1973 es más extenso, tiene 15 puntos previos donde se enumeran y explican las supuestas infracciones a la Constitución de 1925 que habría cometido el gobierno de Allende, que no fueron mencionados en este déjà vu que se vivió en el Congreso.
Hace 50 años, esa declaración de la Cámara de Diputados provocó una respuesta formal del Presidente Allende, dos días después, por cadena nacional, en la que no solo defendió la legalidad de su administración, sino que habló de la falta de méritos del documento, su ausencia de validez jurídica y acusó a la Corporación de querer constituirse en un poder paralelo. Pero también advirtió que el texto facilitaba “la intención sediciosa de determinados sectores” al exhortar “a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y dirección política del presidente de la República es promover el golpe de Estado”.
Cuando este martes 22 se terminó de leer el extracto de la declaración, el clima en el hemiciclo quedó polarizado. Hubo una serie de acusaciones, declaraciones y puntos de prensa, como el de los jefes de bancadas del oficialismo, Daniel Manouchehri (PS); Cristián Tapia (PPD-independientes), y Luis Cuello (PC-FREVS-Acción Humanista) en el que fustigaron a la derecha y su validación del golpe.
La mesa de la Cámara sancionó a varios parlamentarios oficialistas por las consignas que vociferaron y los carteles de detenidos desaparecidos que levantaron en la sala durante la polémica lectura, porque ambas manifestaciones están prohibidas por reglamento.
El episodio marcó la jornada. En la sesión de la tarde de la Cámara Alta el senador PS, José Miguel Insulza, pidió la palabra y precisó que no podía dejar de hacer presente su “protesta más vehemente, por la actitud miserable y provocadora con que algunos diputados leyeron esta mañana un acuerdo pasado por la Cámara de Diputados hace 50 años. Es perfectamente posible, yo lo acepto, que algunos de los diputados que en esa ocasión aprobaron este proyecto no previeran lo que iba a ocurrir en el país en las semanas siguientes. No imaginaron que con ese proyecto de acuerdo se estaba dando la legitimidad a un Golpe de Estado criminal, que culminó con la destrucción del Palacio de La Moneda, la muerte del Presidente de la República, la muerte de una cantidad muy importante de sus propios compatriotas”.
Pero a reglón seguido Insulza sentenció: “Los que lo hicieron hoy saben lo que ocurrió y, sin embargo, lo hicieron igual. Y la verdad es que creo que es grave que pocos días antes del aniversario del golpe de Estado haya quien haya quienes aún lo festejan de esa manera. Me parece inaceptable que 50 años después haya quienes en esa época ni siquiera probablemente habían nacido en esa época, se presten para realizar este tipo de maniobras miserables que lo que hacen es dividir al país y exacerbar las pasiones entre los chilenos”.
El tema continuó en la Cámara este miércoles 23.
La bancada del PC presentó un proyecto de acuerdo para condenar el documento del 22 de agosto de 1973. «La Cámara de Diputadas y Diputados condena, a 50 años del golpe cívico militar, el acuerdo de la Corporación del 22 de agosto de 1973 contra el gobierno del Presidente Salvador Allende, rechazando toda iniciativa que tienda a desestabilizar el orden constitucional y democrático de la República», reza el texto.
La iniciativa no prosperó. Fue rechazada en la sala por un estrecho margen de 62 votos en contra y 57 a favor. Si bien el oficialismo tenía los votos para llevar la propuesta a buen puerto, la ausencia de la sala de Raúl Soto (PPD), Tomás Lagomarsino (Independiente-radical), Consuelo Veloso (RD), Alexis Sepúlveda (radical) y Marcela Riquelme (Independiente-CS) la hizo fracasar.
La DC el martes no se cuadró con la derecha en su idea de dar lectura al acuerdo del 73. Sin embargo, en la sesión de hoy votó en contra de la propuesta del PC bajo el argumento que la declaración de hace 50 años -en la que dicho partido cumplió un activo rol en su redacción y aprobación- en ningún caso fue un llamado al golpe de Estado.
VEA AQUÍ DOCUMENTO COMPLETO DE LA DECLARACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 1973:
Acuerdo-de-la-Camara-de-Diputados-sobre-el-Grave-Quebrantamiento-del-Orden-Constitucional-y-Legal-de-la-RepublicaVEA AQUÍ TEXTO COMPLETO DE RESPUESTA DE SALVADOR ALLENDE EN CADENA NACIONAL EL 24 DE AGOSTO DE 1973:
RESPUESTA-SALVADOR-ALLENDE
